Conéctese con nosotros Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Comunicados

Icefi expresa necesidad de que los gobiernos centroamericanos refuercen las acciones que favorezcan la lucha contra la corrupción

     

En el Día Internacional Contra la Corrupción, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) reiteró el llamado a los gobiernos centroamericanos para reforzar las acciones que favorezcan resultados concretos y efectivos en la lucha contra la corrupción, cumpliendo los compromisos internacionales que han asumido.


 

Documentos adjuntos:

La conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción cada 9 de diciembre, declarado así desde 2003 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, busca que las sociedades tomen conciencia de los graves costos que continúa ocasionando la corrupción. Además, que implementar políticas efectivas para su prevención y combate es vital para proteger los derechos humanos, reducir la pobreza y la desigualdad, mantener la estabilidad y el crecimiento económico, fortalecer la seguridad, hacer frente a la delincuencia organizada, preservar el medio ambiente para las generaciones futuras, y restaurar la confianza de la ciudadanía en sus gobernantes, entre otros.

Los gobiernos de Costa Rica y Panamá deben robustecer y asegurar la sostenibilidad de las acciones que les han permitido un mejor desempeño y resultados en su lucha contra este flagelo social, como lo demuestran las mediciones y evaluaciones internacionales. Sin embargo, el mayor desafío para demostrar que existe voluntad política para enfrentar este problema recae en los gobiernos de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, ubicados constantemente en el segmento de países latinoamericanos con alta percepción de corrupción. En estos cuatro países continúan ocurriendo con más frecuencia los escándalos de corrupción, y la institucionalidad pública encargada de su prevención, detección y sanción no da muestras de estar al nivel que la población exige para que esos actos no se repitan y que las personas involucradas no queden impunes.

Algunas noticias favorables a esta lucha provienen de la emisión de sentencias condenatorias en procesos judiciales que, en su mayoría, involucran a exfuncionarios o exgobernantes, como las recientes contra el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti en Guatemala; las de la exprimera dama, Rosa Elena Bonilla de Lobo y del exdirector de la estatal Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), Marco Bográn, en Honduras; o el avance del proceso de extinción de dominio contra el expresidente Sánchez Cerén, en El Salvador. Sin embargo, en algunos países se han tomado decisiones que están amenazando la independencia judicial, no solo con irregularidades en la remoción o nombramiento de magistrados, sino también con el desarrollo de procesos administrativos o penales contra operadores y exoperadores de justicia, limitando la posibilidad de avances en la investigación de actos de corrupción de los gobernantes de turno.

A esto se agrega que en algunos de los países centroamericanos se están cerrando los espacios para el trabajo de la sociedad civil organizada, y se hostiga a los medios de comunicación independientes. Como consecuencia, se están desarrollando acciones para obstaculizar la labor de la prensa y los ejercicios ciudadanos de auditoría social destinados a evaluar el uso correcto de los recursos públicos, así como a realizar una evaluación crítica e independiente sobre el desempeño de las autoridades y de las políticas públicas. Por estas razones, el Icefi hace un llamado a los gobiernos centroamericanos para brindar respuestas efectivas a la demanda social de resultados efectivos en la lucha contra la corrupción y, específicamente, para guiar el trabajo del Estado en la lucha contra la corrupción en los próximos años. Con este propósito, recomienda:

  1. Que los Organismos Ejecutivos aseguren la sostenibilidad de las estrategias o políticas contra la corrupción en los países que ya las han emitido y en que están produciendo resultados positivos. En los países que aún no cuentan con una estrategia o política nacional, acelerar los procesos para su aprobación e implementación. Solo de esta forma podrán asegurar una labor articulada de la institucionalidad pública, y fijar objetivos precisos, concretos y medibles que permitan seguir los avances, si los hubiera.
  2. A los Organismos Legislativos, continuar actualizando los marcos legales para asegurar mecanismos idóneos de transparencia, probidad, rendición de cuentas, acceso a la información y participación ciudadana, adecuándolos a los estándares internacionales que voluntariamente han aceptado. En especial, cumplir la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y los derivados de las evaluaciones o planes de iniciativas con alcance global.
  3. A los gobiernos y a las élites políticas, revertir las medidas que están erosionando la independencia judicial y limitando las facultades para investigar y procesar penalmente a los responsables de actos de corrupción, especialmente a los gobernantes de turno. Esto implica garantías para que, al nombrar a las altas autoridades judiciales y de los sistemas de administración de justicia en su conjunto, reúnan los requisitos de idoneidad y compromiso con el combate a la corrupción, y no actúen como cómplices para apañarla, facilitar la persecución penal espuria de periodistas, fiscales y jueces que actúan en contra de la corrupción y la impunidad, ni devolver favores a quienes les han nombrado o designado.
  4. A las autoridades en general, garantizar el acceso a la información pública, incluyendo mejorar e innovar en las políticas de datos abiertos, protección de datos personales y gestión de archivos públicos. Además, facilitar la participación ciudadana, proveyendo espacios efectivos de colaboración entre la administración pública y la sociedad civil.

El Icefi reafirmó la importancia de la sociedad civil centroamericana en la prevención y la lucha contra la corrupción. Reitera la necesidad de que la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil, pese a enfrentar condiciones regresivas, no desistan y continúen exigiendo sociedades libres de corrupción.

 

Centroamérica, 9 de diciembre de 2022.

Archivos adjuntos