El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) analizó el dictamen que la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda (CFPM) del Congreso de la República,[1] emitió para el Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022.[2] El Icefi lamenta que, al igual que en años anteriores, la CFPM desatendió la mayoría de las 34 recomendaciones presentadas por el Icefi, con el objetivo de contar con un presupuesto enfocado en lograr más bienestar social y crecimiento económico, mayor transparencia y el cierre de espacios para el despilfarro y la corrupción,[3] las cuales fueron respaldadas por varios y diversos sectores, incluyendo autoridades indígenas y ancestrales, y organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia, entre otras. En sentido contrario, la CFPM introdujo asignaciones de gasto público que empeoran las anomalías detectadas en la propuesta original presentada por el Ejecutivo, por lo que el Icefi exhorta al Pleno a eliminarlas.

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De su análisis sobre el dictamen emitido por la CFPM, el Icefi destaca:

1. En los antecedentes, consideraciones y análisis en el dictamen, la CFPM no ofrece explicaciones o justificaciones para los cambios introducidos a la propuesta original del Ejecutivo.

2. Contrario a lo que sugiere la propaganda gubernamental, el presupuesto para 2022 contempla un déficit fiscal que se financiará con un incremento en el endeudamiento público. Por un lado, tal como lo ha divulgado el propio presidente de la República, para 2022 no se gestionaron nuevas operaciones de préstamos externos, pero sí se incluye un monto voluminoso de deuda en la forma de bonos del Tesoro, que el dictamen de la CFPM establece en Q16.0 millardos, por debajo de los Q17.0 millardos originalmente propuestos por el Ejecutivo. Sin embargo, el déficit fiscal de 2022 también se financiará con Q5.9 millardos de recursos de caja, por arriba de los Q4.9 millardos originalmente propuestos por el Ejecutivo, los cuales provendrán de deuda bonificada colocada y no utilizada en 2021. A criterio del Icefi, los mensajes oficiales que sugieren una reducción en el endeudamiento público en 2022 son engañosos, toda vez la deuda bonificada que financiará gasto el próximo ejercicio fiscal, incluyendo la colocada en 2021 y en 2022, será de Q21.9 millardos. La CFPM desatendió la recomendación de que el Congreso instruya al Ejecutivo elaborar y publicar anualmente un estudio de sostenibilidad y vulnerabilidad fiscal, en el cual se transparente el impacto del endeudamiento público creciente y acelerado.

3. La CFPM elevó el techo presupuestario global en Q1,946.9 millones, los cuales se financiarán en su totalidad con una corrección al alza en la proyección de ingresos tributarios. Sin embargo, el dictamen de la CFPM ubicó estos incrementos en los rubros Otros impuestos directos y Otros impuestos indirectos, sin detallar la recaudación de qué impuestos estarían ajustándose, lo cual es fiscalmente opaco porque oculta el efecto que sobre el gasto tendría el incremento de la recaudación de impuestos con destino específico, como el de distribución de combustibles (que financia el mantenimiento de carreteras), de cemento (que financia los programas de vivienda popular), de consumo de tabaco y cigarrillos (que financia el presupuesto del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social —MSPAS—), o los destinos del IVA-Paz.

4. El dictamen de la CFPM incluye varios cambios en las asignaciones de gasto por entidad, siendo los más voluminosos: Q734.5 millones en el MSPAS, Q624.4 millones en el Ministerio de Educación (Mineduc), Q345.1 millones en las Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro (OEACT) y Q194.4millones en el Ministerio de Trabajo (Mintrab). Estos cuatro incrementos constituyen el 97.5% de las modificaciones en el dictamen de la CFPM. En el incremento al Mineduc destacan Q600.0 millones para cumplir las modificaciones al programa de alimentación escolar, aprobadas por el Decreto del Congreso de la República No. 12-2021. Sin embargo, las autoridades del Mineduc han anunciado el incremento en la duración del ciclo lectivo de 180 a 200 días, en cuyo caso este incremento podría resultar insuficiente, ya que, en caso de operarse este incremento, el Icefi estima que el costo de la implementación del Decreto No. 12-2021 podría aumentar a Q894.9 millones adicionales en 2022.

5. El dictamen de la CFPM no suprimió el seguro médico escolar privado, el cual permanece con una asignación de Q312.5 millones. El Icefi reitera su recomendación de suprimirlo, porque ha demostrado ser discriminatorio, inefectivo, oneroso y consume recursos que afectan otros resultados educativos y de salud.

