El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) presentó su análisis desde la perspectiva técnico fiscal de las propuestas de planes de gobierno de los dos partidos políticos que están compitiendo en el balotaje de la elección presidencial del próximo domingo 11 de agosto de 2019.

Como una primera conclusión general de su análisis, el Icefi considera que ambos planes de gobierno carecen de sustento técnico fiscal sólido. Para la mayoría de propuestas, en ambos planes, no se fijan metas para evaluar su cumplimiento; no se estiman los costos fiscales que implicaría alcanzarlas, y no se identifican las fuentes de financiamiento para cubrirlos. A criterio del Instituto esta falencia se refleja en un énfasis en propuestas que implican gasto público, con descuido notorio en planes concretos para incrementar los ingresos, especialmente los tributarios, que son la principal fuente de financiamiento del gobierno guatemalteco.

El análisis del Icefi revela que los dos planes de gobierno plantean visiones ético políticas que siguen modelos de sociedad distintos. El plan de gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) se aproxima a un modelo con fuerte presencia del Estado como agente activo del bienestar y garante de la igualdad y universalidad, enfoque basado en derechos, complementado con acciones focalizadas que jerarquizan necesidades. En su concepción sobre el papel de la familia, la UNE reconoce la titularidad de derechos a las mujeres y hombres, y en el caso de las mujeres, promueve su rol de sustentadoras. Por su parte, el plan de gobierno de Vamos por una Guatemala Diferente (Vamos), apunta hacia un modelo centrado en el mercado y en un Estado subsidiario, que realiza acciones focalizadas basadas en necesidades. En su concepción de la familia, Vamos considera programas que potencian el rol tradicional de las mujeres como madres cuidadoras, y en general no les reconoce su papel sustentador dentro del mercado, invisibilizándolas como ciudadanas.

El Icefi ha concentrado su análisis en el potencial de los planes de gobierno para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030, analizando específicamente: el ODS 1, fin de la pobreza; el ODS 2, hambre cero; el ODS 3, salud y bienestar; el ODS 4, educación; el ODS 8, empleo decente; el ODS 9, industria, innovación e infraestructura; y, el ODS 11, ciudades y comunidades sostenibles. Para el cumplimiento de los ODS las propuestas de la UNE se caracterizan por el fortalecimiento de las capacidades estatales existentes, el reconocimiento de derechos en un esquema universalista, y en algunos casos la creación o ampliación de incentivos fiscales, el incremento del endeudamiento público (como la colocación de bonos del Tesoro para proyectos de infraestructura nueva, incluyendo carreteras e instalaciones portuarias).

Por su parte, las propuestas de Vamos contienen la participación del sector privado en el ámbito público, incluyendo la contratación colectiva de seguros privados, el outsourcing de servicios de salud, el leasing público para incrementar y mejorar la infraestructura educativa, entre otros. El Icefi expresa preocupación por estos esquemas de participación privada en los que se abriría el riesgo para una privatización de facto de servicios públicos, pero sobre todo, someter a la rentabilidad de un proveedor privado la garantía de derechos fundamentales como la salud y la educación. El Icefi concluye que, en el mejor de los casos, ambos planes de gobierno contienen medidas que podrían ser necesarias, pero lamentablemente resultarían insuficientes para lograr el cumplimiento pleno de los ODS y la Agenda 2030.

El Instituto también ha analizado las propuestas en ambos planes de gobierno con respecto a cuatro temas específicos o transversales: 1) educación bilingüe intercultural (EBI), en el caso de la UNE limitadas a centros en los que se hablan dos idiomas, y en el de Vamos limitadas a eliminar obstáculos a la participación de las comunidades indígenas, ambos sin reconocer que legalmente la EBI es una política nacional obligatoria; 2) inversión pública en niñez y adolescencia, en la que ambos planes incluyen propuestas, pero desvinculadas de la Agenda 2030 y sin integrarlas en un plan cuyo objetivo sea cumplir los 17 ODS para todas las niñas, niños y adolescentes; 3) poca prioridad y calidad marginal para temas ambientales, pero sobre todo insuficientes para enfrentar los desafíos que el cambio climático plantea para un país como Guatemala; 4) igualdad e inteseccionalidad, en el que la UNE se aproxima a una visión interseccional de la desigualdad y reconoce explícitamente las desigualdades de género, pero no promueve el rol cuidador de los hombres, en tanto que Vamos reconoce desigualdades por clase social, edad, discapacidad o pueblos indígenas, pero no explícitamente las de género, con lo cual ambos planes de gobierno son insuficientes para cumplir el ODS 5, igualdad de género, y el ODS 10, reducción de las desigualdades.

