Conéctese con nosotros Facebook Twitter YouTube LinkedIn
Comunicados

Guatemala: Icefi recomendó al Congreso detener la aprobación de iniciativa de ley que impediría fiscalizar al Crédito Hipotecario Nacional en la ejecución de fondos Covid

     

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) expresa su preocupación por el ritmo acelerado con el que avanza el proceso de aprobación de la iniciativa de ley número de registro 6120, Ley de Respuesta y Supervisión Financiera para los Fondos COVID. A criterio del Icefi, la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda (CFPM) del Congreso de la República no agotó los estudios y análisis técnicos que requiere esta propuesta legislativa, por lo que si fuera aprobada tal como fue dictaminada,[1] se podrían generar efectos nocivos y contraproducentes.


 

Documento adjunto:

El Icefi aboga por la transparencia de la ejecución presupuestaria, y muy especialmente de los recursos públicos empleados en estados de excepción o en programas creados para atender emergencias y situaciones especiales. Dentro de esta categoría deben incluirse la ejecución del Fondo de Protección de Capitales, del Fondo de Protección del Ahorro, del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo y del Fondo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, creados en 2020 como parte de la respuesta del Estado de Guatemala para enfrentar el impacto de la pandemia del COVID-19. La administración y ejecución de estos fondos es responsabilidad del Banco Crédito Hipotecario Nacional (CHN) y, por haberse financiado con recursos públicos incluidos en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado vigente en el ejercicio fiscal 2020, debe considerarse gasto público. Por ello, de conformidad con lo que establece el artículo 232 de la Constitución Política de la República, estos fondos están sujetos al control y fiscalización de la Contraloría General de Cuentas (CGC).

A criterio del Icefi, el artículo 1 de la versión dictaminada por la CFPM de la iniciativa de ley 6120 no atiende a cabalidad este mandato constitucional, en el sentido que prácticamente estaría restringiendo las funciones de la CGC para fiscalizar la ejecución de esos fondos públicos a cargo del CHN, avalando la postura de esa entidad bancaria de que sólo debe someterse al control de la Superintendencia de Bancos (SIB). Esta renuencia del CHN a rendir cuentas y bloquear la función fiscalizadora de la CGC quedó evidenciada en el examen especial de auditoría a requerimiento de sociedad civil que aparece en el Informe de Auditoría a la Liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, Ejercicio Fiscal 2021,[2] y por el cual la CGC impuso 16 sanciones al CHN.

El Icefi advierte que el dictamen de la CFPM no sustenta con el debido rigor técnico jurídico la intención de legislar mediante un decreto del Congreso de la República que solo la SIB, y no la CGC, sea el único órgano de control facultado para fiscalizar la actuación del CHN en la administración y ejecución de los citados fondos para mitigar el impacto de la pandemia.

A criterio del Instituto, una propuesta de esta naturaleza requiere un análisis mucho más profundo, incluyendo una revisión minuciosa de la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad. Esto porque, por un lado, debe sopesarse la protección de confidencialidad que sobre la información bancaria establece el artículo 24 constitucional, así como las facultades especiales de la SIB establecidas en el artículo 133 constitucional, como el ente a cargo de la vigilancia e inspección de bancos, instituciones de crédito, empresas financieras, entidades afianzadoras y de seguros. Pero, por otro, debe tomarse muy en cuenta lo que establece el artículo 232 constitucional, en cuanto a que la CGC debe fiscalizar «los ingresos, egresos y en general de todo interés hacendario de los organismos del Estado, los municipios, entidades descentralizadas y autónomas, así como de cualquier persona que reciba fondos del Estado o que haga colectas públicas.»

Además, el Icefi advierte que avanzar en el proceso de aprobación de la iniciativa de ley 6120 tal como la dictaminó la CFPM, puede tener consecuencias muy dañinas. Excluir al CHN del control y la fiscalización de la CGC en la ejecución de programas financiados con fondos públicos sentaría un precedente muy peligroso, que daría paso a la proliferación de mecanismos de uso de recursos públicos sin sujetarse a la acción fiscalizadora del CGC. Además, alegando la protección de confidencialidad de la información bancaria que garantiza el artículo 24 constitucional, se estarían creando mecanismos de ejecución de fondos públicos que serían secretos, y por ello, en extremo fiscalmente opacos. El Icefi aboga por la transparencia plena de toda forma de ejecución presupuestaria y uso de recursos públicos.

Con fundamento en estos argumentos, el Icefi recomienda a la Instancia de Jefes de Bloque del Congreso de la República no avanzar en la aprobación de la iniciativa 6120, y devolverla a la CFPM para completar su estudio y análisis. Para el efecto, se recomienda que la CFPM solicite dictámenes y opiniones técnicas a la CGC y a la SIB, y que instale una mesa técnica abierta, transparente e inclusiva, con la participación de la academia, centros de pensamiento y otras entidades con conocimiento y capacidad de propuesta en la materia. El Icefi reitera que el principio rector en estas discusiones es asegurar la transparencia plena de toda forma de uso de recursos públicos.

Guatemala, Centroamérica, 24 de agosto de 2022.