Guatemala: Icefi rechaza el nuevo intento de reformar la Ley de Contrataciones del Estado para crear un régimen laxo de adquisiciones públicas, especial para las municipalidades
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) manifiesta preocupación y rechazo por la forma acelerada en la que la alianza oficialista está avanzando en el proceso de aprobación de la iniciativa de ley número de registro 6065, que propone reformas a la Ley de Contrataciones del Estado que, una vez más, buscan crear un régimen laxo de adquisiciones públicas especialmente dedicado a las municipalidades, que resultaría seriamente vulnerable a abusos y corrupción.
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El Icefi reitera los criterios expuestos en su comunicado publicado el 5 de octubre de 2022, especialmente en cuanto a que toda reforma a la Ley de Contrataciones del Estado (LCE) debe discutirse con rigor técnico, a detalle y profundidad. Sin embargo, la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda (CFPM) del Congreso de la República emitió dictamen favorable con modificaciones a la iniciativa de ley 6065 de manera apresurada, sin abrir espacios de discusión en los que participaran todos los sectores interesados o con capacidad de ofrecer análisis y recomendaciones.
La versión dictaminada de la iniciativa de ley 6065 propone modificar los artículos 9 y 38 de la LCE con el propósito de que las municipalidades queden obligadas a usar la modalidad de cotización pública para compras y contrataciones por montos entre Q200 mil y Q2 millones, mientras que para el resto de entidades continuarían obligadas a usar esta modalidad para montos entre Q90 mil y Q900 mil. Propone además reformar la literal a) del artículo 43, de manera que las municipalidades puedan realizar compras de baja cuantía hasta por Q75 mil, mientras que el resto de entidades hasta por Q25 mil. Finalmente, propone reformar la literal b) del artículo 43, para que las municipalidades puedan hacer compras directas por montos entre Q75 mil y Q200 mil, mientras que el resto de entidades por montos entre Q25 mil y Q90 mil.
El Icefi considera que la aprobación de estas propuestas tendría efectos perjudiciales, toda vez sus estudios y análisis sobre la corrupción en el norte de Centroamérica, muestran que las operaciones de adquisición pública son el blanco más frecuente de fraudes, y dentro de estos, destacan el abuso de mecanismos opacos, poco competitivos y poco controlados como la compra de baja cuantía o la compra directa, especialmente cuando se fraccionan compras y contrataciones con la intención de evadir los controles que aplican a las otras modalidades de adquisición pública establecidas en la LCE. Las reformas propuestas facilitarían estos abusos y dificultarían el trabajo de la Contraloría General de Cuentas para fiscalizar estas operaciones.
Como antecedente, el Icefi observa que lo que se propone en esta iniciativa de ley 6065 coincide en gran medida con el Decreto del Congreso de la República número 4-2021, el cual fue vetado por el presidente de la República, Alejandro Giammattei, en junio de 2021. Además, considera antitécnico e injustificado crear un régimen de adquisiciones públicas laxo, exclusivo para las municipalidades. Sostiene que la creación de este régimen no se justifica por los alegatos de la Asociación Nacional de Municipalidades de Guatemala (Anam), en cuanto a que muchas municipalidades tienen dificultades para cumplir con los requisitos y controles que la LCE establece para las modalidades competitivas y transparentes, como la cotización pública, la licitación pública, el contrato abierto o la subasta electrónica inversa, y que por ello piden elevar el límite de las modalidades de compra de baja cuantía y compra directa. Este argumento es contrario a la obligación de que entidades estatales adquirientes, proveedores y contratistas privados, mejoren y desarrollen capacidades para cumplir con requisitos mínimos de transparencia como la oferta electrónica, una medida importante para transparentar las adquisiciones públicas.
El Icefi recalca que las decisiones de interés y relevancia para la política fiscal, como reformar la LCE, deben fundamentarse en criterios técnicos. No deben responder a intereses políticos como el cumplimiento de promesas de campaña electoral, el cabildeo o la presión de sectores, orientándose siempre a fortalecer la transparencia fiscal, la lucha contra la corrupción y a mejorar las capacidades de las entidades del Estado.
Pese a estos riesgos, no solo la CFPM se apresuró a emitir dictamen favorable a esta iniciativa de ley, sino que, además, la mayoría oficialista en el Congreso la aprobó ayer en primer debate. De cara al año electoral 2023, estas acciones aceleradas y sin el debido análisis técnico y una discusión abierta e incluyente, alimentan la desconfianza de que propuestas como la iniciativa de ley 6065 constituyan dádivas enmarcadas en una estrategia con fines político-electorales, como una forma comprar de favores y apoyos políticos por parte de los jefes ediles.
Guatemala, Centroamérica, 17 de noviembre de 2022.