A criterio del Icefi el nuevo gobierno enfrentará desafíos fiscales severos para cumplir estas propuestas, resaltando que, como porcentajes del producto interno bruto, el gasto público de Guatemala es el más bajo de Centroamérica, la recaudación de impuestos muestra una caída aguda y el déficit fiscal una tendencia creciente. Por ello, al analizar las propuestas de ambos partidos para rescatar la Superintendencia de Administración Tributaria, ha encontrado que la UNE demuestra cierto conocimiento de la situación crítica de esa entidad. Vamos por su lado plantea incrementar la carga tributaria de un 9.7% estimado para 2019 a un 14% en 2023, sin reforma tributaria y solamente con medidas administrativas como la factura electrónica, una propuesta que según el criterio del Icefi es demasiado ambiciosa y técnicamente dudosa. Estos desafíos fiscales se agravan ya que ambos partidos proponen exenciones, privilegios fiscales y otros tratamientos tributarios diferenciados, una contradicción, ya que por un lado reconocen la necesidad de recaudar más, pero por otro proliferan estas propuestas que disminuyen la capacidad de recaudar impuestos. Como aspectos positivos en materia fiscal, ambos partidos incluyeron agendas para mejorar la efectividad y eficiencia del gasto público, mejoras en transparencia y continuidad de la lucha contra la corrupción, que a criterio del Icefi en general son positivas, pero deben precisarse y equiparse con elementos que permitan medir y evaluar su efectividad.

A criterio del Icefi el nuevo gobierno enfrentará desafíos fiscales severos para cumplir estas propuestas, resaltando que, como porcentajes del producto interno bruto, el gasto público de Guatemala es el más bajo de Centroamérica, la recaudación de impuestos muestra una caída aguda y el déficit fiscal una tendencia creciente. Por ello, al analizar las propuestas de ambos partidos para rescatar la Superintendencia de Administración Tributaria, ha encontrado que la UNE demuestra cierto conocimiento de la situación crítica de esa entidad. Vamos por su lado plantea incrementar la carga tributaria de un 9.7% estimado para 2019 a un 14% en 2023, sin reforma tributaria y solamente con medidas administrativas como la factura electrónica, una propuesta que según el criterio del Icefi es demasiado ambiciosa y técnicamente dudosa. Estos desafíos fiscales se agravan ya que ambos partidos proponen exenciones, privilegios fiscales y otros tratamientos tributarios diferenciados, una contradicción, ya que por un lado reconocen la necesidad de recaudar más, pero por otro proliferan estas propuestas que disminuyen la capacidad de recaudar impuestos. Como aspectos positivos en materia fiscal, ambos partidos incluyeron agendas para mejorar la efectividad y eficiencia del gasto público, mejoras en transparencia y continuidad de la lucha contra la corrupción, que a criterio del Icefi en general son positivas, pero deben precisarse y equiparse con elementos que permitan medir y evaluar su efectividad.

Con esta evaluación el Icefi tiene como objetivo revalorizar el trabajo de los partidos políticos por elaborar y someter al escrutinio ciudadano documentos formales con sus planes de gobierno, recibiéndolos como la expresión concreta de los compromisos que están asumiendo en caso resulten electos. El Instituto usará estos documentos como herramienta para auditar socialmente al nuevo gobierno y promover así un mayor cumplimiento de lo ofrecido en campaña electoral a los ciudadanos.

Guatemala, Centroamérica, 7 de agosto de 2019.