Uno de los derechos más vulnerados en la región centroamericana ha sido el acceso a la educación.

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En la mayoría de nuestros países, la matrícula estudiantil alcanza tasas de cobertura más alta en el ciclo de la primaria, pero lamentablemente se pierde en los niveles medios. Esto supone que muchos de nuestros adolescentes y jóvenes, difícilmente tienen un acceso directo a los estudios superiores, lo que limita sus posibilidades de alcanzar mejores oportunidades de vida y los puede llegar a condenar a condiciones de vulnerabilidad ante la pobreza, orillando a muchos de ellos a tomar la decisión de emigrar hacia Norteamérica para encontrar mejores oportunidades.

Detrás de estas tristes y duras realidades, se encuentra el factor determinante ante la posibilidad de que un niño, adolescente o joven, prospere en su país de origen: la inversión que sus gobiernos destinan para garantizar sus derechos. La educación, la alimentación, la salud, la protección social, la seguridad y la justicia, entre otros derechos, deben garantizarse de manera oportuna, gratuita y universal por parte de los Estados.

Sin embargo, entre las intervenciones para atender estos derechos, resultan de mayor relevancia para la niñez las que permiten acceder a la alimentación y a la salud, y paralelo a ello, el acceso a la educación de forma continua y gratuita. Es decir, un niño o una niña bien alimentada desde su primer día de vida, y que continue así durante el resto de sus primeros 5 años, tiene una alta probabilidad de un mejor desempeño al ingresar a su educación preprimaria. En el mejor de los escenarios, se puede esperar que siga con una buena alimentación y control de su salud, mientras avanza por la primaria y alcanza su adolescencia y también su acceso a la educación media.

Atender estos derechos garantiza un piso mínimo para el desarrollo humano que, vinculado al resto de derechos, permite alcanzar un nivel de vida digno y por encima de los umbrales de la pobreza, pues garantiza la salud y el aprendizaje, y que será mucho más fácil que logre incorporarse al mercado de trabajo, o a futuros emprendimientos con mayor ventaja sobre quienes padecieron desnutrición en su niñez y nunca accedieron a educación.

Estas condiciones son visibles en algunos indicadores publicados recientemente. Por una parte, los datos que se publicaron en 2022 sobre el Índice de Desarrollo Humano (IDH), por parte del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD), reflejan que sólo Costa Rica y Panamá, logran un IDH en educación dentro del rango de países con muy alto grado de desarrollo, el resto de la región se encuentra en el rango de países que está en un grado medio de desarrollo. No obstante, las asimetrías son más visibles cuando se observa el promedio de años de escolaridad que alcanza cada país, siendo Guatemala el más bajo con apenas 5.7 años, mientras que el resto de la región supera los 7 años. Los años de escolaridad esperados alcanzan hasta 16.6 años en Costa Rica, lo que significa que concluyen el nivel medio e inician estudios universitarios, mientras que para Honduras y Guatemala llegan a los 10.1 y 10.6 respectivamente, lo que supone que, a lo más, se aspira a concluir el nivel básico, en el mejor de los casos.

Lo más lamentablemente de las condiciones de la falta de acceso a la educación y de intervenciones oportunas por parte de los gobiernos, son los efectos que esto puede llegar a producir en la población. Un claro ejemplo son las cifras que recientemente publicó el World Population Review (2023), porque, según las mediciones del IQ –cociente intelectual en español (CI), el cual es una medida de la inteligencia humana–, muestran que ningún país centroamericano supera el estándar promedio de CI, ubicándose en los rangos del límite de una alteración o retraso, o bien, en los parámetros de daño leve y moderado, o retraso.

Es preocupante observar y correlacionar otros indicadores con estos resultados, puesto que por ejemplo en Guatemala, donde el IDH es el más bajo de la región, al igual que sus años promedio de escolaridad y de escolaridad esperada, los resultados del CI también lo son, lo que a su vez contrasta con la mayor población de la región. Casi en similares condiciones se observa la situación de Nicaragua y Honduras.

Al menos estos 3 países son los que puntean más bajo a nivel mundial en su CI, junto con países en similares y peores condiciones en África y Asia.

Según el World Population Review, las puntuaciones de coeficiente intelectual suelen reflejar la calidad de la educación y los recursos disponibles para las personas en su región geográfica local. Las áreas del mundo con puntajes de CI más bajos suelen ser más pobres y menos desarrolladas, particularmente en el área de la educación, en comparación con países con puntajes de CI más altos.

Esto se refleja en las condiciones de Centroamérica, dado que las inversiones en niñez y adolescencia no suelen ser prioritarias en los presupuestos públicos, e incluso a pesar de que, en algunos casos, los ministerios de educación poseen el mayor monto de asignaciones presupuestarias, como en el caso de Guatemala, en realidad son insuficientes para lograr una mejor cobertura y calidad educativa.

Urge que los países de la región incrementen recursos y esfuerzos por mejorar las condiciones de acceso y calidad en la educación para sus nuevas generaciones, algo impostergable para alcanzar un mejor futuro y garantizar su desarrollo humano.

Carlos Gossmann // Economista sénior / @CarlosGossmann

Esta columna fue publicada originalmente en El Economista, disponible aquí.