El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) expresó preocupación ante la reciente aprobación y próxima vigencia de una ampliación presupuestaria destinada al Programa de Aporte Económico al Adulto Mayor, bajo la responsabilidad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab), por el riesgo de que sea utilizado de manera clientelar en el marco de la campaña electoral.

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El Programa del Aporte Económico del Adulto Mayor (PAM) es ejecutado por el Mintrab,[1] en cumplimiento del Decreto número 85-2005 y sus reformas.[2] Está dirigido principalmente a personas de sesenta y cinco o más años de edad que, tras un estudio socioeconómico, demuestren carecer de recursos económicos y encontrarse en situación de pobreza extrema. Además, deben cumplir con el requisito de no recibir ninguna pensión o jubilación de entidades del Estado o del sector privado, ni estar trabajando. La finalidad del PAM es garantizar que el Estado atienda sus necesidades básicas mínimas con un aporte económico mensual de Q500.

Durante la discusión en el Congreso de la República del presupuesto para 2023, no se conoció, discutió ni aprobó un aumento significativo para el PAM, en comparación al presupuesto de 2022. Sin embargo, entre marzo y abril de 2023, se conoció, dictaminó y aprobó de una forma extraordinariamente rápida la iniciativa de ley con número de registro 6218,[3] presentada por la actual presidenta del Congreso de la República, que finalmente se convirtió en el Decreto número 10-2023.[4] Según la información pública disponible en la página de Internet del Mintrab,[5] en 2022 ingresaron al programa un total de 46,899 adultos mayores y se alcanzó un total de 145,853 beneficiarios activos a nivel nacional al cierre del año (ver anexo 1). Según la iniciativa de ley 6218, para 2023 se proyecta un crecimiento de por lo menos 65,000 nuevos beneficiarios, justificando así la necesidad de asignar más recursos.

Mediante el Decreto número 10-2023 se amplió el presupuesto del PAM en Q339.9 millones, destinando Q330 millones para extender la cobertura del programa, y Q9.9 millones para gastos de funcionamiento. Con esta ampliación, el presupuesto vigente del PAM pasaría de Q819.6 millones a Q1,159.5 millones a partir del 15 de julio (ver anexo 2), fecha que los legisladores fijaron para la vigencia del decreto. La fuente de financiamiento para esta ampliación presupuestaria proviene del saldo de recursos de la Ley de Emergencia Nacional para la Atención de la Pandemia COVID-19 (Decreto número 11-2021),[6] la cual autorizó la readecuación de Q1,878.0 millones para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que a su vez provenía de los fondos no ejecutados de la Ley de Rescate Económico a las Familias por los efectos causados por el COVID-19 (Decreto número 13-2020). Es decir, el financiamiento de esta ampliación proviene del endeudamiento público aprobado en 2020 y 2021 para atender el impacto de la pandemia, pero que el gobierno no ejecutó.

Al 4 de mayo de 2023, el PAM ha ejecutado el 35.0% de su presupuesto y el 36.0% de sus metas físicas, lo que se traduce en un total de 572,131 aportes económicos entregados a los adultos mayores beneficiarios. Con esta ampliación presupuestaria aprobada en el Decreto 10-2023, se esperaría que el Mintrab actualice las metas físicas para identificar con mayor precisión la cantidad de nuevos beneficiarios que se incorporarán en los próximos meses.

A pesar de que el Decreto 10-2023 establece su vigencia para el 15 de julio, tres semanas después de la elección general, pero varias semanas antes del eventual balotaje, la forma acelerada y sin discusión en que fue aprobado, y en el contexto de la campaña electoral, genera preocupaciones legítimas sobre el riesgo de que el PAM y los recursos financieros asignados se malversen con fines clientelistas para obtener beneficios políticos en la actual campaña electoral. Por estas razones, el Icefi urge a la Contraloría General de Cuentas y al Tribunal Supremo Electoral para fiscalizar con énfasis y atención especial la ejecución del PAM, a fin de garantizar el cumplimiento de los marcos normativos electorales y de probidad, y evitar que las autoridades actuales aprovechen los programas sociales para la promoción política.

El Icefi destaca la relevancia de que la sociedad civil ejerza auditoría social y denuncie los casos en los que funcionarios o empleados públicos usen de manera indebida los recursos públicos, malversándolos con fines clientelares o políticos electorales. Subraya la importancia de establecer mecanismos de control y monitoreo independientes que garanticen la rendición de cuentas y la integridad en el uso de los recursos públicos, con atención especial a los programas sociales.

Guatemala, Centroamérica, 12 de mayo de 2023.

ANEXOS