El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) realizó el evento público titulado Los flujos ilícitos de capital, efectos tributarios y propuestas de solución, en el que presentó un análisis de la situación de Guatemala ante los estándares internacionales más recientes en la materia y sus últimos tres estudios especializados en materia tributaria.

Los tres estudios técnicos presentados públicamente son:

-  Los flujos ilícitos de capital y la iniciativa BEPS: recomendaciones para su aplicación en Guatemala[1]

-  El control a la manipulación de precios de transferencia en Guatemala: algunas recomendaciones para adoptar las guías internacionales sobre precios de transferencia[2]

-  Las directrices internacionales sobre el IVA: recomendaciones para su implementación en Guatemala[3]

En su presentación,[4] el Icefi explicó que en la actualidad el concepto de flujos ilícitos de capital o flujos financieros ilícitos (FFI) abarca, además de actividades ilícitas asociadas a los tráficos de drogas, armas, personas y la corrupción, entre otras, flujos de recursos que se derivan de la manipulación internacional de transacciones comerciales, con el propósito expreso de reducir o evitar el pago de impuestos. Por ello, hoy el propósito general de los FFI es la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (en inglés Base Erosion and Profit Shifting -BEPS) a países con regímenes laxos o ventajosos en términos tributarios.

Las prácticas de BEPS derivan en su mayor parte de prácticas de planificación fiscal agresiva, y muchas utilizan estrategias de manipulación de precios de transferencia. Para resolver esta problemática derivada de los FFI, los organismos internacionales han propuesto lineamientos para la regulación de las actividades comerciales, la defensa de la tributación, el combate a la doble tributación y, sobre todo, la regulación de los flujos de capital.

Una de las iniciativas más recientes es el Plan BEPS¸ de 15 acciones específicas, de las cuales, para que un país se adhiera, se exige adoptar 5. Pese a que no le resultaría complejo cumplir con estas 5 medidas, Guatemala no forma parte del plan BEPS, distanciándose de los países de avanzada en la lucha contra los FFI, y rezagándose con los países considerados fiscalmente opacos. Aunque las 15 medidas son de interés para el caso guatemalteco, el Icefi considera de importancia particular el control de los efectos de la economía digital, especialmente de los causados por la venta de servicios por streaming, el comercio electrónico, el comercio de bienes intangibles y las exportaciones de servicios. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) recomienda la implementación de las Directrices Internacionales en materia de impuesto al valor agregado (IVA) y, de manera complementaria, el plan BEPS plantea establecer tasas mínimas efectivas a aquellas multinacionales que prestan esos servicios.

Al medir los efectos de los FFI en Guatemala y su efecto tributario, usando metodologías de estándar técnico internacional, el Icefi encontró subestimación de las exportaciones hacia los países desarrollados por un promedio del 11.6%, lo que implicó una renuncia fiscal de Q1,565.8 millones en 2023, equivalente a 0.2% del PIB y a 15.0% del impuesto sobre la renta (ISR) recaudado. Además, subestimación sistemática de las importaciones procedentes de ciertos países, que implicó la pérdida de recaudación de derechos arancelarios e IVA por Q2,581.3 millones en 2023, equivalentes a 0.3% del PIB. En general, los cálculos del Icefi permiten concluir que los FFI en Guatemala por discrepancias comerciales fueron de 4.0% para 2022 y 2023, lo que implicó una renuncia fiscal de Q4,147.0 millones, equivalentes a 0.5% del PIB y a 4.3% de la recaudación total. Estos resultados coinciden con los realizados por expertos de organismos internacionales.

El Icefi advierte que estos valores no incluyen las pérdidas tributarias por la manipulación de precios internos y de los escudos fiscales innecesarios en la legislación del ISR que propician en gran parte la construcción de andamiajes de empresas fantasmas para reducir o evitar el pago del impuesto. Por manipulación interna de precios de transferencia el Icefi estima que en 2022 se dejaron de percibir Q21,590.6 millones (3.9% del PIB) y por escudos fiscales innecesarios Q4,485.8 millones (0.8% del PIB). También recordó que una estimación del CIAT considera que la pérdida tributaria mínima derivada de la no facturación de compras por servicios de streaming en Guatemala fue de USD31.3 millones en 2020.

El Icefi recomienda a las autoridades fiscales de Guatemala y al Congreso de la República comprometerse a adoptar las medidas necesarias para corregir este problema. En particular, recomienda que Guatemala se adhiera a la Iniciativa BEPS y a aprobar una ley de beneficiario final, a fortalecer el acceso de la Superintendencia de Administración Tributaria a la información bancaria, a revisar la legislación de precios de transferencia, a reformar el IVA para aplicar el cobro a los servicios de streaming y a consultar a la Corte de Constitucionalidad la viabilidad de intercambiar información con otras autoridades tributarias, o la necesidad de una reforma constitucional que evite el aislamiento de Guatemala en estos esfuerzos internacionales.