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Comunicados

Guatemala: el Icefi recomendó a la Comisión de Finanzas analizar a profundidad y con rigor técnico la iniciativa de ley 6095, Ley de Incentivos para la Movilidad Eléctrica

     

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) envió a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda (CFPM) del Congreso de la República, un oficio con elementos de análisis y recomendaciones para ser tomadas en cuenta en el dictamen para la iniciativa de ley número de registro 6095, que propone la aprobación de una ley de incentivos para la movilidad eléctrica.


 

Documentos adjuntos: 

En términos generales, a criterio del Icefi la propuesta tiene el potencial de lograr efectos ambientales positivos. Sin embargo, debe someterse a discusión y análisis técnico amplios, abiertos y transparentes. Por ejemplo, debe considerarse la posibilidad de extender la prohibición de vehículos impulsados por electricidad o hidrógeno de más de 5 años de antigüedad o con otras características potencialmente dañinas al medio ambiente, para que apliquen a todo tipo de vehículo, y con ello frenar el creciente problema de importación de vehículos que en un plazo muy corto dejan de funcionar y pasan a acumularse como chatarra. El Instituto explicó que esta medida lograría que en el largo plazo la totalidad de los vehículos se importen observando medidas ambientales.

El Icefi recomendó a la CFPM solicitar a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) el cálculo del impacto fiscal que generaría. Esto porque, sólo las bases de datos de declaraciones en poder y resguardo de la SAT contienen el detalle de qué empresas actualmente funcionan como estaciones de carga eléctrica o de hidrógeno, que a la vez son contribuyentes del impuesto sobre la renta (ISR), y que al aprobarse esta propuesta empezarían a gozar de exención de este impuesto. Por esta razón entonces, sólo la SAT puede realizar el análisis y las simulaciones específicas para cada uno de estos contribuyentes, y así cuantificar con precisión el sacrificio fiscal que se generaría por la aprobación de la iniciativa de ley 6095. También sólo la información de las bases de datos en poder de la SAT permitiría estimar con precisión el sacrificio fiscal[1] del impuesto al valor agregado (IVA) y del impuesto de primera matrícula (Imprima), en el caso de los vehículos impulsados por energía eléctrica o hidrógeno que fueron importados previo a la vigencia de la ley, pero que podrían producir una devolución de estos impuestos.

También sólo la SAT cuenta con los datos que permitirían estimar pérdidas fiscales y otros efectos de la disminución de consumo de combustibles derivados del petróleo como las gasolinas o el diésel, y de las compras de vehículos impulsados por estos combustibles, resultado del incremento de compras de vehículos impulsados por energía eléctrica e hidrógeno, y el consumo de estos energéticos. En particular, la SAT podría estimar la caída en la recaudación de IVA y derechos arancelarios a la importación resultado de estos cambios en los patrones de consumo.

La SAT también podría estimar el sacrificio fiscal en términos de una pérdida del Impuesto Sobre Circulación de Vehículos (ISCV), asociado a los vehículos eléctricos que ya circulan en Guatemala, y que, con la vigencia de esta ley, gozarían de exención del ISCV. La SAT informa que en la actualidad 53,830 que circulan impulsados con otro combustible, refiriéndose a combustibles distintos a las gasolinas y al diésel, incluyendo el gas licuado de petróleo, generalmente propano, pero también los vehículos eléctricos existentes.

Analizando la base de datos de declaraciones aduaneras, la SAT podría estimar el sacrificio fiscal en las compras de repuestos, que en la actualidad sí tributan, y que luego de la vigencia de la ley quedarían exentas. Se reitera que, sin acceso a esas declaraciones, por disposición Constitucional confidenciales y que están en poder de la SAT, no es posible realizar estas estimaciones detalladas.

En términos de política, el Icefi recomendó restringir las exenciones a la importación de vehículos impulsados con electricidad o hidrógeno, y que el suministro de cargas permanezca gravado. Consideramos acertado no conceder exención del IVA en la comercialización general, sino restringida a la primera venta, y que este tratamiento especial sea temporal, por diez años, en un esquema decreciente.

 

Guatemala, Centroamérica, 2 de agosto de 2022.




[1] Técnicamente, por sacrificio fiscal de una medida tributaria se entiende una situación en la que previo a la vigencia de la medida se recauda cierta cantidad de impuesto, y con su vigencia, se pierde esa recaudación preexistente. Otras formas de gasto tributario técnicamente no constituyen sacrificio fiscal¸ por ejemplo la importación exenta de un bien que se realiza después de la vigencia de la exención, por un lado, no generará impuesto (i.e. constituye gasto tributario), pero por otro, no reduce la recaudación preexistente por realizarse después de la aprobación de la medida (i.e. no genera sacrificio fiscal).