El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) presentó su segundo boletín[1] y la actualización del observatorio trimestral de gasto público en justicia y seguridad (GPJS). [2] Estos instrumentos facilitan el seguimiento y la auditoría social del gasto que realizan las instituciones del sistema de justicia, y otras entidades que, por mandato constitucional o legal, tienen facultades y responsabilidades en materia de seguridad, transparencia o rendición de cuentas.

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• Publicación - Gasto Público en Justicia y Seguridad - Boletín 2
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El Icefi reporta que, al tercer trimestre de 2023, el presupuesto vigente para el GPJS fue Q17,979.6 millones (USD2,295.0 millones), 0.1% (Q10.3 millones) menos que el presupuesto vigente al inicio del año. Esta asignación representó 13.5% del presupuesto total de la Administración central, 2.3% del producto interno bruto (PIB) y una inversión per cápita diaria de Q2.80 para cada ciudadano. El presupuesto ejecutado al tercer trimestre de 2023 fue Q10,921.0 millones, equivalentes a 60.7% del presupuesto vigente. A criterio del Icefi, un porcentaje de ejecución bajo, toda vez corresponde al 75% del ejercicio fiscal.

Las categorías de clasificación, según la metodología empleada por el Icefi, mostraron que 54.9% del GPJS se destinó a la justicia (Q9,878.0 millones o 1.25% del PIB), 40.2% fue para servicios de seguridad (Q7,236.7 millones o 0.92% del PIB) y 4.8% se dirigió a servicios de transparencia y rendición de cuentas (Q865.0 millones o 0.11% del PIB). El 60.4% del GPJS lo tuvieron a cargo entidades descentralizadas y 39.6% la Administración central. El 97.7% de gasto en servicios de justicia correspondió a entidades descentralizadas, el 95.1% de los servicios de seguridad lo tuvo la Administración central y el 98.0% de las acciones de transparencia y rendición de cuentas fueron llevadas a cabo por entidades descentralizadas y autónomas.

Para el gasto en justicia, se analizaron 15 entidades, entre las cuales destacan el Organismo Judicial, el Ministerio Público, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, el Instituto de la Defensa Pública Penal, la Corte de Constitucionalidad y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), entre otras. El análisis del Icefi detalla los programas y actividades realizadas por cada entidad, identificando los que registran mayor y menor ejecución, así como los que tienen las modificaciones más significativas en sus techos presupuestarios. En el gasto en seguridad, se revisaron 10 entidades, de las cuales resalta el Ministerio de Gobernación, el Instituto Guatemalteco de Migración, la Secretaría de Bienestar Social y la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, entre otras. En los gastos de transparencia y rendición de cuentas se analizan 4 entidades: la Contraloría General de Cuentas, la Presidencia de la República, el Ministerio de Finanzas Públicas y la PDH.

Asimismo, el Icefi analiza el GPJS por ubicación geográfica, con alto grado de centralización de los recursos públicos, con el departamento de Guatemala concentrando 78.7% del GPJS. Sin embargo, el Icefi advierte cautela con estos datos oficiales por ubicación geográfica, toda vez algunos bienes y servicios se adquieren de manera centralizada, pero luego se entregan en varios municipios. Las instituciones encargadas de ejecutar el GPJS muchas veces no registran en los sistemas de información financiera el lugar en el que efectivamente se entregan los programas públicos. Pese a esta falencia, los datos que proporciona el Sistema de Contabilidad Integrada son útiles porque en cierta medida permiten ubicar geográficamente la unidad responsable de los programas, actividades u obras que integran el presupuesto y medir el grado de centralización y concentración de los recursos

En la clasificación por fuente de financiamiento, el Icefi reporta que 80.7% del GPJS se financió con recursos del tesoro, principalmente impuestos, en muchos casos, cumpliendo disposiciones constitucionales que establecen asignaciones específicas para entidades del sector justicia, lo que indica que la gran mayoría del GPJS es altamente sensible a las variaciones en la carga tributaria. Además, muestra que la fuente de financiamiento del GPJS con la ejecución más baja fue créditos externos, la cual ejecutó el 15.1% (Q261.3 millones) de los Q1,732.4 millones disponibles. El Boletín y el Observatorio contienen un apartado de análisis de los ingresos que se obtienen por los procesos de extinción de dominio, analizando su distribución a las entidades que por ley les corresponden, así como su uso.

En el análisis detallado por rubros de gasto, es decir, al revisar en qué se utilizan los recursos para producir los bienes y servicios públicos que garantizan la seguridad y la justicia, el Icefi reporta que 68.6% del GPJS se destinó al pago de servicios personales —sueldos y salarios—. En cuanto a la ejecución de cada rubro, resalta la ejecución baja del GPJS destinado a la construcción de infraestructura —propiedad, planta, equipo e intangibles—, donde se ejecutó el 22.5% (Q240.2 millones) de los Q1,067.4 millones disponibles.

Tanto el Boletín como el Observatorio, además de la ejecución presupuestaria de los recursos financieros, analizan la ejecución del presupuesto por resultados, es decir, examinan la ejecución al nivel de los productos y los subproductos que generan las entidades responsables de la justicia, la seguridad y la transparencia. Se revisan 187 productos y 440 subproductos, con diversas unidades de medida. Este esfuerzo permite vincular el GPJS al seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente el ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas.

El Icefi espera que el Boletín y el Observatorio del GPJS sirvan como instrumentos técnicos para el seguimiento y la auditoría social de los gastos en justicia y seguridad. El Icefi aspira a que sean recursos útiles para las personas y organizaciones, ya sea de la sociedad civil, la prensa, el sector académico, los centros de pensamiento e investigación, la cooperación internacional, el sector público, y toda persona o entidad interesada en la justicia y la seguridad.

Guatemala, Centroamérica, 8 de noviembre de 2023.