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Comunicados

El Salvador: una política fiscal con pocos cambios y muchos desafíos

     

ES-003-2015. Con motivo del cumplimiento del primer año de gobierno del Presidente Salvador Sánchez Cerén, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), evaluó los principales resultados económicos y fiscales de su gestión. La economía salvadoreña continúa sumida en una tendencia de bajo crecimiento económico.

De acuerdo a los datos del Banco Central de Reserva (BCR), la producción nacional se incrementó en 2014 apenas en un 2.0% en términos reales, nivel ligeramente superior al 1.8% registrado en 2013, mientras que para los próximos años, de acuerdo a las proyecciones de los organismos internacionales, se proyectan tasas de crecimiento levemente superiores, del orden 2.5% y 2.6% para 2015 y 2016, respectivamente.

Estas expectativas mantienen al país con la tasa de crecimiento más baja de la región centroamericana. En materia fiscal, el Icefi recordó que las principales promesas de campaña del ahora Presidente Sánchez Cerén, fueron tres:

1) En materia de gasto: garantizar la austeridad y la predictibilidad del gasto público, y una evaluación responsable de los programas sociales y de inversión pública;

2) Con relación a la transparencia y el combate a delitos fiscales: la ejecución de una política de cero tolerancia a la evasión, apropiación delictiva del IVA y al contrabando; y

3) Por el lado de los ingresos: modificar de manera gradual y progresiva la antigua e insostenible estructura de financiamiento del Estado. En cuanto a la primera promesa, el resultado más destacable fue la contención del gasto del gobierno central, el cual logró reducirse en 0.8% respecto a la ejecución de 2013.

Esto permitió que el déficit alcanzara 1.6% del PIB. Sin embargo, al agregarle las erogaciones relacionadas con el financiamiento de los fideicomisos de pensiones, el déficit presupuestario ascendió a 3.4% del PIB para 2014. No obstante lo anterior, siguen sin corregirse los desbalances estructurales dentro del presupuesto, tal es el caso de las devoluciones de ISR e IVA, que continúan sin ser debidamente registradas.

Asimismo, persisten prácticas de contratación de obligaciones que son trasladadas para su atención en períodos posteriores, lo que le resta certeza a la ejecución presupuestaria. A pesar de lo ofrecido, siguen sin visibilizarse planes y acciones concretas en cuanto a la predictibilidad del gasto y la evaluación responsable de los programas sociales.

Respecto a la segunda promesa, al inicio de la gestión se realizaron reformas al Código Tributario que permitieron la reciente publicación de los nombres de 12,519 personas naturales y jurídicas que acumulan un monto total de adeudos, resoluciones, sentencias y fallos por USD 372.6 millones (1.4% del PIB).

No obstante, los niveles de productividad en el cobro del IVA, continúan manteniéndose en alrededor del 56% en promedio durante los últimos tres años, lo cual sugiere que no han existido cambios sustanciales o acciones que redunden en un combate efectivo a la evasión y defraudación tributaria, así como al contrabando aduanero. De acuerdo al Icefi, la tercera promesa fue la que menos avances mostró. A pesar de haber realizado una reforma tributaria, se continuó con una estructura impositiva regresiva y se observó un estancamiento de la recaudación que representó cerca de 14.9% del PIB, inferior a la del año anterior (15.4%), y con síntomas de deterioro para el cierre del ejercicio 2015.

El Icefi señaló que los problemas fiscales de El Salvador son de carácter estructural, y por ende el margen de maniobra es reducido, lo que explica en buena medida que los esfuerzos mostrados por el gobierno se han enfocado en evitar el empeoramiento de la situación fiscal vigente, y no en realizar cambios profundos a las finanzas públicas.

Dada la compleja situación fiscal de El Salvador, el Icefi considera que resolverla rebasa las posibilidades que el gobierno dispone para lograr resultados tangibles en el corto plazo. Por ello, se plantea como impostergable la necesidad de que el gobierno lidere un diálogo político y social que desemboque en la concreción de un acuerdo nacional que permita convertir la una política fiscal en un instrumento para sustentar un nuevo contrato social. Según el Icefi, este acuerdo debe dar respuesta a los principales retos fiscales.

Por el lado de los ingresos, conseguir la suficiencia en el financiamiento del gasto público necesario para el bienestar y la equidad, lo que implica equiparar la carga tributaria por lo menos con el promedio latinoamericano (21.3%, según datos de Cepal); eliminación de los privilegios fiscales injustificados como mecanismos para la atracción de inversiones privadas. Para continuar con los esfuerzos por alcanzar una estructura tributaria progresiva, se sugiere la adopción de un impuesto al patrimonio.

Por el lado de los gastos, se debe evaluar la eficiencia y efectividad de los actuales programas gubernamentales, así como garantizar una mayor transparencia, especialmente registrar en el presupuesto las devoluciones de crédito fiscal del IVA e ISR que producen una subvaluación del gasto público.

Finalmente, El Salvador deberá mejorar la calificación y la sostenibilidad de la deuda soberana, por medio de la restructuración de la misma; así como solucionar de manera urgente el problema de la deuda previsional. El Icefi afirmó que para concretar las promesas de campaña y alcanzar los objetivos de política fiscal planteados en el plan de gobierno, es necesario definir las acciones concretas para lograrlos.

La política fiscal salvadoreña debe dejar de ser un instrumento para la sobrevivencia y convertirse en una herramienta para el desarrollo y la consolidación de la democráctica. 

 

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