6. En el incremento en el MSPAS, destacan Q578 millones para el programa de atención a la pandemia de covid-19. Sin embargo, el dictamen no especifica el destino, por lo que es incierto si el propósito será la adquisición de vacunas contra el covid-19, y de esta forma revertir el recorte de Q463.0 millones recomendado por el Ejecutivo.

7. El dictamen de la CFPM adiciona al presupuesto del MSPAS aumentos destinados a la construcción del hospital de Coatepeque (Q60 millones), del hospital de Retalhuleu (Q30 millones), y para el mejoramiento de Centro de Salud de San Cristóbal Totonicapán (Q15 millones). En contraste, reduce en Q5.7 millones la asignación para construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura de salud. No se explica por qué se adicionaron estos hospitales y no otros, lo que es fiscalmente opaco y abre riesgos a actos de corrupción y abusos.

8. El dictamen de la CFPM desatendió la recomendación de instruir al Ejecutivo institucionalizar una metodología para un cálculo contable oficial de la inversión pública en niñez y adolescencia (IPNA) y mejorar los indicadores de gestión por resultados, en particular asegurando la obligación de desagregar los indicadores por sexo, edad y etnia.

9. El dictamen de la CFPM no revirtió los recortes presupuestarios en la Procuraduría General de la Nación, de Q0.5 millones en representación, protección y vigilancia de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y de Q7.8 millones en sistema de alerta Alba-Keneth.

10. Con relación al presupuesto de inversión pública, se identifican las anomalías siguientes:

- Obras adicionales a cargo de dependencias del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda: en el Fondo Social de Solidaridad por Q33.6 millones, para 2 obras a realizarse en Huehuetenango, una en Totonicapán y una en Sololá; y, en la Dirección General de Caminos por Q95.0 millones, para 2 obras en Quetzaltenango, una en Huehuetenango y una en Jalapa, y Q60.0 millones para dragados en áreas de influencia en el Canal de Chiquimulilla. No se explica ni justifica por qué ese ministerio no las incluyó en su propuesta original y por qué tienen prioridad en un artículo específico en el dictamen.

- La adición del artículo 120 del dictamen, en el cual propone una excepción a lo normado en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Presupuesto, a favor de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede). En caso se apruebe este artículo, los Codede podrán utilizar en 2022 los saldos presupuestarios de obras inconclusas en 2021, una medida que fue explícitamente prohibida en la Ley Orgánica del Presupuesto por ser una fuente de actos de corrupción y abusos, resultantes en obras inconclusas o de mala calidad.

11. El dictamen de la CFPM incrementa en las Operaciones del Estado a cargo del Tesoro (OEACT) Q205.4 millones el aporte para presupuesto del Congreso de la República, sin explicación ni justificación, limitándose a referir que se destinará a «fortalecer la gestión administrativa y legislativa». Sin embargo, dentro del aporte al Congreso, mantiene para la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) una asignación presupuestaria de solamente Q120.0 millones, y no por los Q207.0 millones solicitados por esa entidad. Esta negativa a incluir el presupuesto que la PDH ha solicitado afectará principalmente a la Secretaría de Acceso a la Información Pública (Secai) de la PDH.

12. El dictamen de la CFPM desatendió la recomendación de depurar los aportes directos para organizaciones no gubernamentales y otras entidades. Agregó aportes a nuevas entidades e incrementó los aportes originalmente propuestos por el Ejecutivo. En ningún caso ofreció explicación o justificación de estos cambios, por lo que, al igual que en años anteriores, estos aportes directos a entidades no gubernamentales constituyen espacios de alto riesgo para actos de corrupción porque se incorporaron de manera discrecional y arbitraria entidades que estarían vinculadas a sectores políticos, que son de reciente creación o no cuentan con trayectoria pública reconocida. El anexo a este comunicado se detallan estas modificaciones.

El Icefi exhorta al Pleno del Congreso de la República a rechazar las anomalías introducidas en el dictamen de la CFPM, ya sea devolviéndolo a la Comisión para corregirlo o realizar las correcciones mediante enmiendas durante el proceso de aprobación final y redacción por artículos. Reitera que el Congreso debe escuchar las demandas ciudadanas por más transparencia, suprimir las asignaciones que facilitan la corrupción y el despilfarro, y procurar asignaciones de gasto acordes a prioridades legítimas, como la lucha contra la desnutrición infantil, la inversión pública en niñez y adolescencia, y la procura de un presupuesto público para un desarrollo incluyente y justo.

Guatemala, Centroamérica, 16 de noviembre de 2021.