El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) considera positiva la aprobación del presupuesto para 2017, ahora formalmente identificado como el Decreto del Congreso de la República número 50-2016. El Instituto considera que constituye un paso en la dirección correcta para estabilizar las finanzas públicas.

Con relación a la fase final, específicamente la sesión en la que el Congreso de la República realizó la Aprobación por Artículos y Redacción Final, el Icefi ve con alivio que se hayan rechazado 16 enmiendas que buscaban alterar significativamente el contenido del dictamen favorable que había emitido la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda (CFPM). Las enmiendas rechazadas proponían medidas como la remoción de controles de transparencia fiscal y sobre la nómina de trabajadores (controles sobre el renglón presupuestario 18), asignaciones para beneficiar empresas particulares vinculadas a diputados, asignaciones a oenegés cuestionadas, pagos por la denominada «deuda flotante» ilegal contraídas por ministerios como el de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, o el de Gobernación, entre otras. Por otro lado, el Instituto detalla que el Pleno del Congreso aprobó 8 enmiendas, que en resumen contienen:

• Corrección de errores mecanográficos del dictamen y traslado de Q 10 millones del programa de Deporte no Federado y a la Recreación, a favor de la creación de un programa para la reparación, remoción y mantenimiento del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Esta enmienda fue discutida en sesión abierta de la CFPM, durante la mañana de ayer.
• Una ampliación del techo presupuestario en Q 320 millones, de los cuales Q 300 millones quedaron destinados al Instituto Nacional de Electrificación (Inde) para financiar la tarifa social y Q 20 millones para el Ministerio de Trabajo, para apoyar y supervisar centros de atención para adultos mayores. Con esta ampliación, el techo presupuestario pasó de Q 76,989 millones en el dictamen de la CFPM a Q 77,309 millones en el presupuesto aprobado. Esta enmienda también fue discutida en sesión abierta de la CFPM, durante la mañana de ayer. El Icefi considera justificado asegurar la fuente de financiamiento para la tarifa social de electricidad, y considera que la asignación para el Ministerio de Trabajo mejora las asignaciones directas a fundaciones y organizaciones dedicadas a la atención de adultos mayores, cuestionadas por falta de transparencia o por anteponer intereses político partidarios.
• Asignaciones especiales por Q 578.3 millones: Q 9.5 millones la Asociación Grupo Guatemalteco de Mujeres y Q 11 millones para el Programa Prevención de la Violencia y Organización Comunitaria, ambas con cargo al presupuesto del Ministerio de Gobernación; Q 511.8 millones para varias oenegés, con cargo al presupuesto del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social; Q 10 millones para programas para mejorar la competitividad del empleo juvenil en idioma inglés, con cargo al presupuesto del Ministerio de Economía; con cargo al presupuesto del Instituto Nacional de Estadística, Q 12.5 millones para el censo de infraestructura en salud y Q 12.5 millones para el censo de infraestructura en educación; y, Q 11 millones para el Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito, con cargo a las Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro (OEACT). El Icefi subraya que esta enmienda no fue discutida durante las audiencias públicas ni en la mesa técnica de la CFPM, por lo que su gestión fue opaca y ajena a criterios técnicos.
• Readecuaciones por Q 90 millones: Q 10 millones para la Unidad de Construcción de Edificios del Estado y Q 30 millones para gastos de funcionamiento del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda; Q 10 para el Registro de Información Catastral y Q 20 millones para la Asociación de Bomberos Municipales Departamentales, con cargo al presupuesto de las OEACT; y Q 20 millones para apoyar el programa del adulto mayor, con cargo al presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social. Al igual que en el caso de la enmienda anterior, el Icefi explica que estas readecuaciones no fueron discutidas en las audiencias públicas o en la mesa técnica de la CFPM, por lo que su gestión fue también opaca y ajena a criterios técnicos.
• La inclusión de Q 2.5 millones para la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, como contrapartida para un convenio con la Unión Europea.
• Restricción a la modificación de las asignaciones del Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, sólo en casos de estados de excepción regulados en la Ley de Orden Público.
• Restricciones para los contratos vinculados al caso Cooptación del Estado y con la entidad brasileña Oderbrecht, en el sentido que sólo podrán recibir fondos para retomar y finalizar las obras con procesos nuevos, transparentes y competitivos.
• Restricción para la suscripción de convenios para proyectos de la cadena agroproductiva, científica o conservacionista, indicando que dichos convenios sólo pueden suscribirse cuando se ejecuten directamente por las entidades beneficiarias.

Aunque la mayoría de estas enmiendas son justificadas y atienden criterios técnicos, el Icefi expresa preocupación por las asignaciones especiales y las readecuaciones que fueron propuestas de forma opaca y a puerta cerrada. Adicionalmente, dentro de las normas que regularán la inversión pública en infraestructura en 2017, el Icefi destaca la contenida en el artículo 48, la cual fortalece las facultades de los alcaldes municipales para la ejecución de obras de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede), desplazando a los gobernadores departamentales. Si bien es cierto el Icefi concuerda que los Codede han sido identificados como focos preocupantes de corrupción y opacidad fiscal, el traslado de facultades de los gobernadores a los alcaldes abre oportunidades para la transparencia y eficiencia, pero también riesgos, ya que las alcaldías también enfrentan señalamientos por opacidad, como por ejemplo, violaciones sistemáticas a la Ley de Acceso a la Información Pública. Sobre este punto, el Instituto considera imperativo redoblar los esfuerzos de control y supervisión, especialmente de la Contraloría General de Cuentas.

Pero sobre todo, el Icefi considera que a partir de enero de 2017 la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil deben sumarse a ejercicios de auditoría social para supervisar y controlar la ejecución del presupuesto aprobado. A criterio del Instituto, sólo de esta forma la ciudadanía guatemalteca podrá gradualmente vincular los impuestos que paga con los beneficios de un gasto público transparente y efectivo.

El Icefi reitera que esta participación de la ciudadanía es fundamental para reconocer que el Congreso hizo un esfuerzo importante por contener asignaciones de gasto cuestionables y fortalecer los controles de transparencia fiscal, un aporte para el esfuerzo para contener la corrupción. Sin embargo, por otro lado es imperativo elevar el nivel, la calidad, la eficiencia, la eficacia y la transparencia del gasto público, para que la política fiscal de Guatemala vaya acercándose a cerrar las grandes y añejas brechas sociales.

En resumen, el Icefi llama a ejercer control y auditoría social del presupuesto aprobado para 2017, como un paso previo a retomar un diálogo para procurar una política fiscal que mejore en todos sus componentes: transparencia fiscal, gasto público, deuda pública y sostenibilidad fiscal, e incremento de la carga tributaria.