No puede haber paz mientras haya injusticia. La historia de El Salvador está marcada por injusticias escritas con sangre: genocidios (en 1932 fueron asesinados 32,000 indígenas, algo de lo que muy poco se habla), golpes de Estado, dictaduras militares y por supuesto uno de los más dolorosos conflictos armados a nivel mundial. La guerra civil que finalizó en 1992 cobró más de 75,000 víctimas mortales, sin contar los miles de desaparecidos, y forzó a millares de personas del área rural a migrar hacia zonas urbanas del país, y a muchos otros a huir hacia diversos países, principalmente a los Estados Unidos, Australia y Canadá.

La firma de los Acuerdos de Paz, no solo abría el camino para acabar con la guerra sino para terminar con las injusticias. Pero se pasó por alto que la paz no es algo que se logra solo con firmar un papel sin tomar las acciones necesarias que condujeran a la construcción de una sociedad más justa, pues basta con reconocer que luego de un cuarto de siglo de los Acuerdos, el país está inmerso en una nueva guerra, una que nos ubica como uno de los países más violentos del mundo.

Si bien, estos Acuerdos permitieron dejar las armas y apostar para que la democracia se constituyera en la única opción para redimir las diferencias; se quedaron cortos frente a la posibilidad de tener un país donde sus habitantes pudieran gozar el desarrollo pleno de sus derechos, pues no se tocaron los problemas estructurales que causaron la guerra y que aún agobian al pueblo salvadoreño: pobreza, desigualdad, exclusión, corrupción.

Pues no puede haber paz mientras no haya justicia transicional. No se puede vivir en paz si los niños, niñas y adolescentes se encuentran fuera de la escuela. No se puede vivir en paz mientras las mejores opciones que la sociedad les ofrezca a sus jóvenes es que sean pandilleros o tengan que migrar del país. No puede haber paz si las mujeres ganan menos o son violentadas por ser mujeres. No se puede vivir en paz mientras nuestros abuelos y abuelas estén a la merced del destino pues no cuentan con una pensión digna. No se puede vivir en paz mientras más de 2 millones de personas vivan en pobreza. No se puede vivir en paz mientras tengamos un sistema tributario que privilegie a las grandes riquezas pero castigue a quienes menos tienen. No podemos vivir en paz mientras el tratamiento y las penas en el sistema judicial se impongan dependiendo del apellido que se tiene. No se puede vivir en paz mientras tengamos una clase política que resguarde la corrupción. No se puede vivir en paz mientras tengamos miedo.

Sin embargo, todo esto es posible cambiarlo, en la medida en que como sociedad seamos capaces de ponernos de acuerdo sobre cómo construimos un Estado de bienestar para toda la población. Aprovechemos la oportunidad, ahora que Naciones Unidas ha nombrado al diplomático Benito Andión como enviado especial para facilitar el diálogo en El Salvador, para que todas las fuerzas políticas y sociales estén a la altura en la construcción de unos Acuerdos de Paz de segunda generación, que desentrampen la actual coyuntura de polarización estéril. Es posible lograr un acuerdo con visión de largo plazo, que vaya más allá de reuniones a puerta cerrada entre las élites económicas y políticas, un acuerdo que sea el resultado del consenso de la mayor cantidad de voces de la sociedad.  

No obstante, para lograrlo se deberá abandonar un enfoque de individualidad y pasar a uno de comunidad: donde seamos capaces de acordar las características comunes del país en el que queremos vivir junto a nuestras familias, nuestros amigos, nuestros vecinos. Un país en el que no sobra nadie. Y este nuevo acuerdo, puede girar en torno a un acuerdo fiscal integral, que es la puesta en escena del sueño con la realidad, preguntarse ¿cuál es el país que queremos? Pero al mismo tiempo responder cuánto costará y cómo se pagará.