Icefi presenta análisis sobre la situación actual de las finanzas públicas de Nicaragua
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales presentó su primera evaluación de los resultados fiscales de 2021 y de las expectativas para 2022 para Nicaragua, con el fin de evaluar la situación que enfrenta el Gobierno de Daniel Ortega al inicio de su nueva y poco legítima gestión gubernamental. El estudio analiza las principales variables macrofiscales, así como las más recientes evaluaciones sobre transparencia fiscal.
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El documento se inicia con el reconocimiento de que luego de la crisis política de 2018, el paso de los huracanes ETA e IOTA, y los efectos colaterales de la crisis sanitaria mundial, Nicaragua presentó por primera vez en tres años un crecimiento económico en 2021 que, según las autoridades del Banco Central de Nicaragua, alcanzó 7.5% 2021. Sin embargo, el Icefi advirtió que dicho nivel de crecimiento es simplemente resultado del rebote ocasionado luego de la crisis económica y que el mismo no es sostenible en el largo plazo, por lo que a partir de 2022 el ritmo de actividad económica se reducirá hasta alcanzar el valor potencial normal del país, ubicado, según el Fondo Monetario Internacional, en torno al 3.0%, convergente con las estimaciones de organismos internacionales.
Gran parte de la recuperación económica de Nicaragua deriva de un crecimiento extraordinario, en los últimos años, de las remesas internacionales que alcanzan cerca del 15.0% del PIB. Por su parte, Cepal considera que la pobreza en Nicaragua alcanzó al 52.7% de la población en 2020, mientras que la pobreza extrema se habrá ubicado en torno al 22.8% de la población. Las investigaciones internacionales apuntan que, para 2021, cerca de la mitad de los hogares nicaragüenses reportaron disponer de menores ingresos que previo a la crisis, lo que indiscutiblemente producirá un efecto sobre la estabilidad social y la gobernabilidad en el mediano plazo.
El ascenso de Daniel Ortega a un quinto mandato presidencial de cinco años se realizó en un clima de represión en contra de la oposición política, que se manifestó en la detención de líderes sociales y candidatos de la oposición, así como en el cierre sistemático de oenegés. Por ello, la falta de reconocimiento al proceso electoral reciente, de la mayor parte de la comunidad internacional, entre ellos de Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos, presagian un período de mayor aislamiento que obligará al Gobierno a subsistir con sus propios recursos. Al margen de los importantes conflictos sociales, Nicaragua es reconocido internacionalmente como uno de los países en donde su Gobierno tuvo una participación menos activa, y en ciertos aspectos, incluso equivocada, para atender la pandemia del covid-19, cuyos datos oficiales en materia de contagiados y fallecidos, distan mucho de los reales dados a conocer por el Observatorio Ciudadano Covid-19.
En ese entorno económico, social y político, Nicaragua cerró 2021 con una carga tributaria equivalente al 17.8% del PIB, por encima del 17.2% reportado en 2020, reflejando en alguna medida tanto la recuperación económica como los efectos de las reformas a la Ley de Concertación Tributaria realizadas en 2019. Para 2022, siguiendo un antiguo patrón de opacidad, el presupuesto público no contiene cifras confiables que puedan ser de utilidad como mecanismo de rendición de cuentas y apenas son suficientes para construir un marco de acción para la función pública. Debido a que las cifras, de todas formas, serán modificadas ostensiblemente durante el año, presenta una estimación de carga tributaria de tan solo el 16.0%, muy por debajo de los valores efectivos esperados. La estimación de Icefi considera que la carga tributaria mínima oscilará en torno al 17.2%, debido al reajuste tras el rebote económico y al mantenimiento de capacidades ejecutivas mínimas de administración tributaria.
En materia de gasto, Nicaragua ha profundizado la implementación de un modelo de austeridad que persigue ajustar al Estado al uso de sus propios recursos, lo que ha alcanzado en gran parte, si no se consideran los efectos de la deuda del Banco Central de Nicaragua. De esa forma, el gasto del Gobierno Central estimado en 2021 se ubicó en torno al 19.6% del PIB, por debajo del 20.3% de 2020. El presupuesto para 2022, no presenta una estimación confiable de los gastos esperados, por lo que únicamente plantea un monto por 17.3% del PIB, muy por debajo incluso de lo observado en el período prepandemia. Icefi estima que, dada la estructura y funcionamiento del aparato público de Nicaragua, el gasto se ubicará en cerca del 19.6% del PIB en 2022.
La continua búsqueda de la sostenibilidad de la deuda ha permitido una reducción del déficit e incluso resultados presupuestarios superavitarios, como se plantea para 2022, lo que sustenta teóricamente la disminución del saldo de la deuda respecto del PIB, desde un estimado del 48.5% del PIB para 2020 al 45.1% para 2022. Bajo este entorno, se entendería que la deuda pública es sostenible en el corto plazo, sin embargo, al incluir las obligaciones del Banco Central, se observa un incremento de las obligaciones del Estado desde un 62.0% al cierre de 2021 a un estimado del 65.0% en 2022, por lo que la sostenibilidad del Sector Público Consolidado, para el mediano plazo no se garantiza con los resultados planteados. Aun así, bajo la posibilidad de que se registren mejores resultados en la recaudación, las agencias de calificación de riesgo han mantenido sus perspectivas estables.
Por otro lado, la percepción de transparencia en el manejo de los recursos públicos continuó debilitándose. Conforme el último Índice de Percepción de Corrupción, su calificación la ubica en el cuartil inferior de países más corruptos del mundo, tan solo por encima de Venezuela, en la región latinoamericana; dicha calificación permite que Transparencia Internacional califique a Nicaragua como la tercera dictadura de la región, a razón de un proceso electoral ilegítimo, violaciones a los derechos humanos y absoluta concentración de poder.
En sus reflexiones finales, el Icefi instó a las autoridades del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua al abandono de las prácticas de subestimación presupuestaria y al fortalecimiento de la rendición de cuentas, que abarca la necesaria estimación de los niveles de evasión tributaria y de gasto tributario, debido a que las prácticas actuales en materia fiscal fortalecen la percepción ciudadana de opacidad y corrupción. Asimismo, el modelo político, social y económico actual, basado en el autoritarismo, la arbitrariedad y el completo debilitamiento del Estado de derecho es insostenible, pero las consecuencias de su mantenimiento afectan el bienestar de la sociedad nicaragüense en el presente y lo afectarán en el futuro, impidiendo el cumplimiento de agendas de desarrollo y democracia y reforzando una utilización inadecuada de la política fiscal.
Guatemala, Centroamérica, 17 de febrero de 2022
