En El Salvador, la conmemoración del 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante, no debiera reducirse a un comunicado oficial; pues mientras las autoridades expresan sus “buenas” intenciones para atender el problema, en la práctica adoptan las medidas contrarias e incluso las más perniciosas.

Tampoco debiera ser un día más de campañas con mensajes disuasivos; pues al recurrir a ello como forma de alertar sobre los peligros de emigrar de forma irregular, pareciera que se ignora la amenaza que implica quedarse para una inmensa mayoría. En El Salvador, el hambre, la violencia, la corrupción, entre otros, son los grandes males que obligan a las personas a huir; por tanto, la conmemoración del Día Internacional del Migrante más que una jornada cargada de diagnósticos, discursos, spots televisivos y hashtags en las redes sociales debiera ser el inicio de la puesta en marcha de acciones para erradicar las causas de estos flagelos sociales.

Paradójicamente, con la aprobación del Presupuesto General del Estado el pasado 13 de diciembre, lo anterior se reduce solo a un deseo de navidad y fin de año. Para el 2020 tendremos un presupuesto que, entre otros, privilegia la corrupción (con rubros de “gastos financieros” sin destino específicos); atenta contra la sostenibilidad fiscal (con la amnistía que favorece a los deudores del fisco salvadoreño, por ejemplo); y socava la garantía de derechos, particularmente de las mujeres (con la afectación en programas específicos).

De esta cuenta, El Salvador continuará siendo un país inseguro (en un sentido amplio de derechos) y que expulsa a sus ciudadanos y ciudadanas. Esto porque el presupuesto constituye la principal herramienta para hacer realidad las transformaciones necesarias en lo económico, lo social y en lo político; pero, con un presupuesto aprobado que se caracteriza por opaco, misógino y que privilegia a una minoría, en el 2020 seguiremos avanzando en la senda del subdesarrollo y en la perpetuación del statu quo.

Por tanto, como ciudadanía, no nos creamos el cuento de que con acuerdos del tipo “Tercer País Seguro” se logrará las condiciones para mejorar la problemática de la migración. Tampoco nos confiemos de las palmaditas a los hombros entre las autoridades salvadoreñas y el presidente Donald Trump por más cool que parezca. Todo ello, aunque se promueve como la panacea, corresponde a medidas cosméticas propias del marketing político. En su lugar, exijamos acciones estructurales que posibiliten que las luchas reivindicativas por los derechos humanos que se conmemoran cada año no se limiten a una lista que pareciera de deseos,  sino que se vuelvan una realidad.

En el 2020 exijamos unas finanzas públicas de la ciudadanía y para la ciudadanía. Un acuerdo de Nación y con visión de largo plazo que posibilite la garantía de derechos y de seguridad para todas las personas en condiciones de igualdad. Esto va más allá del ejercicio fiscal del presupuesto aprobado, por lo cual aún tenemos la oportunidad y obligación de demandarlo.

Necesitamos pues, una ciudadanía activa que condene los actos de corrupción vengan de donde vengan. También una que, en lugar de atacar las posiciones críticas, se dedique a encontrar las vías para el diálogo, la conciliación y la propuesta. Para ello es fundamental que, en lugar de actuar cual fanáticos, nos informemos, nos organicemos y empoderemos. Sobre todo porque lo que está en juego son nuestros derechos.

Ana Cevallos // Economista investigadora / @cevallob

Esta columna fue publicada originalmente en El Mundo, disponible aquí.