Con motivo de la evaluación quinquenal que el Estado de Guatemala presenta ante el Comité de Derechos del Niño (Ginebra, Suiza), las organizaciones Ciprodeni, Child Fund, Icefi, la Red Niña Niño y Plan International reconocen enormes desafíos relacionados con la promoción, protección y garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes guatemaltecos. Asimismo, urgen al Gobierno Central a conformar un equipo de trabajo entre la Secretaría de Planificación y el Ministerio de Finanzas Públicas para crear un sistema público de monitoreo, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y su financiamiento, destinadas a la realización de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Las instituciones firmantes han expuesto que la inversión pública en las niñas, niños y adolescentes guatemaltecos es la más baja en Centroamérica, después de Nicaragua: apenas un dólar estadounidense per cápita por día. En contraste, Estados como Costa Rica y Panamá invierten en promedio hasta cinco dólares diarios por niño, niña y adolescente[1]. En la evaluación realizada, en 2010, al artículo 4to. de la Convención de Derechos del Niño, el Comité recomendó al Estado de Guatemala «aprobar una reforma tributaria amplia y progresiva que aumente la base impositiva, sobre todo para cubrir los sectores sociales y la infancia, y mejore la recaudación con miras a incrementar la disponibilidad de recursos destinados a esos fines». Al respecto cabe mencionar que desde entonces la carga tributaria del país no ha superado el 11.0% (2013) e, incluso, ha registrado una tendencia a la disminución, llegando durante 2017 a representar tan solo el  10.2%, un resultado muy desalentador para una sociedad en donde el 47.9% de su población son niñas, niños y adolescentes que requieren de bienes y servicios públicos diseñados y ejecutados para promover la igualdad, el bienestar, la democracia y el desarrollo.

Si bien la suficiencia del gasto público para la niñez es importante, también lo es la eficiencia del mismo, es decir que los presupuestos se puedan realizar año con año. En ese sentido, desde 2010, el Estado guatemalteco no ha logrado ejecutar completamente los presupuestos asignados a la niñez, llegándose a niveles mínimos en 2013, con el 76.1%, y en 2015, con el 80.3%. Esto se ha traducido en una menor oferta de servicios públicos destinados a promover, proteger y garantizar la nutrición, salud y educación, entre otros derechos. Esta incapacidad de ejecutar los presupuestos ha significado, entre 2009 y 2016, una pérdida de por lo menos Q10,201.6 millones que no se invirtieron en garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de los menores de cinco años. El mal aprovechamiento del presupuesto público sumado a otros factores, como la pobreza, la falta de servicios de salud y educación, y las condiciones sanitarias de los hogares, explican por qué la desnutrición crónica apenas disminuyó 9% desde 1996. Las organizaciones consideran inaceptable que aún en el país mueran niñas y niños por hambre. De hecho, la Secretaría de Seguridad Alimentaria, reportó que fallecieron a lo largo de 2017, 111 niñas y niños menores de cinco años como resultado de complicaciones por la inanición.

En materia de sostenibilidad del gasto público dirigido a la niñez, las organizaciones critican severamente el hecho que aún después de la grave tragedia del Hogar Seguro Virgen de la Asunción —acaecida en marzo de 2017 y en la cual fallecieron 41 niñas— la respuesta del Gobierno fue reducir en Q 54.8 millones el presupuesto de la Secretaría de Bienestar Social (destinado a Hogar Seguro), prácticamente revirtiendo el incremento de Q 58.0 millones otorgado luego de la tragedia. Con esta medida se recortó en 92% el programa de Atención especializada a niñez y adolescencia no institucionalizada y su familia; en 82% el programa Educando en familia para la preservación familiar; en 76% el programa de Atención temporal a niñez y adolescencia migrante no acompañada; en 74% el programa de Prevención de delincuencia en niñez , adolescencia y juventud; en 64% en el programa de protección y acogimiento residencial para niñez y adolescencia con discapacidad; y en 63% el programa de Educación especial y habilitación a la niñez con discapacidad.

En 2010, el Comité también recomendó mayor equidad en el gasto público dirigido a la niñez y adolescencia: «asignar recursos suficientes a los departamentos del Estado parte que se ocupan progresivamente de las disparidades que revelan los indicadores relativos al ejercicio de los derechos del niño, y garantice que las autoridades locales rindan cuentas debidamente y de forma abierta y transparente». Infortunadamente, esta recomendación tampoco se ha cumplido. De hecho investigaciones recientes del Icefi y Unicef[2] han revelado que el 82.8% de las niñas y niños indígenas viven en condiciones de pobreza, en contraste con el 55.7% de la niñez mestiza.

Estas causas, aunadas a la constante privación de los derechos humanos más elementales han empujado a los adolescentes en situación de pobreza y pobreza extrema, a migrar de manera ilegal a los Estados Unidos; crisis alertada en 2013 y desde entonces hasta la fecha han sido capturados, entre la frontera de este país y México, un total de 72,454 adolescentes guatemaltecos; y entre octubre y diciembre 2017, un total de 5,687[3].

Sobre este panorama, las mismas niñas, niños y adolescentes han manifestado los obstáculos que encuentran diariamente para ver realizados sus derechos, y han generado una agenda de trabajo que podría traducirse en un Pacto de Estado por medio del Diálogo Nacional por la Niñez y la Adolescencia[4], A su vez, los ministerios y secretarias, a través de la Mesa Técnica de Presupuesto instalada por la Comisión del Menor y la Familia del Congreso de la República elaboraron 14 compromisos de inversión estratégica a favor de la niñez y adolescencia para el 2018, vinculados con la agenda del Diálogo Nacional. Ambos procesos significan un compromiso por parte del Estado y la sociedad para atender de forma urgente el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes en el país.

Las instituciones firmantes de este comunicado: Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos del Niño, Red Niña – Niño, Plan International, Child Fund International y el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales;  urgen al Gobierno Central a conformar un equipo de trabajo entre la Secretaría de Planificación y el Ministerio de Finanzas Públicas para crear un sistema público de monitoreo, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y su financiamiento, destinadas a la realización de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; así como a planificar y coordinar el trabajo de los demás Ministerios para hacer un mejor esfuerzo en alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tomando en cuenta los consensos que se vayan logrando en el Diálogo Nacional por la Niñez y la Adolescencia.

Guatemala, Centroamérica, 18 de enero de 2018.