El domingo salieron a la luz los primeros hallazgos de una investigación, realizada por 107 medios de comunicación provenientes de 78 países, en la que se analizaron documentos filtrados del despacho panameño de abogados Mossack Fonseca. Un terremoto político financiero mundial, cuyas consecuencias estamos lejos de dimensionar. Hay dos términos que se repiten y con los cuales hay que familiarizarse: paraíso fiscal y offshore.

En el caso del primero, que técnicamente se lo conoce como «refugio fiscal», se puede definir como un territorio o Estado que se caracteriza por permitir que ciudadanos y empresas extranjeras paguen impuestos muy bajos o incluso no paguen nada; a lo que se añaden pocas restricciones para mover el dinero en el sistema financiero. Mientras que una offshore es una empresa creada y registrada en un país diferente del que opera.

Ahora bien, es ¿ilegal que alguien tenga una offshore  en un paraíso fiscal? La respuesta es no. Entonces ¿qué tiene de relevante 11.5 millones de registros de Mossack Fonseca, que tratan sobre más de 214,000 entidades offshore en más de 200 países y territorios?

De acuerdo a Daniel Lebgue, presidente de Transparency International France, detrás de estas estructuras opacas, hay dinero muy negro procedente de actividades criminales (droga, terrorismo, delincuencia), dinero negro obtenido mediante corrupción, y dinero gris obtenido de la optimización fiscal, es decir de la elusión y evasión tributaria.

Quienes usan este tipo de estructuras lo hacen para "jugar a las escondidas", ya que los paraísos fiscales cuentan con el secreto bancario, es decir que no se permite saber el nombre del verdadero propietario de los fondos depositados (ocultados), de manera que el país de origen del dinero no puede descubrir ni cobrar los impuestos sobre esas fortunas escondidas.

Si algún salvadoreño aparece entre los señalados, probablemente sea porque cometió algún tipo de ilegalidad y quiere “lavar” el dinero mal habido o, es una persona sin ética ni escrúpulos que prefiere utilizar este tipo de andamiaje financiero para no pagar impuestos en El Salvador. En cualquiera de los dos casos, un acto lamentable, pues el no pago de impuestos también es un acto de corrupción.

Y seguro que aparecerán. De acuerdo al periódico digital El Faro, involucrado en la investigación periodística, los registros indican que hay más de 220 empresas de clientes salvadoreños, donde resaltan «un empresario ligado al primer gobierno del FMLN, otro gran empresario salvadoreño con participación en política, un diputado del partido Arena, y diversos medios de comunicación, que crearon por esta vía fundaciones en Panamá y más de una docena de empresas offshore en Nevada».

Ojalá estos hallazgos abran el debate sobre cómo los países deben avanzar en la implementación del principio de «renta mundial» en el diseño del impuesto sobre la renta, en sustitución del principio de «territorialidad»; lo que permitiría que si es salvadoreño no importe donde genere la ganancia, sus impuestos los deberá pagar en El Salvador. El fortalecimiento de la administración tributaria debería ser una prioridad. Urge poner en marcha los acuerdos de intercambio de información tributaria suscritos con otros países para atacar la evasión de impuestos, especialmente de los grandes capitales.

Y como ciudadanos debemos tener presente que cada vez que alguien no paga sus impuestos implica que habrá menos medicinas en un hospital o menos docentes en las escuelas.  Las élites económicas a nivel nacional y mundial han secuestrando el poder político para manipular las reglas del juego para incrementar su riqueza a costa del hambre y la miseria. Si usted, que hace de tripas y corazón para llegar al fin de mes, paga a cabalidad sus impuestos ¿por qué entonces permitir que quienes han amasado fortunas, en muchas ocasiones a costa de lo público, no lo hagan? Tener un país diferente pasa porque cada quien cumpla con sus obligaciones. En el contexto actual, el mejor acto de responsabilidad social empresarial que pueden hacer es pagar los impuestos que les corresponden y hacer públicas sus cuentas.

Esta columna fue publicada originalmente el 7 de abril de 2016 en diario El Mundo de El Salvador