El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) presentó un nuevo libro titulado La corrupción: sus caminos e impacto en la sociedad y una agenda para enfrentarla en el Triángulo Norte Centroamericano (TNCA), en eventos que realizó de forma simultánea en Guatemala, San Salvador y Tegucigalpa. El Icefi contó con los comentarios del Comisionado Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y las autoridades del Ministerio Público guatemalteco; de un representante de la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia de la República de El Salvador; y del Representante Especial del Secretario General de la Organización de Estados Americanos en la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras. El Instituto, además, realizará en los próximos días presentaciones del libro en Bruselas, Estocolmo y Washington DC.

El libro estudia la relación entre corrupción y democracia, destacando que la corrupción en el TNCA ―El Salvador, Guatemala y Honduras― tiene características especiales derivadas de aspectos históricos, como la construcción de Estados débiles, períodos de autoritarismo, guerra civil y sistemas contrainsurgentes, y el menoscabo de la independencia judicial. A criterio del Icefi, todas características de democracias débiles o disfuncionales. El libro destaca que la corrupción debe ser entendida y enfrentada como un problema que no es exclusivo del sector público, pues afecta y es especialmente relevante en el sector privado empresarial. El libro muestra la presencia sistemática de actores privados involucrados en la mayoría de los casos analizados y la tercerización de la gestión de la corrupción. El Icefi concluye que la corrupción abarca prácticamente a todos los sectores, y por ello la búsqueda de soluciones es también responsabilidad de todos.

El Icefi identifica ocho caminos principales que llevan a la corrupción: legislación desactualizada; institucionalidad débil; sistemas de administración de justicia con limitadas capacidades y recursos; sistemas electorales y de partidos políticos sin el rigor democrático; acceso deficiente a la información pública; participación ciudadana escasa; conflictos de intereses; e, impunidad. Analiza cada uno de estos caminos a la corrupción, identificando particularidades especiales en los tres países del TNCA. Para ilustrar estos caminos, el libro recopila una colección de casos relevantes de corrupción en cada uno de los países estudiados, proveyendo una descripción y análisis breve basado en los documentos oficiales de las investigaciones y en reportes periodísticos. Los casos estudiados permiten comprender que la corrupción constituye una enorme pérdida de oportunidades para los ciudadanos del TNCA.

En Honduras los casos de corrupción relevantes analizados corresponden al período (2007-2014), y pertenecen a 4 categorías generales: corrupción en adquisiciones públicas, con 3 subcategorías (defraudación en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, casos de corrupción en la Secretaría de Salud, decretos de emergencia y fraccionamiento); corrupción en la prestación de servicios públicos; corrupción en la contratación de obra pública; y, abuso de los fideicomisos públicos. El análisis revela que estos casos produjeron una pérdida estimada de recursos equivalentes al 4.3 % del PIB, y fueron particularmente graves en el sector salud, destacando el saqueo al Instituto Hondureño de Seguridad Social con más del 95% del costo de los casos relevantes de corrupción analizados y fue el detonante del movimiento de los indignados. El Icefi estima que estas pérdidas equivalen a: 5 veces el presupuesto de Desarrollo e Inclusión Social; 2.25 veces el presupuesto de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos; 70% del presupuesto de la Secretaría de Salud; o, 35% del presupuesto de la Secretaría de Educación de Honduras, entre otras comparaciones técnicas.

Para El Salvador, los casos relevantes de corrupción analizados corresponden al período (1989-2014), y se enmarcan en 4 categorías generales: corrupción en adquisiciones públicas, con dos subcategorías (contratación de obra pública y otras adquisiciones públicas incluyendo medicamentos e insumos médicos y hospitalarios); corrupción en contratación de recurso humano o «plazas fantasma»; malversación y otras formas de fraude en la ejecución presupuestaria, especialmente en mecanismos paralelos de ejecución como los fideicomisos; negligencia y obstrucción a los mecanismos de investigación y sanción a actos de corrupción. El análisis de estos casos revela que produjeron una pérdida estimada de recursos equivalentes al 2.1 % del PIB, y fueron particularmente graves en el caso de obras públicas (33% del total) y la denominada «Partida secreta presidencial» (alrededor del 50% del total). El Icefi estima que estas pérdidas equivalen a: 6.6 veces el presupuesto de la Fiscalía General de la República; 1.25 veces el presupuesto del ramo de justicia y seguridad pública; 94% del presupuesto del ramo de salud; o, 60% del presupuesto del ramo de educación, entre otras comparaciones técnicas.

En Guatemala, los casos relevantes de corrupción analizados corresponden al período (2008-2017), y pertenecen a 7 categorías generales: captura de instituciones; defraudación aduanera y tributaria; corrupción administrativa; corrupción en las adquisiciones públicas que afectan el derecho a la salud; tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y «plazas fantasma»; corrupción judicial; y, corrupción en el ámbito municipal. Los documentos oficiales de las investigaciones de estos casos aún no permiten una cuantificación de su costo, razón por la cual el Icefi realizó el ejercicio de identificar los rubros del presupuesto público más vulnerables, para luego aplicar el supuesto técnico de una pérdida por corrupción promedio del 20%. Con este ejercicio, el Icefi estima que en un año las pérdidas por corrupción en Guatemala equivaldrían a: 4 veces el presupuesto del Ministerio Público; el 92% de los recursos destinados al Ministerio de Gobernación; o, el 74% del presupuesto del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, entre otras comparaciones técnicas.

El libro concluye proponiendo una agenda anticorrupción para el TNCA, con acciones legislativas y de fortalecimiento institucional para alcanzar ocho objetivos: 1) elaboración, discusión, aprobación e implementación de políticas nacionales o espacios de coordinación multisectorial y democráticos para la transparencia, combate a la corrupción y gobierno abierto; 2) política fiscal que priorice la transparencia; 3) asegurar la probidad de los funcionarios y empleados públicos, así como una cultura de rendición de cuentas y gobierno abierto; 4)  garantizar el acceso a la información pública, incluyendo políticas de datos abiertos y protección de datos personales; 5) facilitar la participación ciudadana mediante el impulso de espacios de colaboración entre administración pública y sociedad civil; 6) incorporar el análisis de la responsabilidad del sector privado en los esfuerzos de lucha contra la corrupción; 7) reconocer y enfrentar la relación entre corrupción y sistemas político electorales; y, 8) reforma estructural del sistema de administración de justicia, incluyendo acciones que fortalezcan sus capacidades para luchar contra la corrupción.

El Icefi plantea esta agenda anticorrupción en el TNCA consciente de los desafíos técnicos y políticos que implica su implementación, pero con la confianza de contribuir a una respuesta integral a la demanda legítima y urgente de la ciudadanía del TNCA por una lucha efectiva e integral contra la corrupción y la impunidad. Concluye que la corrupción es en muchos sentidos un fenómeno político, ya que el corrupto y el corruptor tienen cuotas de poder excesivo que les permite perpetrar delitos y permanecer impunes. Es decir, la lucha contra la corrupción es una lucha en contra de la impunidad, la cual requiere del concurso de todos los sectores, como una premisa para el impulso de reformas fiscales integrales, tan urgentes y necesarias en cualquier agenda de desarrollo incluyente y democrático en el TNCA.

Centroamérica, 26 de septiembre de 2017.

 Para más información, comunicarse con Juan Pablo Ozaeta al teléfono (502) 2505-6363, al celular (502) 5901-5945 o al correo electrónico juanpablo.ozaeta@icefi.org.