El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) insta a la Corte de Constitucionalidad (CC) a resolver en definitiva con independencia y criterio técnico el expediente 3267-2018, acción de inconstitucionalidad de ley de carácter general, parcial, en contra del artículo “C” del Código Tributario, introducido por Decreto del Congreso de la República No.37-2016, el cual regula el acceso a la información bancaria  para fines de control tributario y fiscalización.

El Icefi recuerda que antes de julio de 2016 Guatemala fue calificada como un país que se había comprometido a sumarse a la lucha internacional contra la evasión de impuestos, pero que incumplía el compromiso por no regular el acceso a la información bancaria.  En la práctica, el problema se origina por dos fenómenos: a) debido a que Guatemala dispone de un sistema tributario basado en autodeclaración de impuestos por cada contribuyente, por lo que para que la SAT ejerza control y fiscalización adecuados de impuestos directos como el ISR, dicha Institución necesita poder comparar los registros contables con los movimientos financieros (información bancaria) de los contribuyentes, y b)  para poder atender los requerimientos de información bancaria que puedan realizar otras administraciones tributarias del mundo, en el proceso de transparencia fiscal internacional, la SAT necesita tener acceso a la misma.

El Foro Global Sobre Transparencia Fiscal de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), del cual Guatemala es parte, estableció como un estándar internacional que las administraciones tributarias puedan acceder a la información bancaria de los contribuyentes, en consecuencia este es uno de los pasos que deben dar los Estados comprometidos con el esfuerzo internacional contra la evasión de impuestos.

Por ello, luego de intensos análisis técnicos y jurídicos, en julio de 2016 el Congreso de la República aprobó el Decreto No. 37-2016, que además de modificar la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), reformó la Ley de Bancos y Grupos Financieros y el Código Tributario para regular el acceso a la información bancaria para fines de control y fiscalización. Estas disposiciones legales se diseñaron y aprobaron garantizando el cumplimiento del estándar del Foro Global de la OCDE y el derecho de defensa de los contribuyentes, ya que la SAT puede acceder a esa información, sólo con autorización de juez competente, en los casos en los «que exista duda razonable en torno a actividades u operaciones que ameriten un proceso de investigación y siempre que dicha información se solicite con propósitos tributarios, incluyendo acciones de control y fiscalización, bajo las garantías de confidencialidad establecidas en la Constitución Política de la República.» (Artículo 52, Decreto No. 37-2016).

La aprobación de ese decreto le permitió a Guatemala salir de la denominada «lista gris» de países que se han comprometido, pero que no habían cumplido con implementar el estándar de la OCDE para transparencia tributaria. Aunque tarde y frente a estándares mucho más exigentes, Guatemala daba un paso adelante. Sin embargo, se presentó ante la CC una acción de inconstitucionalidad ―identificada como el Expediente No. 3267-2018―, alegando vulneración del derecho de defensa de los contribuyentes. El viernes pasado la Corte suspendió provisionalmente la norma, llamando a audiencia al Congreso, a la SAT y al Ministerio Público.

El Icefi subraya que la CC tiene en sus manos la posibilidad de ratificar un avance significativo de Guatemala en transparencia tributaria. De lo contrario, Guatemala retrocedería en lo avanzado, abriría espacios para la impunidad en delitos tributarios lo que, a nivel internacional, podría traer consigo consecuencias negativas tales como restricciones a la inversión extranjera, tasas más altas en la concesión de préstamos a los sectores privado y público, entre otras. A criterio del Instituto, la lucha contra la corrupción incluye garantizar que la legislación se ajuste a los mejores estándares y experiencias internacionales de transparencia tributaria.

Guatemala, Centroamérica, 6 de agosto de 2018.