GT-007-2015. En consorcio, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, Icefi, y la organización danesa de desarrollo IBIS presentaron el informe de su segunda investigación conjunta, titulada «Buenas prácticas internacionales de transparencia fiscal en industrias extractivas. Aplicaciones para Guatemala».

El estudio destaca la importancia de la transparencia fiscal en el sector extractivo, para que más allá de producir beneficios macroeconómicos, los recursos fiscales provenientes de dicha actividad económica sean utilizados para la generación de oportunidades de mejoras en la calidad de vida de la población, en un marco regulatorio que garantice el cumplimiento de los derechos de las personas y una relación con el fisco basada en la búsqueda del bien común. En el estudio se evalúa la calidad de la transparencia en los sectores minero y petrolero por medio de la metodología del Índice de Gobernanza de los Recursos IGR, desarrollada por el Natural Resource Governance Institute.

De acuerdo a la evaluación, mediante el IGR, la transparencia de las industrias extractivas guatemaltecas se enfrenta a diferentes retos, entre las que destacan cuatro. En primer lugar existen limitantes de carácter legal a la divulgación de información de carácter fiscal, las cuales incluyen el artículo 24 de la Constitución Política.

En segundo lugar, las prácticas de acceso a la información del sector extractivo no son las deseables para garantizar la transparencia del sector, la información que se publica de oficio es poca y en muchos casos es información técnica.

El tercer reto para la transparencia del sector extractivo es la deficiencia de los mecanismos institucionales que supervisan el desarrollo de las actividades extractivas (incluyendo los medios de terceros para apelar el otorgamiento de derechos extractivos y el combate a la existencia de conflictos de interés de fun-cionarios públicos en el sector). Finalmente, la transparencia de las actividades extractivas se enfrentan a un contexto de gobernabilidad deficiente, manifestado en la corrupción, débil Estado de Derecho y un gobierno ineficiente. A pesar de las limitantes en transparencia fiscal el estudio logra presentar los siguientes hallazgos en materia económica y fiscal.

A nivel nacional en 2013, el sector minas y canteras (que incluye minería y petróleo) representó el 1.85% de la producción de bienes y servicios a nivel nacional; en términos de empleo, para ese mismo año, el sector contaba con 5,949 trabajadores cotizantes al IGSS. En cuanto a su impacto en las finanzas públicas, el sector minero, en 2013 realizó un aporte tributario directo (impuestos y regalías) de Q410.6 millones, equivalente al 5.3% de la producción minas y canteras. De dicho aporte, únicamente el 21.4% fue en concepto de pago de regalías, la mayor parte proviene del pago de ISR, timbres fiscales y papel sellado, derechos arancelarios de importación, entre otros impuestos.

Adicional al aporte tributario directo, en 2013, las empresas mineras pagaron al fisco Q10.44 millones en concepto de ingresos no tributarios (cánones, multas e intereses). Por su parte, el sector petrolero, en 2012 (último año disponible al momento del estudio), realizó un aporte tributario directo (impuestos y regalías) de Q294.28 millones, equivalente al 3.4% de la producción de minas y canteras. Mientras que en ese mismo año, el Estado recibió Q859.11 millones en pagos no tributarios de las empresas petroleras, de los cuales Q847.38 millones correspondió a la participación estatal en la producción.

Adicionalmente, el estudio presenta un análisis de cifras económicas y fiscales del sector extractivo a departamental (Petén) y municipal (San Miguel Ixtahuacán). A la luz de la evaluación de la transparencia del sector extractivo, el consorcio IBIS-Icefi señala la necesidad de:

a) Revisar y evaluar el marco legal e institucional en el que se desarrollan las actividades extractivas en Guatemala, para que a la vez que promueva el respeto a los derechos humanos, cree condiciones para mejorar la transparencia fiscal del sector;

b) Si se decide que las industrias extractivas deben ser parte del modelo de crecimiento del país, es necesario evaluar su marco fiscal, para equilibrarlas con el resto de actividades económicas existentes en el país, bajo principios de progresividad tributaria y justicia fiscal;

c) Se debe fortalecer los mecanismos de fiscalización de los ingresos públicos provenientes de las actividades extractivas, así como del gasto financiado con dichos recursos, para que su ejecución se alinee con planes de desarrollo municipal, regional y nacional.