El propósito final de las sociedades es simplemente mejorar el bienestar de sus habitantes.

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Así ha sido desde los inicios del mundo, cuando algunos miembros de los grupos nómadas buscaban alimento para todo el clan por medio de la caza, mientras otra sección se dedicaba a tareas agrícolas rudimentarias y al cuidado de los indefensos, para garantizar la especie y la sobrevivencia de todos. Al margen de que los tiempos han cambiado, y con ello, la antigua distribución sexual del trabajo, el propósito de la sociedad sigue siendo el de disponer de más bienes y servicios para mejorar el consumo y el bienestar de todos en la comunidad.

Dicho enunciado presenta dos tareas fundamentales: la producción de bienes y servicios y la apropiada distribución entre los miembros de la comunidad para que logren su bienestar. Como tal, ambas tareas deben ser vistas como prioritarias para los miembros de una sociedad, y no limitarse exclusivamente a la búsqueda de producir más.

En la práctica, es común escuchar a las autoridades de un país, así como a miembros de los grupos empresariales organizados, referirse a que el propósito debe ser producir más para la sociedad, por lo que todos los esfuerzos deben destinarse a crear las condiciones más propicias. Así, es común encontrar entre dichas personas, aquellas que pugnan por la necesaria estabilidad de precios para que las expectativas de los agentes económicos sean estables, por un mecanismo cambiario que refleje razonablemente el mercado, o que los impuestos sean bajos para que la intención de inversión se perpetúe y profundice con el tiempo. Como tal, estas personas ven como el indicador de éxito de la sociedad que exista crecimiento del PIB real y otros colaterales, como que la inflación se mantenga dentro de ciertos márgenes, o que el tipo de cambio no sufra depreciaciones significativas, ignorando que, si bien es cierto, estos temas son importantes, lo más importante sigue siendo el bienestar de la población.

Este enfoque estrictamente macroeconómico de la situación de los países y, por ende, el intencional abandono de la comprensión social y, como mínimo, de los criterios microeconómicos de la distribución de los ingresos que utilizarán las personas para satisfacer sus necesidades, esconde la realidad de cómo el habitante común de Centroamérica percibe su situación, la que en incontables oportunidades ha sido resumida en la preocupación por la falta de empleos y, sobre todo, por el hecho de que los ingresos de los que dispone son insuficientes para tener un nivel de vida digno. Y todo ello, a pesar de que las sociedades centroamericanas siguen creciendo…

Las necesidades de la población han sido plasmadas en sus aspiraciones, contenidas en sus contratos sociales, que propugnan por un mayor bienestar, derivado de una mejor distribución de la renta y de la riqueza. Como tal, el artículo 50 de la constitución costarricense señala que se debe buscar el adecuado reparto de la riqueza; lo mismo hace la nicaragüense (artículo 98); en la de El Salvador (artículo 101) y en la de Guatemala (artículo 118) se plantea que el orden económico debe responder a principios de justicia social, mientras que en Honduras (artículo 329) y en Panamá (artículo 282) se resalta el rol del Estado, no solo para lograr crecimiento económico, sino para asegurar que se traduzca en mejorar las condiciones de la población.

El problema real de la sociedad se origina en el hecho de que la distribución de los ingresos que derivan del proceso de producción debiera depender de la contribución marginal de cada individuo, y que esto requiere que las fuerzas del mercado funcionen bien, esto es, que la oferta y la demanda logran actuar de una forma tal que efectivamente el empresario, quien es el responsable de la distribución, remunere al trabajador por su contribución real. Lamentablemente, en economías en donde predomina, entre otros factores, el desempleo, el empresario puede pagar un valor menor de su contribución marginal a los trabajadores, especialmente cuando el trabajo realizado no es especializado, porque sabe que existen muchos otros que están deseosos de contratarse incluso por pagos menores. La situación empeora cuando los gobiernos no toman el papel activo que corresponde para defender el bienestar de la población.

Incentivos perversos impiden la apropiada distribución de la renta, y luego de la riqueza en una sociedad, los cuales provocan que los grupos empresariales detraigan un porcentaje mayor de lo que les toca efectivamente, y solo distribuyen un porcentaje menor a los trabajadores, quedándose con el resto. En los países desarrollados, con mercados que funcionan de mejor manera, especialmente porque el Estado ha creado reglas para la supervisión oportuna de los mecanismos de pago, la remuneración de los participantes resulta ser más acorde a su contribución en el proceso productivo. Así, lo muestran cifras de la OCDE (2023) en países como Estados Unidos, Francia, Alemania, Corea del Sur, Australia e incluso Chile, en los cuales el peso de la remuneración de los empleados en la distribución del ingreso nacional es mayor de la que se observa, en promedio, en Centroamérica.

La falta de remuneraciones apropiadas a los trabajadores, por debajo del nivel de contribución que realizan al proceso (Araujo et al., 2014), terminan produciendo que las sociedades centroamericanas dispongan de muchas personas, quienes, a pesar de trabajar de sol a sol, no pueden ver que mejoran sus condiciones de vida en el corto plazo, lo que al final los empuja a migrar por la falta de esperanza de un futuro mejor en su propia tierra. Una situación que, aunque políticamente es incorrecta, no le preocupa a las autoridades o a los grupos de empresarios organizados, especialmente para aquellos que destinan su producción para el mercado internacional, y para quienes disponer de mano de obra barata es fundamental.

Es obvio que, en Centroamérica, el fracaso del llamado efecto derrame debiera lograr que la política fiscal sea la llamada a reducir la mala distribución del ingreso y de la riqueza, tanto para mejorar el bienestar de la población, como para fortalecer el mercado interno. Lamentablemente, tampoco esta política ha tenido muy buenos resultados, especialmente producto de su dedicación al mantenimiento del déficit fiscal y de la deuda pública. Los resultados que presenta el PNUD (2022) en su Informe de Desarrollo Humano 2021-2022, muestran que la región sigue teniendo altos niveles de desigualdad medidos por el Índice de Gini, y la relación entre los ingresos que percibe el 10.0% de la población más rica, respecto del 40.0% de la población más pobre, sigue siendo sumamente alta.

Los gobernantes de la región, e incluso los grupos empresariales organizados, deben hacer un alto y pensar que el mantenimiento de las condiciones de vida actuales, especialmente en los países del CA-4, no producirán un futuro mejor para todos. Urge revisar las políticas que se implementan, de tal forma que, sin perder el horizonte del crecimiento económico, se privilegie una mejor forma de distribución de ingresos, que lleve a la región a disponer de sociedades con mayor bienestar.

Abelardo Medina Bermejo // Economista sénior / @a_medinab

Esta columna fue publicada originalmente en El Economista, disponible aquí.