Desde que la OMC anunció la exigencia de la abolición de  los privilegios fiscales a las empresas dedicadas a la exportación, hay discusión sobre cuáles son los mecanismos apropiados para atenderla. Sin embargo, como una extensión del dicho de “hecha la ley, hecha la trampa”, varios países optaron por ampliar los beneficios fiscales, no solo para la exportación sino también para la venta en el territorio nacional.   Algunas naciones, especialmente las centroamericanas, pensando en que podía ser una buena estrategia para la creación de empleos, optaron incluso por proponer privilegios fiscales por plazos que rondaron en lo ridículo, 50, 60 años o más; los resultados saltan a la vista, prácticamente no hay mejoras en el empleo y causa un fuerte deterioro fiscal.

En otros países, los tratamientos fiscales se orientan mayormente a las zonas francas, mientras que en Guatemala, el impacto fiscal real lo producen las empresas calificadas como maquila, en donde, debido a agujeros legales y “descuidos intencionales” de algunos diputados y funcionarios,  se ha permitido que se califique todo tipo de empresas, que realmente no necesitan trato especial para promover su actividad económica y que únicamente han aprovechado el espacio para no pagar impuestos.

Si Guatemala fuera un país con carga tributaria de veinte puntos, podríamos decir que no hay mucho problema en perder 0.3% ó 0.4%, sin embargo, de acuerdo a Icefi, 2015 cerrará con 10.2% de carga tributaria, por lo que cualquier otorgamiento de beneficio fiscal debe ser motivo de fuerte reflexión, sobre si estamos en la posibilidad de seguir drenando la ya muy exigua base tributaria para privilegiar a ciertos grupos empresariales.   Lo que sí es muy claro es que las autoridades del Ministerio de Economía, normalmente designados en colusión con el sector empresarial, no están tan preocupados por la creación de condiciones reales de competitividad nacional, que como lo demuestran muchos estudios exigen no solo bajos impuestos,  sino también condiciones productivas, sociales, económicas, financieras, de seguridad, etc. apropiadas, y que obviamente no existen en el país, y mucho menos por la sostenibilidad fiscal nacional. 

Aun así, imaginemos que el propósito de darle tratamientos tributarios especiales a la maquila y a los call-centers es compartido por la ciudadanía en general y que estuviésemos de acuerdo en que se otorgue diez años de no pago del ISR (recordemos que dichos tratamientos especiales vienen desde 1989) para proteger dichos empleos… ¿qué pasará en diez años? ¿Cuál es la estrategia pública para realmente ser un hub de inversión en Latinoamérica o al menos en Centroamérica?  

Y por si fuera poco, y si solo se quiere apoyar a estos sectores ¿Cuál es la razón para preservar los privilegios fiscales a todas las demás empresas que hoy están calificadas y que no lo necesitan?  Peor aún, ¿Cuál es la motivación para que el Mineco les pretenda ampliar los beneficios dándoles ahora la posibilidad de hacer compras en el mercado nacional sin el pago del IVA?  Es muy claro, como en anteriores oportunidades, solo se quiere aprovechar la oportunidad para sorprender a la sociedad guatemalteca e introducir una nueva fórmula para no pagar impuestos.

Si el gobierno de Alejandro Maldonado realmente quiere ser transparente como lo ha anunciado en algunas entrevistas radiales, debe reconocer los costos que implica el otorgamiento de nuevos beneficios fiscales a la maquila y los call-centers y someter el mismo a la evaluación del Minfin y de la SAT, para que la población conozca cuando se dejará de percibir en impuestos, pero también debe clarificar cuál es la razón por la que pretende darle más privilegios a las empresas que no necesitan apoyo y que han estado evitando el pago durante muchos años.

Esta columna fue publicada originalmente en revista Crónica de Guatemala