El 13 de diciembre de 2019, la Asamblea Legislativa aprobó, con 61 votos a favor, el Presupuesto General del Estado del Ejercicio Financiero Fiscal 2020 de El Salvador. Para el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), a pesar de que se lograron corregir algunos espacios de opacidad, el hecho de que se haya aprobado a cambio de incrementos en las transferencias a oenegés y en proyectos específicos para que los ejecuten las municipalidades, en año preelectoral, sin estudios técnicos, resta legitimidad al buen trabajo que había venido realizando la Comisión de Hacienda y Especial del presupuesto de la Asamblea Legislativa. Además, el Icefi lamenta la aprobación de una nueva amnistía fiscal que golpea la moral tributaria de los contribuyentes cumplidos, genera incentivos para el incumplimiento tributario y entorpece casos de evasión que están siendo investigados por la Fiscalía General de la República.

Documentos adjuntos:

1. Comunicado en PDF
2. Publicación: Análisis del proyecto de presupuesto 2020

El Icefi destaca el buen trabajo que había realizado la Comisión de Hacienda y especial del presupuesto, acreditado en sesiones de trabajo donde los distintos titulares de los ministerios y las instituciones autónomas explicaron y justificaron su proyecto de presupuesto; e incluso se permitió, de manera inédita, que una entidad no gubernamental, como lo es el Icefi, en su carácter de centro de pensamiento, pudiera brindar su análisis y recomendaciones al proyecto de presupuesto. Sin embargo, el Instituto lamenta que este buen trabajo se haya visto opacado, porque la última fase de negociaciones para poder aprobar el presupuesto se hicieron a puertas cerradas, sin la posibilidad de que la ciudadanía conociera lo que ahí se estaba acordando.

Dentro de los aspectos positivos que la aprobación del presupuesto logró corregir, respecto a lo presentado por el Ejecutivo, se destaca las modificaciones a los artículos 14 y 17. En el caso del artículo 14, se asegura con la redacción final que por ley no pueda haber gastos reservados en 2020; mientras que con el artículo 17 se reafirma que cualquier transferencia financiera entre entidades debe ser aprobada por la Asamblea Legislativa. Asimismo, es positiva la reorientación de USD104.0 millones que estaban enmarcados en la partida de gastos financieros, sin justificaciones técnicas; no obstante, esta reorientación quedó aprobada como recomendación, por lo que queda a discreción del Ejecutivo cumplirla o no. Finalmente, se destaca la reducción de USD3.0 millones en publicidad, aunque a criterio del Instituto este recorte fue insuficiente.

Dentro de los aspectos negativos se resalta que previo a la aprobación del presupuesto se aprobó la Ley especial y transitoria que otorga facilidades para el cumplimiento voluntario de obligaciones tributarias y aduaneras Para el Instituto, es importante la regularización de los contribuyentes y facilitar el pago de sus obligaciones tributarias; sin embargo, la constante aprobación de este tipo de amnistías golpea la moral tributaria de los buenos contribuyentes y genera incentivos para el incumplimiento de las obligaciones tributarias. Adicionalmente, esta ley entorpecerá, e incluso podría generar impunidad, en los casos de evasión que ya se encuentran en la Fiscalía General de la República.

El Instituto también cuestiona el incremento de USD8.0 millones para transferencias a oenegés y entidades privadas, así como el traslado de USD13.5 millones para pequeños proyectos que serán ejecutados por medio de algunas municipalidades. Esto toma particular relevancia en un año preelectoral, donde este tipo de transferencias sin estudios técnicos que las respalden, obliga a cuestionar sus objetivos y legitimidad. Por otro lado, el Instituto señala que no se realizaron las correcciones técnicas a la estimación de recaudación, ni se recortaron los seguros privados para funcionarios; asimismo, lamenta los recortes al Ministerio de Medio Ambiente y al Ministerio de Agricultura, así como a programas específicos dirigidos hacia las mujeres. 

El Icefi invita a la ciudadanía a involucrarse en la auditoria social de la ejecución del presupuesto para 2020 y exhorta al Organismo Ejecutivo para que desde el inicio de la elaboración del proyecto de presupuesto para 2021, se generen espacios para la participación ciudadana en el ciclo presupuestario; del mismo modo, que la Comisión de Hacienda y Especial del presupuesto institucionalice la buena práctica de invitar a diferentes actores para que puedan aportar sus análisis y recomendaciones sobre las diferentes iniciativas que ahí se discutan.

Finalmente, con el presupuesto aprobado para 2020, es fundamental que se generen las condiciones para que mediante el diálogo abierto y transparente y la evaluación técnica y oportuna, se avance hacia la resolución de los problemas estructurales de las finanzas públicas salvadoreñas, para ello será necesario el establecimiento de una hoja de ruta que indique las medidas a adoptar para cumplir con la Ley de Responsabilidad fiscal y particularmente con la construcción de una política fiscal moderna que apuntale el crecimiento económico, reduzca las desigualdades y fortalezca el Estado de derecho.

El Salvador, Centroamérica, 18 de diciembre de 2019.