El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) expresa su mayor preocupación por los efectos fiscales nocivos de la aprobación de urgencia nacional por parte de una mayoría calificada en el Congreso de la República del decreto número 7-2025[1] originado de la iniciativa de ley número de registro 6606.[2] El Instituto recomienda al Presidente de la República, Bernardo Arévalo, vetarlo, en ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 178 de la Constitución Política de la República.

El Icefi considera legítimo y necesario buscar formas técnicamente sustentadas para agilizar la ejecución de los presupuestos estatales, incluyendo los de los consejos de desarrollo. Sin embargo, reitera que este afán de agilizar la ejecución presupuestaria no justifica debilitar o suprimir los controles establecidos, ni limitar las facultades de las entidades del Estado para emitir resoluciones, avales, autorizaciones, permisos, licencias y demás procedimientos vinculados con la ejecución de los presupuestos o de los procesos de adquisición pública. Puntualiza que no se justifica alterar la Ley Orgánica del Presupuesto y otras normas de vigencia permanente para resolver problemas de tipo temporal o coyuntural.

Con esta base, el Icefi analizó técnicamente el decreto 7-2025, encontrando que las disposiciones aprobadas aseguran de manera forzada la disponibilidad de recursos financieros para las municipalidades, pero no abonan a garantizar la calidad de las obras a ejecutar. Prácticamente suprime la supervisión del avance físico y financiero de las obras a cargo de los Consejos Departamentales de Desarrollo, cuyo rol quedaría prácticamente relegado a un puente para el traslado de recursos financieros a las municipalidades. Al imponer de manera inconsulta, sin fundamento técnico y posiblemente inconstitucional el plazo máximo de 5 días para la emisión de resoluciones y avales, esta ley atenta contra el mandato y las facultades legales de las entidades responsables de emitirlos, constituyendo una forma de coerción ilegítima, toda vez no establece recursos financieros y humanos adicionales, ni un período de tiempo perentorio para que esas entidades amplíen sus capacidades y cumplir con el nuevo requerimiento. En conjunto, estas disposiciones abren espacios para el abuso y la corrupción, que históricamente han plagado a los consejos de desarrollo.

Fundamentado en su análisis técnico, el Instituto recomienda al Presidente de la República ejercer su facultad constitucional y honrar el mandato de la ciudadanía que lo eligió vetando el decreto número 7-2025. Además, insta al Ejecutivo y al Legislativo iniciar un proceso abierto e inclusivo de consulta y discusión exhaustiva con cada entidad involucrada sobre las mejores soluciones para lograr que los consejos de desarrollo agilicen la ejecución de sus presupuestos, con la debida transparencia y con los controles adecuados para garantizar la calidad de las obras.

Guatemala, Centroamérica, 3 de septiembre de 2025.

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