El Icefi publicó su Nota de Coyuntura 07-2020, La reiterada urgencia de una reforma fiscal integral en Costa Rica. A propósito de la negociación con el FMI, en la que analiza el «Plan para superar el impacto fiscal de la pandemia» presentado por el Gobierno de Costa Rica, que servirá de base para la negociación de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El Icefi reconoce que algunas de las medidas expuestas son necesarias y pueden abonar a la progresividad y justicia fiscal, pero resultan insuficientes para resolver los desafíos estructurales de las finanzas públicas costarricenses. El Instituto reiteró su llamado a buscar un pacto fiscal integral.

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El Icefi señala que, desde hace varios años y pese a la entrada en vigor de la Ley No. 9635 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la situación fiscal de Costa Rica era insostenible, por lo que 2020 inició con un panorama fiscal sumamente complicado, que ha empeorado como resultado de la crisis sanitaria y económica relacionada con la pandemia del Covid-19. Ante este complejo contexto fiscal, el Gobierno de Costa Rica presentó el Plan para superar el impacto fiscal de la pandemia, que servirá de base para la negociación de USD1,750.0 millones (aproximadamente 3% del PIB) con el Fondo Monetario Internacional (IMF) bajo el mecanismo de Extended Fund Facility (EFF). El Plan contiene medidas, temporales y permanentes, que modificarían los ingresos y gastos públicos, representando un ajuste fiscal de 24.02% del PIB en cuatro años. Estas medidas, además de superar el impacto fiscal de la pandemia, buscan reducir el ratio deuda/PIB a un 50.0% para 2034.

Por el lado de los ingresos, los resultados permanentes del Plan derivan del aumento del Impuesto a la propiedad de bienes inmuebles y la eliminación de ciertos gastos tributarios. El Icefi considera acertada la decisión de aumentar el impuesto a la propiedad, pues dotaría de mayor progresividad y estabilidad al sistema tributario. Respecto a la eliminación de ciertos gastos tributarios, el Icefi aplaude la intención de construir un sistema tributario más justo en Costa Rica, pero invita a evaluar la totalidad del gasto tributario y avanzar en la eliminación de  aquellos que constituyen privilegios fiscales, los que, según estimaciones del Icefi, podrían representar como mínimo 2.2% del PIB.

Otra de las medidas permanentes de ajustes en los ingresos públicos es la reducción de la evasión, a partir de reformas legales y administrativas y mejoras digitales.  A criterio del Icefi el impacto esperado de estas medidas (0.25% del PIB) representa para la Dirección General de Tributación una meta cómoda y poco ambiciosa, por lo que sugiere adecuarla a la realidad tributaria de Costa Rica. Adicionalmente, el Plan propone la adopción de un esquema de renta global para el ISR que mejoraría la equidad tributaria. El Instituto considera que esta es una medida acertada y sugiere complementarla con la adopción del principio de renta mundial que permita combatir frontalmente los flujos ilícitos de capital.

De manera temporal, la propuesta contiene la aplicación por dos años de un impuesto extraordinario sobre la renta.  El Icefi pondera la adopción de esta medida, sin embargo, atendiendo a la situación fiscal estructural del país y en consonancia con la decisión de implementar un modelo de renta global, se sugiere estudiar la posibilidad de que dicho impuesto tenga un carácter permanente. Complementariamente, la implementación de un impuesto temporal a las transferencias financieras es una buena fuente adicional de recursos y con pocos efectos distorsionadores sobre la actividad económica. En este sentido, el Icefi también sugiere una evaluación para su implementación definitiva como una herramienta para contribuir a la formalización económica.

El Instituto concuerda con la necesidad de gravar los servicios digitales transfronterizos, así como la reducción de la rigidez presupuestaria con el traslado de las cargas parafiscales de los bancos al Ministerio de Hacienda. Respecto a la devolución del IVA de la canasta básica al quintil de ingresos más bajos, el Icefi hace el llamado a que este mecanismo de compensación se implemente con mayor celeridad, considerando los impactos de la pandemia, y, además evaluar como alternativa la implementación de un ingreso básico garantizado para los grupos poblaciones más precarizados.

Por el lado del gasto, las medidas permanentes consideran que el mayor ajuste sea resultado de recortes al gasto público producidos por la aplicación de la regla fiscal. La disposición anterior es motivo de preocupación para el Instituto ya que, en una crisis como la actual, esto pudiera limitar la capacidad de actuación del Estado para la recuperación; además, y como en reiteradas ocasiones lo ha señalado el Icefi, el sistema de regla fiscal vigente es incompleto, por lo que su implementación solo se traduce en un mayor sacrificio en la producción de bienes y servicios públicos para la población, tal y como se observaba en el presupuesto aprobado para 2020.

Respecto a las medidas permanentes vinculadas al empleo público, la eliminación de anualidades y el cierre, fusión o reestructuración  de órganos desconcentrados y la medida temporal de retiro voluntario de 7,000 funcionarios, el Instituto coincide en la necesidad de modernizar el servicio civil y el aparato estatal, pero advierte que esto debe realizarse con base en estudios técnicos, en estricta observancia y respeto de los derechos adquiridos de los trabajadores y trabajadoras públicas,  y sin menoscabar la capacidad del Estado para la provisión de bienes y servicios públicos.  Respecto a la reducción del 50.0% de la deuda política, el Icefi señaló que aunque su contribución a la reducción del gasto es marginal, esta debe ser acompañada con medidas de otra índole que protejan la institucionalidad democrática representativa.

El plan contempla la venta de los siguientes activos públicos: Fábrica Nacional de Licores (Fanal), Banco Internacional de Costa Rica (BICSA) y varios terrenos del Estado. El Instituto sugiere que esta medida sea evaluada muy cuidadosamente, ya que aunque en el corto plazo pudiera generar ingresos, en el mediano y largo plazo se traduce en una menor capacidad estatal de generar recursos, por lo que se deberían explorar alternativas de reforma y modernización de dichas instituciones.

El Icefi lamenta que dentro del Plan se omitan medidas para el manejo de la deuda pública, incluyendo la urgente necesidad de su reestructuración con el fin de reducir su alto costo, así como la mejora de plazos y condiciones. Adicionalmente, el Instituto señala la ausencia de propuestas en materia de rendición de cuentas, transparencia y participación ciudadana que permitirían mejorar la moral tributaria y dotar de mayor legitimidad social a la política fiscal costarricense.

El Icefi reafirma que los problemas fiscales de Costa Rica tienen raíces estructurales anteriores al nocivo impacto de la pandemia y su solución va más allá de un posible acuerdo con el FMI.  El Icefi insiste en la necesidad de construir un pacto fiscal de carácter integral que permita al Estado contar con una política fiscal basada en la suficiencia, progresividad y justicia. El Instituto recuerda que de poco servirá mejorar el desempeño en los indicadores fiscales si se hace a costa de disminuir el goce de los derechos de la población y debilitar la gobernabilidad democrática.

Costa Rica, Centroamérica, 1 de octubre de 2020