El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) rechaza la aprobación de la iniciativa de ley número de registro 5246, que propone una Ley de Simplificación, Actualización e Incorporación Tributaria, dictaminada favorablemente por la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda (CFPM) y aprobada en primera lectura por el Pleno del Congreso de la República.

El Icefi reconoce que son convenientes y necesarios los mecanismos que estimulen y faciliten la regularización de la situación tributaria del sector agropecuario, y en general de cualquier sector que opere en la informalidad o ilegalidad. Sin embargo, reitera que este objetivo no justifica la adopción de medidas y políticas injustas o ilegítimas, y muy especialmente considera como inaceptables aquellas disposiciones legales que promuevan la impunidad fiscal y constituyan desventajas para los contribuyentes honestos y cumplidos.

El Icefi recuerda que el dictamen favorable de la CFPM a la iniciativa 5246 discute algunas medidas que podrían resultar efectivas en la formalización y regularización de contribuyentes, como el aprovechamiento del régimen de pequeño contribuyente y las ventajas y facilidades que otorgan los artículos 40 y 91 del Código Tributario, todo en normas ya vigentes. Sin embargo, dicho dictamen carece de la opinión expresa de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y del propio Ministerio de Finanzas Públicas, por lo que no ahonda en el análisis técnico de los potenciales efectos positivos y también de los negativos que podrían devenir de la aprobación del resto de la propuesta,  que incluye una amnistía generalizada a los contribuyentes que no han cumplido con el pago de sus obligaciones; especialmente de aquellos que han utilizado mecanismos de falsificación de documentos para solicitar devolución del crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado, afectando los intereses de todos los guatemaltecos.

El Icefi considera que la mayoría de las disposiciones de la iniciativa 5246 constituyen una amnistía agresiva y excesiva, si se toma en cuenta que además del perdón de multas e intereses, considera el perdón de impuestos omitidos, y que excede el alcance de amnistías anteriores, en especial la de la Ley de Regularización Tributaria de 2013.[1] Además, esta amnistía, por la forma como está diseñada contiene medidas que estarían revirtiendo y obstaculizando las acciones que la SAT ha emprendido y que forman parte del compromiso recaudatorio para 2017, por lo que, salvo una recaudación muy elevada por la incorporación del sector agropecuario a la formalidad, puede dificultar el alcance de las metas de recaudación del presente año. El Icefi reitera que estas ventajas son muy injustas, porque afectan a los contribuyentes honestos, puntuales y cumplidos, y también a quienes ya se les ha sancionado, por lo que se produce un efecto perverso sobre la ya muy dañada moral tributaria.

El Icefi advierte sobre el riesgo de que los aspectos dañinos de esta propuesta puedan tornarse peores, si el Pleno del Congreso decide aprobar enmiendas que hagan más agresivos los privilegios y la amnistía propuestos.   Por el último el Icefi insiste en que tanto el Ministerio de Finanzas Públicas como la SAT, como representantes del Ejecutivo, deben retomar el papel técnico que caracterizó la mayor parte de sus acciones en 2016 y apartarse de la posición política y de silencio cómplice que los ha acompañado en esta instancia y que permite desde ya cuestionar el cumplimiento de sus resultados en el futuro cercano.