GT-017-2015. En respuesta a las protestas y demandas ciudadanas contra la corrupción, en junio el Congreso de la República instaló cuatro mesas de discusión para la preparación de reformas legislativas contra la corrupción, una de las cuales para reformar la Ley de Contrataciones del Estado.

Integrada por diputados, entidades de gobierno y organizaciones de la sociedad civil, incluido el Icefi, esa mesa concluyó su trabajo y hoy entregó la propuesta a la Presidencia del Congreso. Entre otras propuestas técnicas presentadas por el Icefi, la mesa aceptó ampliar las prohibiciones contenidas en el artículo 80 de la ley a fin de prohibir que los financistas de campañas electorales, los dignatarios de la nación, funcionarios y empleados públicos puedan ser contratistas o proveedores del Estado.

A criterio del Instituto esta medida, para evitar conflictos de interés, ofrecería una solución legislativa concreta e inmediata a uno de los principales problemas expuestos por la CICIG en su Informe del financiamiento de la política en Guatemala, en el cual detalló cómo los financistas de las campañas electorales se sirven de la corrupción en los contratos con el Estado para recuperar sus «inversiones» durante las campañas electorales. En la propuesta también se amplió el objeto y el ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado, de forma que alcanzaría a los fideicomisos y a toda entidad que ejecute presupuesto público, con un énfasis especial para los contratos financiados con deuda.

Se fortalecen el sistema Guatecompras y la dependencia del Ministerio de Finanzas Públicas responsable de las adquisiciones públicas, y se propone que el Instituto Nacional de Estadística ejerza rectoría en materia de precios y funja como única fuente oficial para los precios e índices necesarios para los procedimientos de adquisición pública. Se transparentan los procesos para el nombramiento de las juntas responsables de la adjudicación de licitaciones, cotizaciones y contratos abiertos, estableciendo que sus integrantes deben ser servidores públicos que satisfagan criterios de idoneidad y responsabilidad, relevantes a los negocios con el Estado.

Se propone eliminar la presentación de ofertas en papel, por décadas vulnerables a alteraciones y otras anomalías, y se les sustituye por ofertas electrónicas obligatorias en todas las modalidades de adquisición pública. Se eliminan varias de las adquisiciones por excepción, las cuales han sido el blanco de la corrupción, y se crean modalidades específicas para los casos en que la licitación, cotización o el contrato abierto no sean aplicables. Se crea la nueva modalidad de Subasta Electrónica Inversa (una subasta en la que los oferentes pujan reduciendo el precio hasta alcanzar el más bajo posible), y se plantean mejoras para los procedimientos del contrato abierto.

Se propone crear el Registro General de Adquisiciones del Estado, el cual contribuiría a erradicar las anomalías de los registros de precalificados actuales. En cuanto a sanciones, se define y sanciona el pacto colusorio y se aclara la redacción para anomalías como el fraccionamiento, una práctica para evadir los procedimientos públicos competitivos de la cotización y la licitación. Los artículos transitorios reconocen que las debilidades actuales en las instituciones responsables del cumplimiento y aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado, obligan a establecer plazos suficientes para que se desarrollen las capacidades necesarias. El Icefi considera que esta reforma solo tendrá éxito si el Congreso la aprueba sin mutilar a su contenido, y se complementa con reformas a otras leyes como la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, o el fortalecimiento de entidades clave como el Instituto Nacional de Estadística.

El Icefi saluda el trabajo de la mesa, la cual fue inclusiva y transparente en sus procedimientos. Recalca en la necesidad de una reforma profunda y una ley completamente nueva, pero valora la propuesta como un avance valioso que espera el Pleno del Congreso no solo conozca, sino que la apruebe con rapidez y sin mutilar su contenido.  

Guatemala, Centroamérica, 11 de agosto de 2015.