La evidencia muestra que la desigualdad social es un mal acuciante en El Salvador. Datos de Oxfam muestran que 160 personas acumulaban una riqueza equivalente al 87 % del PIB en 2014. Esto tiene como consecuencia que el país pierda en 2015 un promedio de 22.2 % en el Índice de Desarrollo Humano cuando éste es ajustado por la desigualdad. Al mismo tiempo, de acuerdo con el Banco Mundial, El Salvador puntúa entre los países de América Latina que ofrecen menores oportunidades a sus ciudadanos en cuanto a la terminación de la educación primaria, acceso a agua potable y saneamiento. En este contexto, la protección social puede tener un rol protagónico a la hora de reducir las brechas socioeconómicas existentes en El Salvador; sin embargo, el actual sistema de protección social –por diversas razones– ha sido poco exitoso en liderar la construcción de una sociedad más igualitaria.

Ante este panorama, la socióloga y economista Ana Sojo ha publicado recientemente el libro Protección Social en América Latina: La desigualdad en el banquillo. En este libro Sojo hace una reivindicación de los esquemas de aseguramiento sociales de preeminencia pública como los más adecuados para tutelar el derecho de acceso a la protección social y generar mayor equidad social. Estos sistemas cuando tienen como base la solidaridad, la redistribución del ingreso y la universalidad son los más pertinentes para la diversificación social del riesgo. Por el contrario, la autora resalta que las promesas incumplidas de las reformas privatizadoras de los años noventa han creado una crisis de legitimidad en los actuales sistemas de protección social.

Con respecto a los sistemas de salud, la evidencia muestra que el mercado guiado únicamente por el lucro es incapaz de ofrecer cobertura al total de la población ante la ocurrencia de riesgos en salud; por su parte, aquellos seguros de salud que tienen a su base la lógica de la solidaridad permiten la diversificación del riesgo, asegurando “la eficiencia en la asignación de los recursos, el financiamiento y la provisión” de servicios de salud. Por su parte, la evidencia muestra que en los sistemas de pensiones en los que el lucro privado es el principal motor de su funcionamiento, las tasas de reemplazo son bajas y no permiten “maximizar la protección de los ingresos tras la vida activa”. Más bien, los sistemas de pensiones deben ser diseñados, en su pilar contributivo, para proveer de recursos suficientes a las personas en su vejez y, en su pilar solidario, para contribuir a la redistribución del ingreso y a la reducción de la pobreza en la vejez.

En este punto resulta evidente que, para luchar de mejor forma contra la punzante desigualdad socioeconómica presente en El Salvador, los sistemas de protección social deben tener como lógica orientadora la solidaridad y la universalidad. Por ello, Ana Sojo resalta que una reformulación de los sistemas de protección social orientada a asegurar el derecho a la protección social requiere de una amplia coalición de diferentes estratos sociales y grupos de interés. Precisamente, un proceso social como el que dio nacimiento a los esquemas de los estados sociales de bienestar en Europa. Así, la autora señala la imperiosa necesidad de formar “alianzas redistributivas”.

Una nueva concepción del sistema de protección social del país debe, por ejemplo, asegurar que la reforma del sistema de pensiones esté orientada y tenga como fin último asegurar y proteger la vejez de la población salvadoreña y no a mantener el negocio de unos o atajar únicamente el problema de las finanzas públicas. También es importante pensar en esquemas alternativos para ofrecer protección social en salud a la población desprotegida. Asimismo, resulta prioritario fortalecer –en términos de cobertura y suficiencia– la pensión básica universal, pilar no contributivo de pensiones del país. Éstas y otras medidas orientadas a fortalecer la solidaridad y universalidad del sistema contribuirán a que en un futuro cercano el sistema de protección social del país sea uno de los principales motores para la igualdad, con impactos positivos en la economía, el bienestar y la democracia de nuestra sociedad.

Esta columna fue publicada originalmente el 31 de agosto en el diario El Mundo de El Salvador.