Otro argumento fue que desde 2007 la Digestyc no produce nada. Otra mentira. Esta institución era la encargada por ejemplo de producir las estadísticas anuales relacionadas con la pobreza, mensuales de la inflación, así como indicadores de salud, educación, género y muchísimos otros.
Si bien los seis países de Centroamérica votaron a favor del reconocimiento de un medio ambiente limpio, saludable y sostenible como derecho humano aún hay mucho camino por avanzar.
Hace un mes indicaba que el gobierno podía conseguir oxigeno financiero para seguir sobreviviendo y creía que se iban a decantar por una estrategia del “puchito”; es decir conseguir dinero de diversas fuentes de financiamiento. Efectivamente, esta semana eso se ha confirmado, con unos ingredientes extras.
La ausencia de la voz de la ciudadanía en las discusiones fiscales ha provocado que lo que tengamos sea un sistema fiscal que privilegia los intereses particulares por sobre los intereses colectivos.
Las sociedades centroamericanas deben desde ya trabajar para crear un entorno favorable al crecimiento económico, para evitar una mayor migración forzada de sus ciudadanos y también para recibir a aquellos que deciden regresar o son repatriados.
La respuesta ante el riesgo de desastres debe reflejarse en una mayor articulación y coordinación interinstitucional.
La respuesta a la migración no debería ser su inclusión en estrategias de seguridad nacional de los países, mucho menos la militarización de las fronteras o el silencio cómplice ante las políticas migratorias de los “países amigos”.
¿Por qué a la mayor parte de la población no le importa que se despedace la institucionalidad democrática? ¿Por qué cuando surgen casos de corrupción ni se inmuta?
¿Por qué el despilfarro de recursos, como es el caso del uso de dinero público en bitcóin, no exalta a la población? Aunque las respuestas a estas preguntas tienen múltiples aristas, es preciso destacar una: la creencia de que la mayor parte de la población no paga impuestos.
Una de las preguntas que más se repite en el ámbito económico y financiero de El Salvador es ¿el gobierno caerá en default (impago)?
Especialmente porque en enero de 2023 se debe pagar US$800 millones de unos bonos que se vencen. Hasta este día el Ejecutivo no tiene el dinero para pagar ese compromiso, el tiempo pasa y las opciones cada vez son menos. Sin embargo, puede que vaya a lograr conseguir un par de tanques de oxígeno, para seguir respirando, aunque el paciente seguirá prácticamente en coma.