Lo que refrenda el IPC 2022 es que la ciudadanía centroamericana sigue sufriendo en carne propia los costos que la corrupción ocasiona, por las experiencias que diariamente enfrenta con el pago de sobornos o de actos indebidos para acceder a bienes o servicios públicos esenciales.

El pasado 31 de enero se conocieron los datos del Índice de Percepción de la Corrupción 2022 (IPC 2022) de Transparencia Internacional (TI), que asigna una nota en una escala de 0 a 100, donde 0 significa altamente corrupto y 100 muy transparente. Respecto a los resultados de 2021, ningún país centroamericano mejoró su calificación: Costa Rica retrocedió cuatro puntos, de 58 a 54; El Salvador retrocedió un punto, de 34 a 33; Guatemala retrocedió un punto, de 25 a 24; Nicaragua retrocedió un punto, de 20 a 19; Panamá mantuvo su puntuación en 36; y, Honduras la mantuvo en 23. Con la excepción de Costa Rica, el resto de los países está por debajo de la media global de 43 puntos.     

Lo que refrenda el IPC 2022 es que la ciudadanía centroamericana sigue sufriendo en carne propia los costos que la corrupción ocasiona, por las experiencias que diariamente enfrenta con el pago de sobornos o de actos indebidos para acceder a bienes o servicios públicos esenciales, entre ellos, salud, educación, seguridad, acceso a documentos personales y otros; para realizar trámites ante entidades públicas o para ser incluidos en programas de asistencia gubernamental. Incluso, esta ciudadanía ha conocido ejemplos dramáticos y trágicos de que la corrupción mata. También se entera a través de las noticias de escándalos demasiado frecuentes que involucran el mal uso de enormes cantidades de recursos públicos, y en los que suelen intervenir funcionarios de alto nivel, políticos, empresarios, banqueros, entre otros.

El análisis de los resultados en esta clase de mediciones internacionales, desde la perspectiva ciudadana, es una ocasión valiosa para recordarle a las autoridades y a la clase política que aspira a gobernar, las tareas pendientes para que los países cuenten con capacidades suficientes para prevenir, combatir y sancionar la corrupción. Además, la importancia de fortalecer los mecanismos de transparencia, probidad, rendición de cuentas y acceso a la información. Por ello resulta válido cuestionar de las autoridades de la región, ¿en verdad tienen la voluntad de combatir la corrupción? ¿Están dispuestas a diseñar e implementar mecanismos más efectivos para mitigar los costos que ocasiona la corrupción? ¿Están dispuestas a involucrar a la ciudadanía para enfrentar de forma seria esta problemática?

El artículo 5 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción recomienda, como escenario óptimo de los Estados, redactar, publicar y aplicar una política o estrategia nacional de lucha contra la corrupción, entendiéndose como un marco conceptual para establecer un plan realista, amplio e integrado dirigido a su prevención y combate. Su importancia radica en la utilidad para movilizar y coordinar los esfuerzos y recursos de los gobiernos y otras partes interesadas, pero además para el diseño de mecanismos efectivos para su monitoreo y evaluación.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), una estrategia o política no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar un fin, de manera que el proceso para desarrollarla es tan importante como el producto resultante en sí. Un proceso riguroso e incluyente puede ayudar a seleccionar objetivos estratégicos y relevantes; a priorizar y secuenciar acciones de una manera abierta para abordar los riesgos de integridad más cruciales; y, a proporcionar la evidencia necesaria para que las intervenciones gubernamentales sean más eficaces y con más probabilidad de generar mayor impacto en la población. También son una forma de mostrar compromiso y establecer responsabilidades institucionales.

En ese sentido, Costa Rica cuenta con una Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción (ENIPC), que comenzó a elaborarse en 2019 a través de un proceso participativo e incluyente de cocreación y que recibió la declaratoria de interés público del Poder Ejecutivo en diciembre de 2021. Con la participación y apoyo de la OCDE, incluyendo la presentación de un estudio reciente sobre la integridad en ese país, y la entrega de recomendaciones para su fortalecimiento, parecen existir condiciones para su continuidad con el gobierno que asumió en mayo de 2022. De acuerdo con TI, sin embargo, los retrocesos en su puntuación se podrían explicar debido a los señalamientos de financiamiento político ilegal durante la campaña electoral del presidente Rodrigo Chaves, así como escándalos de corrupción recientes que han puesto de manifiesto la existencia de déficit en materia de transparencia, sobreprecios y falta de competencia en el sector de infraestructura.

En Panamá, las principales acciones gubernamentales en esta materia están contenidas en el Plan Estratégico Institucional 2020-2024 de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), para lo cual esa entidad creó en septiembre de 2021 la Comisión Interinstitucional de Seguimiento de Políticas Públicas Anticorrupción y en marzo de 2022 el Observatorio de Transparencia y Políticas Públicas Anticorrupción. En esos documentos predomina la participación de representantes gubernamentales, pero contiene una escasa mención sobre la participación de la sociedad civil.

En Guatemala, la Comisión Presidencial contra la Corrupción (CPCC) informó en febrero de 2022 que entregó al presidente Alejandro Giammattei la propuesta de Política Gubernamental de Prevención y Combate a la Corrupción, que fue desarrollada en el transcurso en 2020 y 2021. En Honduras, la Secretaría de Estado en los Despachos de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción anunció en agosto de 2022 que entregó a la presidenta Xiomara Castro la propuesta de Estrategia Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción en Honduras (ENTAH). En ambos casos, el documento que contiene la política y la estrategia no están disponibles al público y a la fecha no han sido aprobadas ni implementadas.

En el caso hondureño, un estudio reciente de gobernanza pública de la OCDE, que ofrece un conjunto de recomendaciones en esa materia y el avance en las negociaciones para la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), constituyen oportunidades valiosas que el Gobierno debería aprovechar para dar pasos firmes con el fin de revertir el sistema de corrupción heredado de gestiones anteriores. De Nicaragua y El Salvador no existe información disponible sobre el impulso de alguna estrategia o política contra la corrupción.

Con esta breve revisión queda claro que en Centroamérica sin un genuino compromiso para implementar agendas o estrategias integrales, que además faciliten la coordinación de las instituciones públicas, la aspiración de constituirse en sociedades libres de corrupción continuará siendo una utopía. Sin embargo, para revertir esta tendencia, permanece la responsabilidad de la ciudadanía de exigir y demandar a las autoridades que comiencen a seguir el ejemplo de países que sí están dando pasos significativos para reducir la corrupción y que están dispuestos a compartir sus buenas prácticas y lecciones aprendidas. Ese ánimo de exigencia y reclamo social, a pesar de las circunstancias, no puede ni debe decaer.

Carlos Melgar Peña // Investigador / @CarlosMelgarGT

Esta columna fue publicada originalmente en El Economista, disponible aquí.