El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) lamenta el anuncio del Gobierno salvadoreño, a través del  Ministerio de Relaciones de Exteriores,[1] de dar por finalizado el acuerdo marco suscrito con la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) que desde 2019 permitió el funcionamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (Cicies).[2] Esta decisión reafirma la preocupación por la necesidad y conveniencia de que los Estados garanticen mecanismos permanentes que favorezcan la lucha contra la corrupción.

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A criterio del Instituto, los desacuerdos del Gobierno con la contratación de una persona en la OEA no representaban un agravio que justificase la anulación de la Cicies, considerando que fue solicitada expresamente por el presidente Nayib Bukele, y que la misma se encontraba en una fase incipiente de desarrollo después de cerca de solamente un año y medio de funcionamiento.[3] Desde mayo de 2021 el Gobierno de El Salvador cuenta con más capacidad política en la Asamblea Legislativa para mejorar el marco legal y las facultades de la Cicies, incrementando su efectividad al contribuir con el Gobierno a cumplir sus compromisos internacionales en contra la corrupción. La decisión de cancelar abruptamente la Cicies es un nuevo golpe a la lucha contra la corrupción y la impunidad, al agregarse a la destitución, sin el debido proceso, de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del Fiscal General de la República, al debilitamiento del Instituto de Acceso a la Información Pública, al tiempo en que se han aprobado leyes que brindan privilegios de impunidad, tales como la Ley para el uso de productos para tratamientos médicos en situaciones excepcionales de salud pública ocasionadas por la pandemia COVID-19.

En Centroamérica, la anulación repentina de la Cicies se suma a la pérdida de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), evidenciando que el escaso compromiso político de los gobiernos para respaldar las actividades destinadas a prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción y la impunidad es un problema de magnitud regional. También evidencia que estos mecanismos internacionales de apoyo se tornan vulnerables e insostenibles toda vez no estén garantizadas las condiciones esenciales para su funcionamiento, como la independencia económica, funcional, y en el nombramiento de sus autoridades.

Para el Icefi es muy preocupante las declaraciones de la Secretaría de la OEA, sobre las acciones del gobierno salvadoreño para utilizar a la Cicies como un mecanismo de persecución política, así como el bloqueo para la publicación de los informes de trabajo. En ese sentido, el Instituto exhorta a la OEA a poner a disposición de la ciudadanía todo el trabajo de la Cicies, incluyendo los avisos realizados a la Fiscalía General de la República (FGR).

El compromiso del Gobierno salvadoreño de buscar otro organismo internacional para conformar la Cicies, como señala en su comunicado, deberá incluir el respeto a estas condiciones esenciales de independencia, y la aprobación y vigencia de las herramientas legales y facultades necesarias para asegurar la efectividad de su trabajo. El proceso ofrecido por el Gobierno debe incluir un compromiso de la Asamblea Legislativa para analizar las propuestas de reformas legislativas que la Cicies entregó en abril de 2021,[4] para actualizar la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos (1959); el Código Penal (1998) y el Código Procesal Penal (1973); la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos (1998); la Ley de Ética Gubernamental (2011); y, la Ley Especial de Extinción de Dominio y de la Administración de los Bienes de Origen o Destinación Ilícita (2013), entre otras.

Se requiere además revisar las recomendaciones para eficientizar y transparentar los procesos de elección de funcionarios de segundo grado, promoviendo la participación de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de las instituciones de control. Con un énfasis especial, el Icefi estima indispensable que la FGR explique públicamente los resultados de las investigaciones originadas por los avisos que la Cicies le remitió sobre posibles ilícitos en entidades del Gobierno.[5]

Sólo con un ordenamiento jurídico reformado y actualizado para atender plenamente los estándares anticorrupción contenidos en las convenciones internacionales ratificadas por El Salvador, con la acción decidida y coherente de la FGR y el apoyo y respeto a su independencia por parte del Gobierno, es que un ente internacional de soporte a la lucha contra la corrupción y la impunidad como la Cicies podrá ser efectivo en El Salvador. El Gobierno de El Salvador debe asumirlo no solo como una promesa de campaña electoral, sino como la respuesta justa y legítima de una de las demandas ciudadanas más sentidas y urgentes, pendientes de atender.

San Salvador, Centroamérica, 8 de junio de 2021.