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Comunicados

Guatemala: el Icefi recomienda a la Comisión de Energía y Minas del Congreso no reformar la Ley de Hidrocarburos para prorrogar el contrato con la empresa Perenco

     

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) envió a los diputados miembros de la Comisión de Energía y Minas (CEM) del Congreso de la República de Guatemala, un oficio (anexo) con elementos de análisis y recomendaciones para ser tomadas en cuenta en el dictamen para la iniciativa de ley número de registro 6021. En esta opinión técnica, el Icefi recomienda no reformar la Ley de Hidrocarburos, Decreto Ley número 109-83, con el propósito de conceder una nueva prórroga al contrato de operaciones petroleras de explotación 2-85 con la empresa franco-británica Perenco.


 

Documentos adjuntos: 

Este Contrato 2-85, que actualmente habilita a la empresa Perenco realizar operaciones petroleras en el campo Xan, ubicado en el municipio de San Andrés, Departamento del Petén, inició el 13 de agosto de 1985, por un plazo de 25 años. Sin embargo, en 2008 el Congreso de la República aprobó la Ley del Fondo para el Desarrollo Económico de la Nación (Fonpetrol), que habilitó legalmente al Ejecutivo para aprobar una única prórroga por 15 años, con lo cual su vigencia caducará el 12 de agosto de 2025. Sin embargo, el artículo 2 de la iniciativa de ley número de registro 6021 propone que el presidente de la República, en Consejo de ministros, pueda aprobar prórrogas continuas de 25 años cada una, o hasta que se alcance el límite económico del yacimiento, lo que ocurra primero. Esta propuesta contraviene de manera directa lo ya legislado por el Congreso de la República en 2008, y constituiría un privilegio injustificado a favor de la empresa Perenco, contrario a los intereses del Estado de Guatemala.

En la exposición de motivos de la iniciativa de ley número de registro 6021, el MEM argumenta que una de las justificaciones principales de la reforma propuesta es de interés fiscal. Sin embargo, no incluye propuesta alguna para revisar la determinación de las regalías y el monto de ingresos por la producción de hidrocarburos compartibles. El Icefi considera que la CEM debe realizar un análisis integral de la Ley de Hidrocarburos, incluyendo el cálculo de estos ingresos fiscales.

El Icefi considera cuestionable que el único mecanismo planteado por el MEM sea la prórroga del contrato actual, lo cual beneficiaría a la empresa Perenco. A criterio de este Instituto, en caso fuera del interés y conveniencia para el Estado de Guatemala continuar explotando los hidrocarburos del campo Xan, el MEM debería considerar un proceso de licitación internacional, abierto, competitivo y transparente, que eleve las posibilidades de que el contratista cumpla con las mejores condiciones posibles.

Con preocupación el Icefi destaca el carácter injustificado y posiblemente nocivo de la propuesta contenida en el artículo 4 de la iniciativa de ley 6021, en el que se propone que el Estado le conceda al contratista, en este caso la empresa Perenco, autorización legal para suspender temporalmente los pagos por regalías y producción de hidrocarburos compartidos, sujeto a ciertas condiciones justificativas.

La exposición de motivos de la iniciativa de ley 6021 no detalla los ingresos de la empresa contratista (Perenco), ni sus márgenes de ganancia. El Icefi explicó a la CEM que esta omisión imposibilita medir el rédito para el Estado de Guatemala de estas operaciones petroleras, lo que constituye un defecto importante y de fondo, ya que se propone autorizar la renovación del contrato, solo en el caso que las condiciones resulten favorables para el Estado de Guatemala. Para medir correctamente el beneficio para el Estado, es imprescindible comparar los ingresos recibidos por el Estado de Guatemala por cada unidad explotada con cada dólar de ventas realizadas o ganancias obtenidas por la empresa contratista. Si no se conocen los márgenes de ganancia de la empresa contratista, o por lo menos sus ingresos, la estimación de las regalías y los ingresos por la producción de hidrocarburos compartibles para el período de 2021 a 2045 en el escenario de una nueva renovación, no constituyen una base técnicamente válida ni suficiente para asegurar el beneficio mayor para el Estado de Guatemala.

El Icefi recomendó a la CEM solicitar a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) que verifique y fiscalice las deducciones que la empresa contratista ha aplicado a su impuesto sobre la renta, por las donaciones y proyectos de responsabilidad social empresarial. Transparentar estos aspectos tributarios son otro elemento técnicamente necesario para evaluar la conveniencia para el Estado de Guatemala de una nueva prórroga del contrato. En particular, la CEM debe solicitar a la SAT que cuantifique y dé a conocer el monto de estas deducciones, la tasa efectiva que la empresa contratista ha pagado en el impuesto sobre la renta.

El Icefi considera una omisión importante el que la exposición de motivos no haya incluido un análisis de su impacto ambiental y social. Recomienda a la CEM analizar, o solicitar evaluaciones independientes y técnicamente confiables, de estos impactos ambientales, sociales, laborales, y especialmente sobre su potencial de alterar la gobernabilidad, la conflictividad social, y el derecho de consulta de las poblaciones de las áreas afectadas. El Icefi recuerda que el Campo Xan está ubicado en el la región de la Laguna del Tigre, un área protegida que además es un sitio Ramsar, es decir, reconocido como un ecosistema clave para la protección de la biodiversidad, por lo que la iniciativa de ley podría violentar convenios internacionales en materia ambiental suscritos por Guatemala.

Debido a la gravedad de las anomalías detectadas, el Icefi recomienda a la CEM emitir dictamen desfavorable, y al Congreso de la República no aprobar la iniciativa de ley 6021. A criterio del Instituto, el Congreso de la República, y en particular la CEM, debe crear un espacio de discusión técnica y abierta sobre la necesidad de una reforma integral a la Ley de Hidrocarburos, y al resto del marco que regula a las industrias extractivas, comprendiendo los impactos ambientales, económicos y sociales de estas actividades e incluyendo temas sensibles como la conflictividad social y el derecho al desarrollo y a la consulta de las poblaciones de las áreas afectadas.

 

Guatemala, Centroamérica, 28 de julio de 2022.