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Comunicados

El Salvador: Icefi insta a analizar y debatir públicamente propuestas para reformar el sistema de pensiones, y con ello garantizar soluciones a los problemas estructurales

     

Con base en un análisis preliminar, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) considera que los proyectos de Ley Integral del Sistema de Pensiones, Ley de Creación del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) y Ley Especial para la Emisión de Certificados de Obligaciones Previsionales y Disolución del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), no ofrecen soluciones plenas para los problemas estructurales del sistema previsional salvadoreño, e insta a la Asamblea Legislativa a invertir el tiempo necesario para debatirlos públicamente y con sustento técnico, escuchando a las diversas expresiones de la sociedad y aprobando las mejores opciones en beneficio de la mayoría de la población.


 

Documento adjunto:

El Icefi recuerda que el Estado salvadoreño tiene la obligación de garantizar un sistema de protección social con un componente previsional adecuado. Lamenta que las propuestas presentadas por el Ejecutivo no sean el resultado del diálogo y el consenso entre los diversos actores de la sociedad, sino una propuesta unilateral, cuya presentación no está acompañada con la publicación de estudios técnicos, particularmente de un estudio actuarial que garantice la sostenibilidad financiera. Para el Instituto, las reformas presentadas por el Ejecutivo no dan una respuesta integral a los problemas estructurales del sistema de pensiones, en términos de cobertura, suficiencia, equidad y sostenibilidad.

El tema de la cobertura es particularmente sensible, porque actualmente en El Salvador 8 de cada 10 personas adultas mayores no tienen acceso a una pensión, y solo una de cada cuatro personas que tienen un trabajo remunerado cotizan en el sistema previsional, elementos que no son atendidos en las propuestas. En cuanto a la suficiencia, para el Icefi es positivo que se pretenda aumentar el monto de las pensiones, particularmente la pensión mínima, no obstante, advierte que la propuesta del Ejecutivo tiene serias deficiencias técnicas en su redacción, que, de no corregirse, podrían dificultar su implementación en la práctica. Además, los montos de pensiones por invalidez y sobrevivencia no tendrían incrementos, lo que implicaría que estos segmentos continúen con pensiones bajas. 

Sobre la equidad, tal como están redactadas las reformas a las denominadas pensiones VIP, recibirían un incremento de 30% sobre los beneficios actuales, por lo que debe corregirse la redacción si la intención es poner un tope a este tipo de pensiones. El Icefi advierte que, tal como están presentadas, estas propuestas pueden aumentar las inequidades para las personas hoy más jóvenes. Debido a que no se han publicado los estudios actuariales que sustentan la propuesta, es incierta la sostenibilidad del aumento de un punto porcentual en el aporte de los patronos, simultáneo al aumento generalizado de 30% propuesto para las pensiones. Además, las propuestas mantienen que, en caso los fondos no sean suficientes, el sistema de pensiones seguirá tomando recursos del presupuesto público, lo que implicaría mayor presión en el mediano y largo plazos a las ya deterioradas finanzas públicas salvadoreñas. Además, esta medida también continuará teniendo efectos dañinos en términos de equidad, ya que persistirá un grupo de personas que, pese a que pagan impuestos en un sistema que ya tiene una estructura regresiva, es decir injusta porque quienes tienen mayor capacidad de pago tributan proporcionalmente menos que quienes tienen menos recursos, efectivamente contribuyen a financiar el sistema de pensiones, pero que nunca llegarán a beneficiarse con una pensión, agudizando la injusticia del sistema.

El ejecutivo propone crear un ISP, con lo que se garantizaría por un lado que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) continúen administrando los fondos, pero por otro este ISP asumiría el FOP, con una deuda de más de USD6,000 millones de dólares. Sin embargo, el ISP tendría la facultad de establecer discrecionalmente la tasa de interés y el plazo con la que adquiriría esta deuda, lo que podría implicar que, en un contexto financiero complicado, el gobierno busque reducir el servicio de la deuda pública, en detrimento del fondo de pensiones. Además, se propone que el ISP deberá garantizar los beneficios otorgados a los veteranos militares, excombatientes y personas lisiadas y discapacitadas del conflicto armado, lo que sumado a la posibilidad de una emisión ilimitada de Certificados de Obligación Previsional, con riesgo severo de mayor insostenibilidad de la deuda pública.

Sobre la comisión que reciben las AFP, las propuestas del Ejecutivo consideran 1.00% de la cotización total, únicamente por la administración de pensiones. Si se toma en cuenta que los datos de la Superintendencia del Sistema Financiera muestran que la comisión total de seguros en promedio fue de 1.02% en 2021 y 2022, las AFP resultarían beneficiadas con comisiones mayores, ya que recibirían más del 1.00% al considerar otros cargos adicionales a la administración de las pensiones. De este análisis, el Icefi recomienda revisar, y posiblemente corregir el texto de la propuesta, toda vez la intención del Ejecutivo sea reducir la comisión para las AFP.

El Icefi considera que esta es una oportunidad muy valiosa, potencialmente beneficiosa e importante de reformar el sistema previsional de El Salvador y solventar sus problemas estructurales. Sin embargo, el análisis preliminar de las propuestas presentadas por el Ejecutivo revela que requieren mayor análisis y debate público, por lo que expresa preocupación ante la posibilidad de una aprobación apresurada. Recomienda publicar los estudios técnicos, particularmente el actuarial, y crear una mesa técnica conformada por representantes del Ejecutivo, del Legislativo, de la clase trabajadora, del sector privado y de la sociedad civil, con el acompañamiento técnico de universidades, centros de pensamiento y organismos multilaterales, como un esfuerzo para lograr las decisiones más adecuadas y beneficiosas para la sociedad salvadoreña.

 

San Salvador, Centroamérica, 20 de diciembre de 2022.

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