El cobro de impuestos que aplican los Estados del mundo para obtener los recursos necesarios para financiar su gasto, descansa ya sea en la aplicación del  principio de renta territorial o bien del criterio de renta mundial.  El primero de ellos, hace referencia a que se gravan únicamente las rentas obtenidas dentro de las fronteras nacionales, mientras que el segundo criterio considera como rentas gravables aquellas que fueron generadas por los residentes de un país, sin distinguir el ámbito territorial en donde fueron obtenidas. El fundamento de este último criterio se encuentra en el hecho que aun cuando las rentas generadas por los residentes se obtengan en el resto del mundo, los mismos están demandando servicios públicos en el interior que residen, por lo que deben contribuir a su financiamiento.

La existencia de controles tributarios laxos, ha dado origen a los llamados mecanismos de «Planificación Fiscal Agresiva», por medio de los cuales, grupos empresariales  —especialmente transnacionales—, aprovechando regímenes basados en rentas territoriales o en las lagunas legales existentes, transfieren sus recursos hacia aquellos territorios en donde la tributación es menor.   Como consecuencia, se da origen a fuertes flujos de capital cuyo fundamento no es el aprovechamiento normal de las capacidades productivas empresariales, sino simplemente evitar el pago de impuestos. Estos flujos de capital regularmente reciben el nombre de «Ilícitos».

Centroamérica no es ajena a esta situación, y muchos de sus grandes empresarios y figuras públicas han sido fuertemente señalados en los diferentes escándalos de evasión tributaria, entre ellos los denominados Panama Papers, en donde salieron a luz pública documentos confidenciales que revelaron  ganancias y propiedades, entre otros activos, ocultados a la autoridad tributaria del país en que residen. Otros como los Paradise papers, también involucraron inversiones en paraísos fiscales de personas y empresas.   En ambos casos, grupos de abogados especializados en planificación fiscal ofrecieron sus servicios legales, por medio de la creación de sociedades offshore que se registraban en un país donde no se realizaba ninguna actividad económica, ni se operaba comercialmente, aprovechándose de la territorialidad.

Aun cuando la respuesta de los Gobiernos de Centroamérica ha sido limitada y estos problemas producen un fuerte drenaje de recursos tributarios que les reduce su capacidad para atender las necesidades de la población en forma apropiada, en la región se han realizado algunas acciones positivas, en materia de transparencia fiscal principalmente, que han ayudado a mejorar la imagen de nuestros países frente al mundo. Por ejemplo, en cuanto a las normativas sobre los precios de trasferencia, en donde los 6 países han realizado intentos para incluirla dentro de sus legislaciones.  Además, Guatemala dio un paso importante con la reforma de la Ley Orgánica de la SAT, el Código Tributario y la Ley de Bancos y Grupos Financieros, que adicionó la facultad para requerir documentación de los depositantes del sistema financiero nacional. Costa Rica, por su parte, implementó el cumplimiento obligatorio del uso del sistema de facturación electrónica, mientras El Salvador firmó Convenios Multilaterales sobre Asistencia Administrativa Mutua en materia fiscal, orientado a la evasión fiscal internacional, conjuntamente con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Por su parte, Nicaragua, es todavía el único país que pretende aplicar un tratamiento diferenciado de retención a las rentas generadas en los denominados «Paraísos Fiscales», según se indica en la Ley de Concertación Tributaria.

Sin embargo, también han existido algunos  retrocesos como el suscitado en Honduras con las reformas al Código Tributario, por medio de las cuales se dejó fuera  concepto de renta mundial, fortaleciendo de esa forma los flujos de capitales ilícitos.  

Falta mucho por avanzar en la región para lograr sistemas tributarios más justos y dentro de dicho propósito deben darse pasos seguros en el combate a la «Planificación Tributaria Agresiva», que beneficia a aquellos que no pagan impuestos y resta recursos que pueden ser utilizados en la necesaria mejora de programas públicos que potencien el crecimiento sostenido y sostenible de los Estados y eleven el bienestar social en el corto, mediano y largo plazo.