La corrupción es un problema tan grave que la lucha en su contra hasta tiene asignado un día internacional, el 9 de diciembre, para recordarnos a todos los países la necesidad de continuar luchando por eliminarla.

La corrupción la podemos definir como abuso del poder para beneficio propio y es uno de los fenómenos más dañinos, pero a la vez más diseminado e incluso normalizado, que ha existido y continúa existiendo en nuestra sociedad. Pareciera que involucrarse en actos de corrupción es un asunto “cool”, tanto así que hay personas corruptas, hombres y mujeres, de diferentes edades, credos religiosos, profesiones e ideologías que ejercen la función pública o que trabajan en el sector privado.

Al igual que el coronavirus, la corrupción muta y, en El Salvador, se manifiesta de diferentes maneras: el saneamiento de la banca pública previo a su privatización, donaciones para víctimas de terremotos que nunca llegaron a sus destinatarios, venta de terrenos propiedad de instituciones públicas a funcionarios a precios subvalorados, desviación de recursos públicos por medio de la partida secreta, otorgamiento de licitaciones de compras públicas a empresas de ministros, utilización de paquetes de alimentos (pagados con recursos públicos) para campañas electorales, en fin, podría pasar días escribiendo ejemplos de actos de corrupción, pasados y presentes.

Los ejemplos mencionados nos permiten reconocer que los actos de corrupción implican la violación de deberes y mandatos de los funcionarios y la toma de decisiones en función de intereses que no son propios, ni legítimos ante el interés colectivo; estos actos están motivados por la obtención de beneficios adicionales a los que se obtendrían cumpliendo correctamente con los deberes definidos en el marco legal e institucional.

A lo largo de los años hemos visto un desfile de políticos señalando los actos de corrupción de sus adversarios pero, al final, todos han terminado repitiendo esos mismos actos al momento de  desempeñarse en cargos públicos. Por eso no es de extrañar que nuestro país, año con año, resulte pésimamente evaluado a nivel internacional: en 2020, obtuvimos apenas 36 de 100 puntos posibles en el Índice de Percepción de la Corrupción que elabora Transparencia Internacional, esta puntuación indica que existe una alta percepción de corrupción y que la lucha contra este fenómeno debe ser más efectiva.

Una de las características de los actos de corrupción es que son acciones que se realizan de manera oculta o encubierta, lo que permite evadir las sanciones correspondientes y hace posible continuar ocupando el cargo o designación que posibilita la obtención de esas ganancias o beneficios adicionales. En el contexto de un gobierno que dice estar comprometido a eliminar la corrupción desde la raíz, se esperaría que El Salvador presentara un desempeño excepcional en materia de transparencia, rendición de cuentas, libertad de prensa, participación ciudadana y por supuesto, respeto al Estado de derecho, todos antídotos efectivos ante el carácter secreto y oculto de la corrupción. Ese no es el caso. La transparencia y el derecho de acceso a la información pública  son cada vez más débiles y las instituciones del Estado abusan de las declaratorias de reserva de información. Creo que si no es porque necesitan ser reconocidos por la población, al momento de las elecciones, el nombre y las fotos de los funcionarios serían declarados bajo reserva. Respecto a 2020, este año el país retrocedió 8 puestos en el Índice Mundial de Libertad de Prensa, evidenciando la existencia de un Estado que ataca y amenaza a las y los periodistas. Por su parte, el Monitor CIVICUS señala que El Salvado es un Estado obstruido en el que existen restricciones  prácticas y  legales  para el disfrute de los derechos fundamentales, así como acoso gubernamental a las organizaciones de la sociedad civil.

Ante este escenario, hoy más que nunca, todos los sectores de la sociedad debemos reforzar nuestro compromiso con la lucha contra la corrupción y recordarle a los funcionarios que el poder es algo efímero y que, tarde o temprano, la impunidad siempre se acaba,  porque este complejo fenómeno además de la pérdida de recursos financieros públicos, también significa la pérdida de oportunidades, derechos e incluso vidas humanas.

Lourdes Molina Escalante // Economista sénior / @lb_esc

Esta columna fue publicada originalmente en El Mundo, disponible aquí.