El presupuesto público de Guatemala aún no prioriza de manera adecuada a las juventudes. Sin una inversión pública suficiente y de calidad destinada para este grupo etario, difícilmente se darán mejoras en sus condiciones de vida, lo cual tendrá enormes costos individuales y sociales. Es hora de que el Estado de Guatemala cuente con una legislación específica para las juventudes que les garantice el acceso a bienes y servicios públicos adecuados a sus necesidades y sus intereses, sin ello el bono demográfico será una deuda demográfica.
Promover que el Estado invierta en la ciencia, es apostar en grande al desarrollo. La necesidad de nuestros países por desarrollar su agroindustria, sus manufacturas, su infraestructura vial, la urbanización y planificación territorial, su transporte público, sus áreas de recreación y culturales, entre otras intervenciones, son cuestiones que se pueden lograr con el respaldo de las ciencias y tecnologías.
Lamentablemente para los países, además del pago de salarios muy bajos, la oferta de trabajo generada en la producción de estos cultivos es muy limitada; también, el deterioro medio ambiental causado impidió para muchos campesinos seguir explotando sus pequeñas parcelas para vivir.
En un contexto como este, resulta estratégico que la región fortalezca su propia acción climática, y vaya más allá de la COP, particularmente en materia de financiamiento.
Para atacar las causas de la pobreza multidimensional, los esfuerzos podrían dirigirse a sectores tales como educación; salud así como infraestructura para atajar lo relacionado a la dimensión de nivel de vida.
El mensaje es claro: para 2023 los servicios de salud (medicinas, atención hospitalaria, cuidado de las personas, entre otros) no son una prioridad y serán peores, pero la gente tendrá una publicidad (vídeos bien hechos) que buscará hacerle creer que todo está bien.
Por otra parte, el gasto público refleja un enfoque de austeridad y representará 24.3% del PIB, menor que el 26.8% esperado para 2022.
Las respuestas a la mayoría de estas preguntas lamentablemente son negativas, por lo que, en general, hoy los ejercicios de presupuesto o gobierno abierto en general carecen de legitimidad, incluso cuando tuvieron inicios exitosos y muy legítimos. Se parecen más a lo que, en la jerga del gobierno abierto se conoce como open wash, es decir, la manipulación maliciosa con el objetivo de «lavarle la cara» a un gobierno corrupto, antidemocrático, autoritario, represor o abiertamente dictatorial.