Después de generaciones llenas de mujeres, en mi casa ahora tenemos una generación de hombres, mis cinco sobrinos, mis bebés, son quienes llenan de bulla y vida esa casa; en cierta forma a veces desearía que nunca crecieran para poderlos mantener en una burbuja en la que nos pudiéramos asegurar que nunca les va a pasar nada malo.  Pero no, eso es imposible y eso a veces me asusta, particularmente porque en nuestra sociedad los hombres adolescentes y jóvenes tienen un alto riesgo de morir de forma violenta,  de ser acosados y violentados por las pandillas e incluso por las fuerzas de seguridad. Sin duda, la violencia es uno de los más grandes problemas de nuestra sociedad, que se está cobrando la vida de la población, especialmente la de las nuevas generaciones.

A pesar de la dimensión y de las implicaciones de la violencia, el Estado salvadoreño ha sido incapaz de darle una solución integral. Creer que la única forma de combatir a las pandillas es con más policías y soldados, o con un despliegue de vehículos militares en las calles de San Salvador, es reflejo de la poca comprensión del fenómeno, del desconocimiento de sus causas estructurales  y de un aparato estatal mediocre e incapaz de afrontar el problema.

Desde que surgieron las pandillas en nuestro país, la única apuesta estatal se ha reducido a una estrategia de represión bautizada con diferentes nombres, que en los últimos años incluso ha abierto la puerta para que algunos miembros, tanto de la Policía Nacional Civil, del Ejército, de la Fiscalía, del poder judicial y de otras instituciones del sistema de seguridad y justicia abusen de su poder y violenten los derechos humanos; todo derivado del estigma que implica ser un hombre joven en El Salvador: ser siempre sospechoso de todo.

Hace pocos días, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al concluir su visita a nuestro país, hizo un llamado para que la lucha contra la violencia sea integral. Recordó que si ésta solo se aborda desde la perspectiva de seguridad carecerá de efectividad en el largo plazo y destacó la necesidad de apostar por la prevención. Más que discutir medidas extraordinarias, El Salvador debería acordar cómo rescatar a sus niños, adolescentes y jóvenes de las manos de la violencia, cómo los aleja de las pandillas, pero parece que esa no es la apuesta y que vamos en sentido contrario.

Un ejemplo de ello es que, al revisar el proyecto de presupuesto para 2018, la Inversión Pública en Niñez y Adolescencia, es decir, los recursos que el Estado salvadoreño destinará a la garantía y goce pleno de los derechos de este grupo vulnerable, mantiene una tendencia a la reducción que se observa desde 2012 y representa únicamente el 5.4 % del PIB. Dentro de esa tendencia alarma que se esté planteando una reducción de USD 8.8 millones al presupuesto del Ministerio de Educación; sí, le estamos reduciendo los recursos a la principal herramienta de prevención, algo que se evidencia con más claridad al revisar  los recursos de programas claves para la prevención como el Modelo de Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno, que respecto a 2017 ve reducido su presupuesto en 86.3 %.

Tengo un interés egoísta en el tema de violencia en nuestro país, nadie quiere que le pase algo malo a sus seres queridos, pero también reconozco que con esa visión no gano nada, porque la posibilidad de que mis sobrinos tengan un futuro en un país sin violencia, en el que puedan comerse el mundo y desarrollarse plenamente, sin que las maras o las fuerzas de seguridad interrumpan su futuro, depende de que todos los niños, adolescentes y jóvenes puedan hacerlo. Porque el hecho de que sean mis sobrinos y los ame, no los protegerá de nada; la única forma de protegerlos es que como sociedad los protejamos a todos, les garanticemos sus derechos a todos y les demos oportunidades a todos.

Esta columna fue publicada originalmente el sádado 2 de diceimbre en el diario El Mundo de El Salvador