Instituciones y agencias internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y el Programa Mundial de Alimentos, han advertido riesgos muy graves de una crisis mundial de inseguridad alimentaria. Para mitigarla, han recomendado: apoyo inmediato a la población vulnerable, proveyéndoles alimentos o transferencias monetarias; facilitar el comercio y el suministro internacional de alimentos, para lo que es prioritaria una solución diplomática a la guerra en Ucrania para evacuar los cereales y fertilizantes bloqueados; impulsar la producción, alentando a agricultores y pescadores a incrementar la producción sostenible de alimentos y mejorar las cadenas de suministro; invertir en la agricultura resiliente al cambio climático, apoyando a inversiones resilientes en capacidad agrícola y a adaptación, las pequeñas explotaciones, los sistemas alimentarios y las tecnologías climáticamente inteligentes.
Estas medidas suenan muy bien en un discurso o una declaración, pero pueda que resulten en verdaderos desafíos al tomarlas en serio y llevarlas a la práctica. Primero, son tareas de gran magnitud, por lo que por sí solo el sector privado empresarial no podría implementarlas, aunque definitivamente sí que tendría un rol importante a jugar. Deben ser primordialmente acciones estatales, financiadas con fondos públicos. Así que los presupuestos estatales son el principal indicador de la seriedad con la que los gobiernos estén dispuestos a comprometerse en implementar estas recomendaciones.
En Centroamérica, conforme los poderes ejecutivos están dando a conocer sus propuestas presupuestarias para 2023, está quedando claro que estas recomendaciones no sólo no figuran entre las prioridades principales, sino que, además, se demuestra negligencia y desinterés por la protección social. Pareciera que las autoridades a cargo de las políticas fiscal, social y económica continúan sumidas en un letargo, embriagados del entusiasmo de la recuperación económica que se experimentó durante el primer semestre de 2022, luego de los rigores y desafíos que desde 2020 ha venido imponiendo la pandemia del Covid-19, que, por cierto, quizá ha menguado, pero definitivamente no ha concluido ni pasado.
Sin embargo, la realidad se impone a las agendas y los discursos políticos. A las economías de todos los países alrededor del mundo las están golpeando eventos externos, de los que no pueden escapar. Primero la crisis de las cadenas de suministro, y, como agravante descomunal, luego la guerra en Ucrania, están generando una escalada de precios que tiene asustados y afectados hasta a los más optimistas.
Lo que está ocurriendo no se limitará a tendencias alarmantes en las estadísticas o sesudos análisis en las publicaciones de los académicos y expertos, ya ha alcanzado la cotidianidad de los hogares. Y Centroamérica no se está escapando de esta nueva crisis mundial. Las y los centroamericanos ya lo están sufriendo en carne propia, cuando van al mercado y quedan horrorizados con el aumento de los precios de las canastas básicas de alimentos y bienes indispensables, y ven con angustia cómo sus reservas de alimentos, especialmente granos, ya se han agotado. Además, se están perdiendo empleos a ritmos alarmantes y, con la inflación, el poder adquisitivo de sus ingresos se está desplomando.
Especialmente en el norte de Centroamérica, los incrementos alarmantes en la migración forzada son solo indicios iniciales de la magnitud del impacto de esta crisis. Esto, porque en Guatemala, Honduras y El Salvador, no son quienes sufren la pobreza extrema quienes están huyendo de como migrantes. Pueden hacerlo quienes tienen recursos, o bienes para endeudarse y para pagar alrededor de diez mil dólares que se sabe que, en promedio, cobran los coyotes para llevarlos a Estados Unidos, en condiciones horrendas y riesgos mortales, ya bien conocidos. Y pese a ello, es tal la desesperación que son miles cada semana los siguen huyendo. Y serían más, muchos más, si tuvieran con qué pagar.
Causa estupor escuchar a las autoridades de estos países que hacen alarde de que el flujo de remesas que envían las y los migrantes están «superando las metas», y con ello, los sectores externos de estas economías continúan estables, y hasta registran superávit en las cuentas corrientes de sus balanzas de pagos. Semejantes alardes, o son peligrosamente ingenuos, o descaradamente demagógicos por ignorar de manera negligente e irresponsable un indicador inequívoco de una crisis en desarrollo que se agudiza más y más.
Debería ser innecesario exigirlo, pero los gobiernos centroamericanos deben tomar la situación actual con toda seriedad, y dejar los juegos políticos y la propaganda para otro momento y circunstancia. En coordinación con los poderes legislativos, deben corregir la negligencia presupuestaria que los proyectos de presupuesto para 2023 demuestran para las responsabilidades estatales para la protección social, especialmente de quienes están siendo más duramente golpeados por la crisis.
Además de las ya citadas recomendaciones formuladas por los organismos internacionales, con urgencia los gobiernos centroamericanos deberían empezar a implementar, en calidad de agenda mínima, acciones como: estudiar medidas para el fortalecimiento progresivo de los salarios y de protección social para garantizar un ingreso mínimo a los trabajadores; revisar, y cuando corresponda, corregir la definición y composición de las canastas de bienes y servicios esenciales; programas masivos de generación de empleos formales, con énfasis en actividades ambientales, infraestructura vial, vivienda, priorizando los territorios con mayor pobreza, desempleo y hambre; programas de riego que coadyuven a incrementar la producción local de alimentos; programas de compra gubernamental de granos básicos a productores locales; fondos para la transformación productiva con fines de seguridad, autonomía y soberanía alimentaria, con prioridad para la producción de fertilizantes y pesticidas orgánicos; apoyo financiero y técnico a cooperativas y empresas pequeñas y medianas de producción, acopio, envasado y distribución de alimentos; programas de becas; y, programas de apoyo técnico y financiero para cooperativas.
En realidad, los congresos y asambleas legislativas centroamericanas están en una carrera contra el tiempo para modificar las propuestas presupuestarias para 2023, y corregir la negligencia presupuestaria a la protección social, incorporando medidas como las de esta agenda mínima.
Ricardo Barrientos // Economista sénior
Esta columna fue publicada originalmente en El Economista, disponible aquí.
