En un evento público realizado hoy, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) presentó su estudio Guatemala: análisis y recomendaciones para el proyecto de presupuesto para 2026,[1]en el cual profundiza y amplía el primer análisis publicado en su comunicado del 16 de septiembre de 2025,[2]y presentado en la sesión de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda (CFPM) del Congreso de la República del 23 de septiembre de 2025.[3]

En su presentación,[4]el Icefi reiteró que, con base en cálculos usando los últimos datos de recaudación disponibles, considera que la proyección para 2026 del total de ingresos tributarios por Q119.8 millardos es una mejora técnica que supera las anomalías de subestimación que plagaron los presupuestos durante el período de 2021 a 2025. Sin embargo, la proyección de ingresos no está exenta de anomalías, toda vez el detalle de la distribución por impuesto es incorrecta, al presentar montos excesivos en los rubros otros impuestos directos y otros impuestos indirectos, distorsionando la base de cálculo de los aportes constitucionales y otros destinos específicos establecidos en la legislación tributaria. Estas distorsiones constituyen una falencia en términos de transparencia fiscal, contrario a los estándares y a las mejores prácticas internacionales en la materia.

El Icefi muestra que la carga tributaria está registrando una tendencia estable en torno al 11.8%, lo que admite dos conclusiones: por un lado, los esfuerzos de la Superintendencia de Administración Tributaria están concentrados en evitar que este indicador sufra caídas, toda vez ciertas deficiencias estructurales del sistema tributario guatemalteco impiden que la recaudación de impuestos crezca de manera natural al ritmo del crecimiento económico; y, por otro lado, que el Gobierno no está emprendiendo esfuerzos para lograr que la carga tributaria crezca más allá del 11.8%.

Sin un incremento en la carga tributaria, la política fiscal expansiva de la administración de gobierno actual se reflejará en mayores déficits fiscales, financiados con incrementos en el endeudamiento público, principalmente el bonificado colocado en los mercados privados de capitales, nacional e internacional. En particular, sin una reforma tributaria que incremente los recursos disponibles para que el gasto público social y la inversión pública en niñez y adolescencia alcancen niveles de suficiencia, las autoridades continuarán mostrando falta de compromiso real y serio para con la niñez y la adolescencia guatemaltecas, entre otros grupos sociales necesitados de la intervención estatal.

El Icefi recomienda al Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) profundizar y transparentar las explicaciones técnicas que justifiquen las excepciones a la prohibición de financiar gastos corrientes o de funcionamiento con deuda pública, contenida en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Presupuesto, más allá de referir que ha sido una práctica común en el pasado. Además, recomienda al Minfin realizar y publicar un estudio técnico de sostenibilidad y vulnerabilidad fiscal, que aborde las preocupaciones que ha levantado la política de endeudamiento mediante colocaciones de bonos voluminosas.

Por el lado del gasto público, el Icefi recomienda que no se aprueben más aportes extraordinarios para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede), medida que gozaría del fundamento técnico derivado de la experiencia en los ejercicios fiscales 2024 y 2025, en los que se evidenció que la capacidad real de los Codede para ejecutar sus asignaciones presupuestarias se limita a los aportes ordinarios establecidos en ley.[5]El Icefi recomienda apoyar los esfuerzos que ha estado realizando la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), para fortalecer su capacidad para supervisar los proyectos que presentan los Codede, aprobado solamente los que estén correctamente formulados. En este sentido, el Icefi recomienda al Congreso de la República derogar el Decreto número 7-2025, y no aprobar el artículo 55 de la iniciativa de ley 6625,[6]con la que el Ejecutivo presentó el proyecto de presupuesto para 2026, por contravenir la Ley Orgánica del Presupuesto y tener efectos fiscales nocivos, debilitando los controles al gasto ejecutado por los Codede.

Los aspectos más positivos y valiosos que el Icefi identifica en el proyecto de presupuesto son algunas de las asignaciones de gasto para áreas de salud, seguridad e inversión social. El Icefi saluda como positivas las propuestas de: asignar Q155.0 millones al ministerio de Energía y Minas para la recuperación ambiental del área del pozo petrolero de Xan, clausurado en 2025; asignaciones de inversión y gasto de funcionamiento para la apertura de por lo menos 20 farmacias del programa de accesibilidad de medicamentos, a cargo del ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS); renovación de equipo y de las instalaciones de la Policía Nacional Civil, del Sistema Penitenciario, de los centros de salud y hospitales; aumentar las asignaciones para el ministerio de Relaciones Exteriores para atender la demanda creciente de servicios de guatemaltecos que viven en el exterior, especialmente en Estados Unidos de América.

Se saludan además los planes para iniciar o avanzar en proyectos de inversión en infraestructura, como:  la construcción de la línea 1 del metro para el área metropolitana de la Ciudad de Guatemala; la modernización del Aeropuerto Internacional La Aurora; la modernización del Puerto Quetzal y del Puerto Santo Tomás de Castilla; la construcción de 3,000 km de caminos rurales y 1,820 km de carreteras secundarias; la construcción de 9 institutos de excelencia; la construcción de los hospitales de Chiquimula y Sololá, entre otros. Por la importancia y el impacto positivo que estas inversiones tendrían, es imperativo que el Gobierno logre corregir las deficiencias en su capacidad de ejecución, para lo cual el Ejecutivo propone continuar recurriendo al apoyo de organismos y entidades internacionales, y que en 2026 se aproveche la oportunidad histórica de que, a diferencia de períodos anteriores, hoy se disponen de los recursos financieros requeridos.

El análisis del Icefi no se limita a las asignaciones de recursos financieros, extendiéndose a las metas físicas que las acompañan. Recomienda en el caso del Mineduc, revisar cuidadosamente las metas físicas relacionadas con la cobertura de la matrícula escolar, y en el del MSPAS, las metas físicas de las principales actividades de los programas de Prevención de la Mortalidad de la Niñez y de la Desnutrición Crónica y de Prevención de la Mortalidad Materna y Neonatal. Recomienda corregir recortes inaceptables en las metas físicas de programas fundamentales como los mencionados y, por otro lado, garantizar la debida coherencia con las asignaciones financieras en el presupuesto, en el sentido de corregir la inconsistencia de proponer un incremento en las metas físicas de un programa o actividad, cuando, simultáneamente, se propone recortar su asignación de recursos financieros.

El Icefi recomienda suprimir o transparentar las ampliaciones preautorizadas como las propuestas en los artículos 55, 127, 128 y 140 de la iniciativa de ley 6625, especificando en todos los casos monto, fuente de financiamiento y unidades ejecutoras. Se recomienda al Minfin adoptar como práctica permanente e institucionalizada explicitar en todos sus reportes y documentos oficiales el impacto que tendría en el techo presupuestario global la operación de estas ampliaciones presupuestarias preautorizadas, toda vez se estima que, si el Congreso aprobara las ampliaciones de los citados artículos de la iniciativa 6625, el techo presupuestario global se incrementaría en exceso a los Q6 millardos.

Finalmente, el Icefi informó que estaría trasladando su estudio a la CFPM, con la intención de que constituya un insumo técnico independiente para el dictamen que esa comisión de trabajo está por emitir para la iniciativa de ley 6625, el proyecto de presupuesto para 2026. Además, el Instituto espera que el documento apoye las acciones de todos los sectores interesados en incidir para lograr que el presupuesto estatal para 2026 sea un instrumento efectivo para el desarrollo integral e inclusivo, libre de asignaciones de gasto y disposiciones vulnerables o que faciliten el abuso y la corrupción.