El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) ha publicado un documento en el que evalúa los primeros cuatro años del Gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén, revisando el cumplimiento de las metas contenidas en el «Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019», en tres áreas: económica, social y fiscal, encontrando pocos avances debido, en buena medida, a acciones adoptadas en materia fiscal tales como recortes al gasto social y a la inversión pública, así como la continuación de una recaudación tributaria insuficiente y regresiva. Todo lo anterior como consecuencia de no haber liderado un proceso de diálogo abierto, transparente e incluyente que permitiera alcanzar acuerdos sociales para que la política fiscal se convirtiera en la herramienta para avanzar en la senda del desarrollo.

Los avances más importantes en la evaluación del Icefi de los aspectos económicos son la atracción de inversión extrajera, el incremento de las exportaciones a Centroamérica y la ampliación de la producción de energía renovable. Sin embargo, aunque los niveles de crecimiento económico son mayores al potencial, por un lado, siguen siendo los más bajos de la región Centroamericana, mientras que por otro la remuneración de la cuarta parte de las personas ocupadas continúa siendo demasiado baja, impidiéndoles salir de la pobreza. El Instituto califica de preocupante la caída de la ejecución de la inversión pública, en 2017 de sólo 55.7%, muy por debajo de la meta de 70%. A juicio del Instituto, el haber continuado con un modelo económico exhausto limitó la transformación productiva, la generación de empleo de calidad y la mejora de los ingresos de las personas.

En lo social, el Icefi reconoce la caída significativa de la mortalidad materna y el incremento en la matrícula de la educación inicial. No obstante, considera alarmante las caídas en la cobertura de la vacuna triple viral (SRP) de 94.5 a 85% entre 2014 y 2017, y en las tasas de matriculación neta de la educación parvularia, primaria, tercer ciclo y bachillerato. El Instituto advierte que el deterioro en estos indicadores está asociado a las reducciones presupuestarias que ha sufrido el gasto social, específicamente en los rubros de salud y educación.

En materia fiscal, el Instituto explica que la reducción del déficit fiscal fue a costa de recortes al gasto social y a la inversión pública. Aunque la carga tributaria se incrementó, los ingresos continuaron siendo insuficientes y regresivos, mientras que el saldo de la deuda pública ha superado los niveles de 70% del PIB con peligro de insostenibilidad fiscal. Para el Icefi, hoy el Gobierno sufre el lastre de no haber liderado un proceso de diálogo abierto, transparente e incluyente que permitiera lograr que la política fiscal se convirtiera en la herramienta para avanzar en la senda del desarrollo.

En el último año de gestión, el Icefi recomienda al Gobierno que redoble esfuerzos si quiere cumplir con lo prometido. El panorama es poco halagüeño, pues ha sido el propio Gobierno el que ha planteado que no hará grandes cambios en la esfera fiscal, posición que condena la posibilidad de un acuerdo fiscal integral y con visión de largo plazo a ser una deuda que tendrá que asumir la próxima gestión gubernamental. El Instituto insiste en que los esfuerzos tributarios deben concentrarse en la lucha contra la evasión y el contrabando, y no conceder más privilegios fiscales injustificados. Por el lado del gasto, el Icefi recomienda adoptar en 2019 un presupuesto por resultados que revierta la tendencia de las reducciones del gasto social y la inversión pública, y concretar las negociaciones para reducir la deuda de corto plazo y refinanciar los Eurobonos que están por vencerse.

Finalmente, este último año el Gobierno debe lograr avances concretos en materia de transparencia y participación ciudadana, y así coadyuvar a recuperar la legitimidad de la administración pública y la confianza ciudadana en el manejo honesto de los recursos públicos. Por ello el Icefi reitera que toda negociación en el ámbito fiscal sea transparente, pública y participativa.

San Salvador, Centroamérica 1 de junio de 2018.