Guatemala: Icefi insta al Gobierno a acelerar la entrega de la ayuda financiada con las ampliaciones presupuestarias y actuar con más transparencia
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) considera que las ampliaciones presupuestarias aprobadas por el Congreso de la República constituyen un primer paso para enfrentar el impacto en Guatemala de la pandemia del Covid-19. Aunque el Congreso incluyó algunos rubros no prioritarios, en general lo aprobado pone a disposición del Ejecutivo recursos suficientes para intensificar las medidas sanitarias de emergencia y el apoyo a las personas para empezar a enfrentar la crisis económica.
Documentos adjuntos:
El Icefi analizó las modificaciones al presupuesto de egresos de 2020 (véase el anexo a este comunicado) y constató que, pese a estar vigente, al 6 de abril el Organismo Ejecutivo aún no ha operado la ampliación de Q3,667.5 millones aprobada en la Ley de emergencia para proteger a los guatemaltecos de los efectos causados por la pandemia del coronavirus Covid-19, Decreto del Congreso de la República No. 12-2020. A la fecha, la Ley de rescate económico a las familias por los efectos causados por el Covid-19, Decreto No. 13-2020, que aprobó una ampliación de Q11.0 millardos, y la ampliación presupuestaria de Q5,138.9 millones, aprobada en el Decreto No. 20-2020, todavía no están vigentes por encontrarse en el proceso de revisiones finales en el Congreso de la República y pendientes de la sanción por parte del Ejecutivo.
Debido a que han transcurrido ya 5 días desde el inicio de la vigencia de la ampliación aprobada por el Decreto No. 12-2020 y permanece sin operarse en el presupuesto, el Icefi hace un llamado a las autoridades de Gobierno a acelerar las formalidades para lograr la vigencia de las dos ampliaciones presupuestarias recién aprobadas y, sobre todo, las gestiones administrativas para operarlas en el presupuesto. En tanto estas modificaciones presupuestarias no se operen, el Gobierno no podrá implementar las medidas de emergencia aprobadas.
Para el Icefi, la tardanza en la implementación de las medidas de emergencia eleva significativamente el riesgo de propagación de la enfermedad, ya que dificulta que las personas acaten las medidas de asilamiento social, especialmente en el caso de los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas y quienes se desempeñan en el sector informal. Esta situación puede tornarse aún más crítica tomando en cuenta que a la fecha la enfermedad ha alcanzado la fase de contagio comunitario, con 70 casos confirmados, 15 recuperados, 52 activos y 3 fallecidos.
Para el Icefi, las prioridades deben continuar siendo la atención de la emergencia sanitaria, los esfuerzos por contener la propagación de la enfermedad y empezar cuanto antes la entrega de la asistencia económica y alimentaria a quienes más lo necesitan. Sin embargo, de manera paralela y en segundo plano, el Instituto recomienda al Gobierno, especialmente a las autoridades del Banco de Guatemala y del Ministerio de Finanzas Públicas, iniciar los estudios de los impactos económicos y fiscales de mediano y largo plazos de las medidas aprobadas, especialmente ante la expectativa de una crisis económica prolongada.
El Icefi expresó preocupación por un deterioro eventual de los indicadores de sostenibilidad y vulnerabilidad fiscal, ya que con las tres ampliaciones aprobadas al presupuesto de egresos, que suman Q20,006.8 millones, el techo presupuestario de 2020 pasaría de un monto vigente al 6 de abril de Q87,915.6 millones a Q107,721.9 millones, un incremento financiado en su totalidad con deuda pública, con lo cual, estimaciones preliminares del Icefi apuntan a un déficit fiscal en torno al 6.3% del producto interno bruto (PIB) y que el saldo de la deuda pública se incrementaría a alrededor del 30.0% del PIB, ambos indicadores con tendencia al deterioro. El Icefi recomendó al Ministerio de Finanzas Públicas publicar a la brevedad el detalle de los desembolsos de préstamos externos esperados en 2020, y que publique en su página de Internet un portal especial que informe en línea las colocaciones de bonos del Tesoro que se vayan realizando, así como los incrementos en el servicio de la deuda pública, detallando los intereses, comisiones, amortizaciones y otros pagos relacionados con las operaciones de crédito público.
El Icefi urge al Gobierno a iniciar cuanto antes un proceso de recuperación de la efectividad de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), ya que es causa de preocupación que todo el esfuerzo fiscal por atender la crisis esté siendo financiado con deuda pública. El Instituto insiste en la necesidad de rescatar la SAT de la debilidad institucional en la que se encuentra, ya que en el mediano y largo plazo el Gobierno está obligado a reemplazar el endeudamiento público de emergencia actual con fuentes sanas de financiamiento, principalmente un incremento gradual en la recaudación tributaria por medio de la reducción de los altísimos niveles de evasión y fraude fiscal. El Icefi estima que la evasión del impuesto al valor agregado es de alrededor del 37.0% de su base recaudatoria potencial (unos Q15.0 millardos), mientras que la propia SAT ha estimado que la evasión en el régimen de actividades lucrativas del impuesto sobre la renta es de alrededor del 80.0% de su base recaudatoria potencial (unos Q25.0 millardos). A criterio del Icefi, ningún plan de recuperación podrá ser fiscalmente viable si no se reducen sustancialmente estos niveles de fraude fiscal.
Finalmente, el Icefi reiteró la demanda ciudadana de transparencia y probidad en el uso de los recursos públicos durante la emergencia. El Ministerio de Finanzas Públicas debe publicar con transparencia total qué rubros de las ampliaciones presupuestarias aprobadas están efectivamente destinados a la atención de la crisis, separándolos de las obligaciones legales y salariales no vinculadas a la emergencia. Además, debe redoblar esfuerzos por depurar el presupuesto, y con ello el Icefi reitera las recomendaciones formuladas en su Nota de Coyuntura No. 03-2020, toda vez persisten asignaciones presupuestarias en el Ministerio de la Defensa para la adquisición de armas, o para el Tribunal Supremo Electoral para la realización de las elecciones de 2019, vigentes por ejecutar en 2020 el presupuesto de 2019, luego que el año pasado el Congreso no aprobó el proyecto de presupuesto.
Guatemala, Centroamérica, 6 de abril de 2020
Presupuesto de Egresos del Estado del Ejercicio Fiscal 2020
Adjunto | Tamaño |
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