El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales -Icefi- evaluó el proyecto de presupuesto de Costa Rica para 2017,  y como resultado estimó que de mantenerse las perspectivas de mediano y largo plazo de insuficiencia fiscal,  existe un serio riesgo de perder los logros sociales alcanzados por esta nación centroamericana, así como de acumular  déficits fiscales y deuda pública que pondrían en riesgo la sostenibilidad del Estado en el mediano y largo plazo. Finalmente, reiteró la necesidad de un acuerdo fiscal integral para garantizar el crecimiento económico y el bienestar social en el país.

El análisis considera que existen cinco aspectos fundamentales que deben ser atendidos con prioridad por las autoridades hacendarias de Costa Rica. Primero, rigideces de gasto sin fuente precisa de financiamiento. El presupuesto considera un incremento del 12.1% respecto al vigente, sin embargo, la mayor parte deriva de disposiciones judiciales y constitucionales que obligan a incrementar el gasto para atender rubros sociales considerados en la legislación, pero sin establecer la fuente de financiamiento; y por el aumento para el servicio de la deuda que alcanza el 8.7% del PIB. El Icefi considera que Costa Rica debe evitar el establecimiento de programas que carezcan de fuentes apropiadas de ingresos. En el corto plazo es urgente que los órganos Ejecutivo  y Legislativo busquen fuentes alternativas de ingresos, preferentemente tributarias y con enfoque progresivo, para evitar el aumento sostenido de la deuda.

Segundo, una insuficiente recaudación tributaria. Del total del monto de gastos presupuestados para 2017, únicamente el 54.1% se financia con los ingresos del Estado, mientras que el restante 45.9% es deuda. El monto de ingresos tributarios previsto en el presupuesto 2017, parece a la vez altamente factible y poco ambicioso, considerando que hay mucho espacio de mejoras.  Conforme estimaciones del Ministerio de Hacienda, el nivel de incumplimiento tributario para 2013 alcanza 33.1% en el Impuesto General Sobre Ventas; 57.3% en el Impuesto Sobre la Renta para personas físicas, y 70.0% en el ISR para personas jurídicas.  El Icefi considera oportuno recomendar la elaboración y publicación de una hoja de ruta para conseguir una mejora substancial en la eficiencia recaudatoria del país. Esta hoja de ruta, con plazos de acción definidos, debe contemplar cambios legales, administrativos y de gestión de la administración tributaria.

Tercero, un gasto público ajustado para pagar la deuda pública. En el proyecto de presupuesto de 2017 hay pequeñas variaciones con las que se habilitan más espacios para el pago de la deuda pública, en detrimento de servicios fundamentales como educación, salud, seguridad y otros. Es preocupante observar que el 32.8% de los recursos presupuestados se están dirigiendo al pago de la deuda pública, en menoscabo de inversiones que garanticen el crecimiento económico y el bienestar social en el corto, mediano y largo plazos.

Cuarto, la necesidad de institucionalizar la transparencia y rendición de cuentas. Aunque la institucionalidad pública costarricense se ha caracterizado por un nivel alto de apertura, en el contexto político actual y ante las exigencias ciudadanas por una mayor rendición de cuentas, es importante avanzar hacia un sistema de indicadores de gestión pública que mantengan informada a la sociedad sobre la ejecución y resultados del quehacer de la administración gubernamental, tanto en materia de ingresos públicos como de gasto y deuda.

Finalmente, un déficit fiscal persistente en medio de una crónica incapacidad política para lograr un acuerdo fiscal integral. El déficit fiscal en 2017 estará alcanzando 6.7% del PIB, y como consecuencia el saldo estimado de la deuda será de alrededor de 16.3 billones de colones, equivalente al 48.5% del PIB, equivalente al 361.3% de los ingresos tributarios programados por el gobierno central.  En los últimos  ocho años el saldo nominal de la deuda se multiplicó cerca de 3.5 veces y ha crecido el equivalente al 21.3% del PIB. Mientras tanto, los diferentes actores políticos no han podido concretar un pacto fiscal que pueda encontrar en las diferencias ideológicas sobre el rol del Estado, un mínimo común para que el país no continúe caminando por la peligrosa senda de la insostenibilidad fiscal y el consecuente deterioro social y económico.

A criterio del Icefi, los problemas fiscales de Costa Rica son resultado de una carencia estructural de ingresos y un crecimiento del gasto público, difícilmente controlable sin cambios legales. Esto se ha traducido en aumentos vertiginosos de la deuda pública que amenazan la sostenibilidad fiscal del Estado.  Por ello, en plena discusión sobre el presupuesto para 2017, el Icefi insta a la sociedad costarricense a avanzar con sentido de urgencia en la discusión y aprobación de una agenda fiscal integral que aumente los recursos del Estado, con un enfoque de eficiencia, justicia y equidad, al tiempo en que se optimiza el gasto público, se protege el gasto social, se evalúa el impacto de la política fiscal y se institucionaliza la transparencia y la rendición de cuentas.

San José, Centroamérica, 20 de octubre de 2016.