El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), con el apoyo de la Embajada de Suecia en Guatemala y Oxfam en Guatemala presentó un nuevo libro titulado «Renta básica universal: Más libertad, más igualdad, más empleo, más bienestar. Una propuesta para Guatemala (2019-2030)», en eventos que realizó de forma simultánea en la Ciudad de Guatemala y Quetzaltenango. El libro explica cómo la desigualdad está afectando la vida de las personas y minando las posibilidades de fortalecer las democracias y el desarrollo en el mundo y, particularmente, en Guatemala. A la luz de esta realidad, el libro propone una renta básica universal (RBU) de Q175 mensuales, acompañada de mejoras en las inversiones sociales, lo que entre 2019 y 2030 tendría la capacidad de eliminar la pobreza extrema y disminuir la desigualdad, al tiempo en que se generarían 4.7 millones de empleos y un crecimiento potencial de la economía de hasta un 50%. También se presentan escenarios para su financiamiento —incluyendo una reforma tributaria progresiva— y los principales desafíos para una efectiva gestión pública.

Al estudiar la desigualdad social en Guatemala, el libro hace referencia a la aguda desnutrición crónica que lacera a la infancia —sobre todo a la indígena y a la del área rural—; los visibles desniveles en la representación política de las mujeres en los espacios de poder privado y público; el flagelo del trabajo infantil y la ausencia de garantías laborales; las disparidades en el ingreso, la precariedad de los trabajadores y el costo inalcanzable aun de la canasta básica alimentaria; el extendido rostro de la pobreza y la pobreza extrema —que también es con mayor frecuencia un rostro de mujer, indígena y rural—; y la compleja institucionalidad del racismo que ha permeado en todos los ámbitos de la sociedad. Todo ello reforzado por una política fiscal poco legítima frente a la ciudadanía, como resultado de la forma injusta como se recauda y se privilegia a ciertos sectores económicos; por lo insuficiente del gasto público para producir bienes y servicios universales y de calidad; y por los enormes problemas de corrupción y falta de transparencia.

Para el Icefi esta realidad obliga a proponer alternativas que ayuden a mitigar la desigualdad social y sus efectos más nocivos, y a construir escenarios económicos, sociales y fiscales para sustentar un desarrollo económico sostenible e inclusivo. La RBU —entendida como una suma de dinero que el Estado asigna a cada ciudadano o residente— acompañada de mejoras en los bienes y servicios públicos, tendría impactos positivos en la sociedad guatemalteca. Con un monto mensual por persona de Q175, la RBU podría eliminar la pobreza extrema y disminuir la desigualdad.  El estudio —que debe considerarse un trabajo seminal y sujeto a la discusión y profundización posterior—, también revela que una RBU como la propuesta podría generar 4.7 millones de empleos en los próximos años (33% de la población en edad de trabajar en 2030) repartidos en todo el territorio nacional y en los sectores agrícola, financiero, industrial y comercial; aumentaría en cerca de 50% el crecimiento económico. Por otro lado, la bancarización de esta transacción promovería la formalización de los negocios interesados en proveer bienes y servicios a la población. La reducción de la desigualdad, medida por medio del índice de Gini, pasaría de 0.538 a 0.472, mejor indicador al observado en Costa Rica (0.504, 2014), pero muy lejos del registrado en Uruguay (0.379, 2014).

En cuanto a lo fiscal, la propuesta incluye mecanismos de financiamiento (con y sin reforma tributaria). El escenario con reforma tributaria se basa en la modernización del impuesto sobre la renta, eliminación de privilegios fiscales y la reducción gradual de los vectores de evasión de los impuestos sobre la renta y al valor agregado. Asimismo, se enfatiza que la implementación de una política pública como la propuesta implica la revalorización del rol del Estado como principal garante de los derechos de las personas y potenciador del desarrollo y la democracia. La política fiscal tiene el potencial de cerrar la desconexión actual entre la economía y el bienestar de los ciudadanos: con una mirada fiscal moderna y acuerdos políticos para una reforma profunda en este ámbito, el país podría contar con recursos para financiar la RBU y otros programas públicos destinados a elevar el bienestar social, allanar el camino para el cumplimiento de la Agenda de desarrollo ODS 2030, al tiempo en que se potencia la transformación productiva, el acceso a crédito y la formalización económica.

Con este documento, el Icefi reconoce que la RBU no soluciona todos los problemas que el país está urgido de enfrentar como fruto de su pasado y su presente, pero sí puede constituir —junto con la mejora en la provisión de servicios públicos— un piso de protección social mínimo pero efectivo para enfrentar la desigualdad y todos los fenómenos relacionados con esta.  Asimismo, este estudio puede ser utilizado como base para la discusión sobre alternativas de cambio, en un momento en que la mayoría de ciudadanos están en desacuerdo con el modelo político y económico actual.  Se espera que la discusión sobre una RBU en Guatemala tenga el potencial de convocar a pequeños, medianos y grandes empresarios, comerciantes, productores y cooperativistas, así como a organizaciones sociales que impulsan agendas en pos del desarrollo y la democracia. 

El evento de presentación es parte de la iniciativa Paraíso Desigual y contó con los comentarios de los señores Porfirio Muñoz Ledo, comisionado para la reforma política en Ciudad de México y Hugo Beteta, director de la sede subregional de Cepal en México, quienes compartieron sobre el proceso constitucional para incluir el derecho a un mínimo vital garantizado en la Constitución del Estado de Ciudad de México.

 Guatemala, Centroamérica, 30 de noviembre de 2017. 

Para más información, comunicarse con Juan Pablo Ozaeta al teléfono (502) 2505-6363, al celular (502) 5901-5945 o al correo electrónico juanpablo.ozaeta@icefi.org.