Cada cierto tiempo nos enteramos cómo van acrecentándose las fortunas de los millonarios del Istmo, cuyas empresas, sobre todo lideran sectores como telecomunicaciones, desarrollo inmobiliario, industria, finanzas, comercio y alimentación y bebidas.

En números, el 20.0% más rico de la población de la región concentra más de la mitad del ingreso nacional (52.6%), mientras que el 20.0% más pobre se queda con el 4.3%, indica el III Informe de política Fiscal que próximamente publicará el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).

De hecho, muchas veces y durante generaciones la política fiscal ha ayudado a los millonarios a recorrer el camino mediante: barreras arancelarias para evitar competidores externos, regímenes especiales para la exoneración de impuestos a la importación de maquinaria y materia prima y sobre las utilidades, y la ejecución de gasto e inversión pública para beneficiar sus negocios ―en ocasiones el dinero público ha servido para pagar la quiebra de negocios privados.

En los casos más críticos, la política fiscal centroamericana ha sido permisiva para la creación de arquitecturas financieras tan útiles para la evasión y elusión de impuestos de las grandes fortunas, como para el lavado de dinero y la corrupción.

Los efectos de una política fiscal acostumbrada a ser diligente con los que más tienen es que disminuye la moral tributaria de la mayoría, que termina presionando para que la carga impositiva también sea reducida para ellos, haciendo que esta política deje de ser efectiva para equilibrar los derechos con las responsabilidades en la construcción de una senda democrática y de desarrollo sostenible.

Las cargas tributarias de Centroamérica, plagadas de privilegios fiscales y gestionadas por administraciones tributarias poco efectivas ―en promedio ni siquiera superan el 14.0% del Producto Interno Bruto (PIB)― mantienen una tendencia a la baja y descansan sobre estructuras regresivas, en donde quien tiene más paga menos que el resto de la sociedad.

Con estas administraciones públicas desnutridas es imposible garantizar los bienes y servicios que sustentan el bienestar económico y social, la seguridad, la identidad colectiva y la legitimidad al Estado, lo que provoca aumentos en la desigualdad y un cada vez mayor desapego de los ciudadanos al sistema democrático. En el 2000, siete de cada 10 centroamericanos creía que la democracia era la mejor forma de gobierno. En 2016, sólo cinco de cada 10 opinaba lo mismo.

La pandemia actual exacerba los problemas estructurales del Istmo. Para que la región salga librada de ésta, sin aumentos de pobreza y desigualdad y sin nuevas dictaduras, se deberá reequilibrar las responsabilidades particulares y conseguir acuerdos políticos amplios que marquen nuevas reglas para el poder público y privado.

Por eso, es urgente universalizar un piso de protección social que incluya un ingreso básico garantizado, avanzar hacia un estilo de crecimiento económico basado en la innovación, la sostenibilidad ambiental y el conocimiento, y construir administraciones públicas que trabajen transparentemente para la democracia y en función de resultados sociales, lo que  obliga a fortalecer la política fiscal.  

Los millonarios centroamericanos deben comprometer todas sus capacidades en empujar una Centroamérica más desarrollada, incluyendo el pago de más impuestos. El liderazgo y la legitimidad de los grandes empresarios deberán ser medidos no por niveles de riqueza, sino por las acciones que estos tomen para evitar la catástrofe política, económica y social.

Jonathan Menkos Zeissig // Director ejecutivo / @jmenkos

Esta columna fue publicada originalmente en Forbes México, disponible aquí (página 56).