El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) conjuntamente con el Instituto Humanista de Cooperación para el Desarrollo (Hivos) presentaron el estudio El desarrollo de una propuesta técnico fiscal para la prevención y atención del VIH en Guatemala durante el período 2017-2026, una contribución para establecer mecanismos de sostenibilidad fiscal que puedan ser implementados en la próxima década para la atención y prevención del VIH/sida en Guatemala.

Se estima en 2016 vivían en Guatemala 46,000 personas adultas y menores con VIH/sida, una prevalencia[1] del 0.5% de la población total. Los datos técnicamente indican que en Guatemala el VIH es una epidemia concentrada, es decir que la prevalencia es menor al 1.0% de la población total, pero mayor al 5.0% en poblaciones que estadísticamente han registrado prevalencia alta, destacando en la última encuesta de 2016 en la ciudad de Guatemala: las mujeres trabajadoras sexuales (MTS), con 1.1%; los hombres que tienen sexo con hombres (HSH), 10.5%; y, las mujeres trans, 24.0%.

El estudio aborda la vinculación de los compromisos en materia política pública para asegurar la prevención y atención del VIH/sida con la asignación de recursos financieros. Uno de los desafíos más importantes para Guatemala fue haber asumido en 2014 el compromiso de acabar con la epidemia de VIH/sida a más tardar 2030, para lo cual planteó la Estrategia de respuesta acelerada, cuyas metas para 2020 se resumen en las denominadas Metas 90-90-90: «Que el 90% de las personas que viven con VIH conozcan su diagnóstico; que el 90% de las personas que conocen su diagnóstico reciban tratamiento antirretroviral; y que el 90% de las personas en tratamiento tengan supresión viral (carga viral indetectable)». Este compromiso se enlaza, además, con al menos dos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas y todos en las distintas edades (ODS 3); y, lograr la igualdad entre los géneros (ODS 5).

El estudio detalla que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), a través del Programa Nacional de Prevención y Control de Infecciones de Transmisión Sexual, Virus de Inmunodeficiencia Humana y Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (PNS), destinó para todo el período 2007-2016 un techo presupuestario acumulado de Q 669.9 millones para acciones relacionadas con VIH, del cual solamente se devengaron en esos 10 años Q 564.5 millones (el 84.3% de ejecución acumulada). Adicionalmente, indica que derivado de la situación política y la caída en la recaudación tributaria en 2015, la ejecución presupuestaria de ese año cayó al 57.1% (se ejecutaron solamente Q 76.4 millones de un techo anual de Q 133.9 millones). En tanto que en 2017 dificultades en la gestión de los procesos de adquisiciones incidieron también en una ejecución también baja de 77.2% (se ejecutaron solamente Q 99.7 millones de un techo anual de Q 129.1 millones), mientras que en lo que va de 2018 el ritmo de ejecución presupuestaria evidencia la necesidad de correctivos, ya que al 26 de junio, la ejecución era solamente 29.7%.

Con relación al futuro, el estudio recomienda incrementar el presupuesto público para enfrentar el VIH. El Icefi estima que para acciones vinculadas al combate del VIH/sida en 2020 se necesitarán por lo menos Q 272.4 millones anuales (0.04% del PIB) y en 2026 Q 388.9 millones anuales (0.04% del PIB), presupuestos que se situarían significativamente por encima del los Q 113.8 millones (0.02% del PIB) asignados en 2018. Estos incrementos presupuestarios contribuirían a asegurar la prevención, atención y tratamiento de las personas con VIH/sida, ya que una vez se adquiere el virus se debe procurar su detección temprana y posterior tratamiento con medicamentos antirretrovirales.

El estudio reconoce que el Estado guatemalteco sufre dificultades estructurales históricas para movilizar recursos para ampliar el presupuesto público, por lo que además de la estimación de los costos adicionales para enfrentar e VIH/sida, explora posibles espacios fiscales para financiar con recursos propios ese presupuesto adicional, sin el incremento de las tasas impositiva actuales. Este ejercicio es particularmente necesario, ya que el Fondo Mundial  de Lucha Contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria anunció que dejará de apoyar financieramente la lucha contra el VIH/sida en Guatemala. Los resultados del ejercicio apuntan a que en el mediano plazo políticas de control tributario estrictas lograrían espacios fiscales amplios (hasta del 15.2% del PIB) para asegurar el financiamiento para enfrentar el VIH.

Ante las deficiencias que evidencian los datos de ejecución presupuestaria de los últimos años, el Icefi calificó como prioritaria la necesidad de mejorar la capacidad de ejecución eficiente del presupuesto de gasto público. Subrayó que con la voluntad política para aplicar controles tributarios estrictos, en el mediano plazo el Estado guatemalteco produciría espacios fiscales amplios para financiar las políticas públicas para enfrentar el VIH/sida, e incluso muchos otros programas de bienestar. Finalmente recomendó mecanismos de coordinación institucional que coadyuven a mejorar los procesos y acciones para garantizar el derecho a la salud y la reducción de la prevalencia de la enfermedad.

 Guatemala, Centroamérica, 29 de junio de 2018.