Mientras las economías del mundo se desaceleran, presentan elevados índices de inflación e incremento en las tasas de interés, variables como la inversión y el consumo se contienen o reducen.

Y otras variables importantes, pero menos mencionadas, sufren serias perturbaciones, como los indicadores del mercado laboral. En Guatemala, la condición se agrava, pues pareciera que la precariedad laboral ha existido desde siempre, y ha sido parte y consecuencia de un círculo vicioso que lo complementa la pobreza, la migración y el hambre, entre tantos otros.

La ocupación es una de las variables que muestra mayor sensibilidad al enfrentarse a una crisis económica, condición que se evidenció recientemente durante la pandemia por COVID-19 en 2020, y que, aunque sus indicadores aparentaban recuperación, en 2023 parece que nos enfrentaremos nuevamente a riesgos. En Guatemala, pese a que la producción estadística oficial se detuvo durante 2020, ya en 2021 y 2022 se pueden mostrar ciertas tendencias de lo sucedido, y en el caso principalmente de la caída de los ingresos nominales observada en 2021 respecto a 2019, entre ambas mediciones se redujeron 9.1 % en promedio nacional, -3.5% hombres y -20.6% en mujeres.

Para 2022, en el caso de los ingresos a nivel nacional, la presentación más reciente de resultados por parte de las autoridades del Instituto Nacional de Estadística (INE) de la Encuesta de Empleo e Ingresos (Enei 2022), indicó que el promedio nacional está en Q2,849.5. Esta cifra, aunque mayor en 29.1 % respecto a la de 2021 y 17.3 % respecto a la de 2019, se debe tomar con cautela, pues hay que tener en cuenta que 2022 cerró con una inflación interanual de 9.24 %, la más alta desde 2008. Además, este incremento nominal es insuficiente para alcanzar el salario mínimo oficial de ese período, e insuficiente para cubrir el costo de la canasta básica alimentaria, por decir un par de ejemplos.

Al indagar más en la base de datos, porque aún no se publica el documento con los principales indicadores, las cifras varían según algunas características. En hombres alcanza Q3,142.7 y en mujeres Q2,335.2. Según dominio de estudio, son los hombres del área urbana metropolitana quienes en promedio reciben los salarios más altos (Q4,137.90) y las mujeres ocupadas de las áreas rurales quienes, según esas características, reciben menores salarios ( Q1,831.70). En estos casos, también hay que tener en cuenta que las cifras pueden ser más críticas dependiendo otras características, como el pueblo y cultura a la que se pertenece, la edad, la actividad económica que se realice, el nivel educativo, entre otras.

En el caso de la informalidad, el 71.1 % de la población ocupada se desempeñan en este sector, 0.3 puntos porcentuales más que en 2021. Al desagregar la información por sexo, se tiene que, de los hombres ocupados, el 68.7 % laboran en el sector informal, y en mujeres, el 75.2 %. Por dominio de estudio, la precariedad se incrementa, ya que el porcentaje de informalidad del área rural alcanza el 80.0 %, y es mayor para las mujeres de territorios rurales, con 84.3 %. Contrariamente, la tasa baja a 47.3 % en el dominio urbano metropolitano, y aún más al tratarse de hombres residentes en el área metropolitana, a 41.9 %. Los obstáculos se incrementan para los jóvenes,  en el caso de los ocupados entre las edades de 15 a 24 años de edad, la informalidad alcanza al 74.3 %, mientras que es 72.5 % para los jóvenes y 77.9 % para las jóvenes, y alcanza 80.3 % en quienes viven en áreas rurales.

En el caso del desempleo abierto, el porcentaje de población ocupada ubicada en esa situación se incrementó respecto a años anteriores, al 3.0 % de la población económicamente activa (PEA). Por sexo, la tasa baja a 2.0 % en hombres y aumenta a 4.5 % en mujeres.  En jóvenes entre los 15 y 24 años de edad, este indicador evidencia grandes dificultades para incorporarse al mercado de trabajo. Al no ser capaz de absorber esta nueva cantidad de personas que desean acceder al mercado, el sistema prácticamente los descarta y envía a que busquen otros espacios, como la migración o dentro de los ninis: quienes no estudian, ni se capacitan, ni trabajan y ni buscan activamente un trabajo.

Por el lado de la demanda de trabajo, en varias actividades económicas históricamente se han otorgado tratamientos legales, tributarios y comerciales preferenciales, los cuales, en teoría, se crearon para fomentar el empleo y la inversión. Pese a esto, no se ha exigido que presenten resultados y tampoco hay un seguimiento real. Mientras tanto, la población guatemalteca se emplea como puede y donde puede. Se han romantizado iniciativas como el emprendimiento o trabajadores por cuenta propia, que en su mayoría subsisten bajo sus ganancias, pero que no alcanza para formalizarse, para acceder a la protección social y a crédito en el sistema financiero formal.

El acceso a empleos de calidad otorga a una población las herramientas para salir de la miseria y pobreza, a un país le otorga estabilidad económica y social, no solo beneficia al crecimiento, sino también proporciona desarrollo económico. Es importante invertir entonces en la educación, la capacitación y la tecnología, en buscar el desarrollo de las capacidades de la población, para que pueda desempañarse en una economía cada vez más demandante, e invertir en infraestructura, seguridad, justicia, legislación laboral a favor del empleo de calidad. Son necesarios estudios y análisis de las condiciones de empleo, exigir que las actividades económicas que se han beneficiado de los tratamientos fiscales especiales ofrezcan resultados de calidad, y no solo sean focos de más precariedad laboral. Es momento que las entidades encargadas evalúen en qué condiciones trabajamos los y las guatemaltecas, y qué, en realidad, nos ofrece el mercado laboral.

Sucely Donis Bran // Economista sénior / @SucelyDonisB

Esta columna fue publicada originalmente en Plaza Pública, disponible aquí.