Ahora bien, la razón primaria para que el gasto público no se recomiende más allá de ciertos niveles de la actividad económica, se debe al hecho que aunque existe amplia evidencia del efecto positivo de las asignaciones públicas, bien manejadas, sobre la productividad social y empresarial, por la multiplicación de la capacidad productiva, y sobre el bienestar social en el mediano y largo plazo; la sumatoria de los impuestos que se pagan para financiar dichos gastos,  produce un efecto negativo sobre la rentabilidad, el consumo y la toma de decisiones de los individuos. 

De esa forma, y atendiendo a que el nivel tributario es una función directa del gasto a realizar y este último de la necesidades y derechos de la población, debe existir un balance entre el impacto positivo del gasto público y el efecto negativo de los impuestos.

En el mundo, conforme los datos del World Economic Outlook del FMI (2021, abril), los ingresos del Gobierno General en todos los países del mundo alcanzaron en promedio 29.3% del PIB en 2020, por debajo del 30.2% de 2019, como consecuencia indefectible de los efectos de la pandemia de Covid-19; sin embargo, es menester indicar que existe cierta dispersión  sobre la aplicación tributaria en diferentes países y regiones, a partir de lo que sus sociedades y las autoridades públicas desean. 

Así, mientras en la mayor parte de los países con mayor nivel de desarrollo y las economías avanzadas, se reportan altos niveles tributarios en donde destaca un fuerte componente dirigido a la formación de sistemas de seguridad social, especialmente para proteger la vida de las personas luego del retiro laboral;  dicho componente es escaso en los países de la alianza del Pacífico asiático –que ha sido utilizado como ejemplo de baja tributación por muchos teóricos contrarios al funcionamiento del Estado–, lo que implica que la decisión política de estos últimos es promover, por medio del bajo cobro de impuestos, la mayor rentabilidad de sus empresas, a costa del descuido de los sistemas de seguridad social pública. 

Por su parte, Latinoamérica y la región centroamericana en particular, no están exentas de dicha discusión, lo que ha motivado a entes como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), a desarrollar una metodología alternativa  que pretende medir de manera más precisa el monto total de recursos que recaudan los países de la región y que de una forma más general, calculen el impacto tributario total sobre la sociedad.  

Esta nueva metodología ha recibido el nombre de Presión Fiscal Equivalente (PFE) y contempla en su integración los ingresos que derivan de: los ingresos tributarios, incluyendo los de gobiernos subnacionales; las contribuciones a regímenes públicos de seguridad social; las contribuciones obligatorias a regímenes privados de seguridad social, y los ingresos no tributarios por explotación de recursos naturales (Rojas y Morán, 2019).

Conforme la última actualización, la PFE de América Latina y El Caribe se ubica en torno al 25.2% del PIB para 2018, por encima de la observada en prácticamente todos los países de Centroamérica,  con la excepción de Costa Rica que reporta 25.5% del PIB, producto de las contribuciones a los regímenes privados y públicos de seguridad social, que reportan un aporte total de 11.7% del PIB. En el otro extremo,  se encuentra Guatemala con una PFE de 11.8% del PIB, y que incluye únicamente ingresos por 1.7% para las  contribuciones a la seguridad social, lo que denota el descuido por los programas de salud y de ahorro intertemporal para la vejez de los ciudadanos.

La tabla muestra también que, a pesar de las discusiones impulsadas por grupos empresariales y académicos en particular, con la excepción de Guatemala y de Panamá –que dispone de ingresos no tributarios causados por la administración de su Canal–, todos los demás países de la región tienden a tener cargas tributarias similares y parecidas a las de Latinoamérica.  

Finalmente, permite calcular que, mientras en Costa Rica el 69.4% de la PFE deriva de ingresos públicos calculados sobre las rentas y riqueza de las personas, en Panamá dicho valor es del 60.0%,  en Nicaragua 56.8%, y El Salvador 54.7% del total; en Guatemala y Honduras es de apenas el 46.6% y 42.8% respectivamente, paradójicamente estos últimos con los mayores niveles de pobreza de la región y de amplia desigualdad económica,  lo que es explicado,  en parte, por la poca incidencia del Estado en la redistribución de renta y riqueza.

La recaudación tributaria debe responder a la atención de las necesidades de la población,  por lo que cada uno de los países de la región debiera hacer una oportuna evaluación de cuánto necesita recaudar para el efecto, pero también de la estructura de cobro de impuestos, de tal manera que se respete, como lo dicen las Constituciones Políticas de la Región, el principio de «quien más gana, más paga».

Abelardo Medina Bermejo // Economista sénior / @a_medinab

Esta columna fue publicada originalmente en Gato Encerrado, disponible aquí.