El Icefi muestra su preocupación por las modificaciones fiscales de los últimos años, pues parte de su impacto es un aumento de la regresividad del sistema tributario, menor espacio presupuestario para el gasto público social, así como una latente opacidad en la discusión sobre la utilización del patrimonio del Estado y la nueva institucionalidad fiscal.  Estos efectos negativos demeritan los logros alcanzados en términos de estabilidad macrofiscal y, en el mediano plazo, advierte, aumentarán la ingobernabilidad democrática, la desconfianza ciudadana y restringirán las posibilidades de un crecimiento económico sostenible, sostenido e incluyente.

Los cambios en la política fiscal hondureña desde 2014 han estado caracterizados por un fuerte proceso de ajuste y por cambios institucionales que determinan no solamente su efecto en la economía en su conjunto, sino también su dinámica en el mediano plazo. Entre los avances se pueden señalar la reducción del déficit fiscal, producto de una mayor recaudación tributaria y de un mejor control del gasto. Sin embargo, las decisiones tomadas por las autoridades gubernamentales relacionadas a la política fiscal generan un ambiente de preocupación e incertidumbre ya que el impacto de estas reformas respecto a la tributación y al gasto público conllevan una mayor regresividad de los impuestos y un menor espacio presupuestario para el gasto público social, lo que acentuará la desigualdad en el país.

El Icefi reitera su preocupación por la utilización de las exoneraciones fiscales como mecanismos de atracción de inversión nacional y extranjera. Las recientes disposiciones para exonerar de impuestos las alianzas públicos privadas y al sector agropecuario, así como establecer que el principal atractivo del Plan 20/20 son las exoneraciones fiscales, es una ruta equivocada para promover la competitividad económica.

En relación al peso de la deuda pública mencionada, es importante recordar que su saldo es uno de los más altos de Centroamérica, por encima del 46.2% del PIB al segundo trimestre de 2016, esperando que alcance 48.1% al final del año. Como resultado de esto, el gobierno debe destinar alrededor del 23.9% del presupuesto de egresos para su servicio (alrededor de 6.4% del PIB, en 2016). Al finalizar el presente gobierno se habrán pagado en servicio de deuda más de 100,000 millones de lempiras durante el período 2014-2017, representando un lastre importante en el presupuesto nacional, que reduce los espacios de acción gubernamental. De acuerdo con estándares internacionales, se debe advertir el peligro de insostenibilidad de la deuda pública de Honduras, por el tamaño de la deuda en términos del PIB (arriba de 40%), así como por su relación con el total de ingresos tributarios (263%, por encima del límite de 250%) y la imposibilidad de lograr un resultado primario de 2.2% del PIB que estabilice el saldo de la deuda pública.

La ejecución actual de la política fiscal también ha abierto paso a la utilización del patrimonio del Estado en asociaciones público-privadas de largo alcance en el tiempo. Concesiones de carreteras, puertos, aeropuertos, empresas y servicios públicos han aumentado en los últimos tres años. El Icefi reitera que las modalidades y condiciones de dichos contratos han sido sujetas a poco escrutinio público, asigna de forma asimétrica los riesgos y las ganancias, no habiendo constancia pública sobre estudios técnicos que sustenten dichas concesiones, por lo que la posibilidad de contingencias fiscales futuras es una preocupación de diversos sectores nacionales e internacionales. El Icefi insiste en la urgencia de una auditoría internacional independiente que revise la consistencia técnica y transparencia de dichos contratos.

En cuanto a la participación ciudadana en las decisiones de política pública, el Icefi lamenta la forma excluyente en la aprobación de leyes tan importantes como la Ley de Responsabilidad Fiscal, la creación de la nueva autoridad tributaria (SAR) y del nuevo Código Tributario. Para el Icefi, estas leyes carecen de un proceso amplio de consulta y discusión, consecuentemente los acuerdos alcanzados en su contenido reflejan arreglos parciales que dejan a muchos sectores de la sociedad sin posibilidad de expresar sus puntos de vista.

En materia de transparencia fiscal la denominada “ley de secretividad” y la utilización de fideicomisos públicos continúa mostrando las debilidades en el acceso a información y en la opacidad en el manejo de recursos públicos.

Ante este panorama, el Icefi recomienda a la sociedad hondureña, impulsar una agenda fiscal que promueva la apertura al diálogo, reglas modernas y democráticas de transparencia y rendición de cuentas del quehacer público, la búsqueda de una mayor efectividad del gasto y la inversión pública en el cumplimiento de objetivos de desarrollo económico y social, así como una revisión cuidadosa de la deuda pública actual y una estrategia racional para su utilización. Estas consideraciones pueden ayudar a construir una política fiscal más afín a los derroteros democráticos y de desarrollo que persiguen los ciudadanos hondureños.

Tegucigalpa, Honduras Centroamérica, 28 de septiembre de 2016.

Para más información, comunicarse con Diana De León diana.deleon@icefi.org o wilfredo.diaz@icefi.org o al teléfono 504 2280 2274