En la presentación de un estudio de Icefi sobre la situación del sistema de justicia, el Jefe de la Cicig, Iván Velásquez, se atrevió a recomendarnos a los guatemaltecos la discusión sobre la posibilidad de crear un impuesto temporal a los grandes patrimonios del país,  para dotar de mayores recursos a los organismos relacionados.    ¡¡¡¡Terrible!!!!   El Comisionado no sabía que se enfrentaría a uno de los más grandes tabús  de Guatemala: el pago de impuestos.

Hasta la fecha, todos los sectores sociales, económicos, productivos y políticos han manifestado su apoyo al trabajo de la Cicig, no solo por los resultados obtenidos, sino también porque funciona con dinero que pagan contribuyentes de otros países.    También hemos aplaudido los avances en el MP, pero  debemos reconocer que con la asignación disponible la actividad del mismo no puede mejorar y tampoco la de otros entes como la Defensa Pública Penal, el Inacif o el Organismo Judicial.    Por ello, resulta obvio para cualquier persona, no importando la ideología,  que el sector justicia requiere de más recursos para mejorar los resultados, esto por supuesto, sin que se desestime la exigencia y urgente necesidad de hacer eficiente el uso del erario público.      

Algunos sectores manifestamos apoyo a la idea, reitero el término, idea… del Comisionado de la Cicig, porque al final la decisión es de los guatemaltecos, que debemos entender que como funciona todo en economía, si queremos algo más grande y mejor, hay que pagarlo. En sentido contrario, sectores  conservadores,  no solo se manifestaron en contra de la idea, sino que algunos pensadores afines a esta línea, la emprendieron contra los que estamos de acuerdo,  calificándonos de socialistoides, amigos de la corrupción, depredadores de la riqueza, entre otras. Lo bueno es que yo aprendí desde pequeño que cuando alguien te insulta, es porque no tiene argumentos para discutir. Sin embargo, es una buena muestra de la intolerancia que existe y del malestar que provoca hablar de impuestos.

Lo importante de la situación es que nos demos cuenta como sociedad que tenemos muchos problemas: en salud, justicia, seguridad, educación, infraestructura, y que si bien nos asiste el derecho de exigir que se usen bien nuestros impuestos, también tenemos la obligación de vigilar el proceso y aportar a la construcción de una sociedad mejor. Si lo que aspiramos los guatemaltecos es a tener una sociedad con mayor bienestar y crecimiento económico en condiciones para la gobernabilidad democrática, como lo establece la Constitución Política,  debemos estar de acuerdo que es nuestra obligación aportar al financiamiento de los bienes y servicios públicos.     

Hacer eficiente y eficaz el uso de los recursos públicos y eliminar la corrupción;  combatir el contrabando y la defraudación aduanera y tributaria; ampliar la base tributaria, entre otras acciones, son elementos de una realidad que no pueden soslayarse, pero su abordaje no permitirá mejores resultados fiscales en el corto plazo. Por ello, la discusión para mejorar el sistema fiscal, no puede limitarse a los aspectos planteados, sino que también debe incluir la eliminación de los privilegios fiscales; el combate al uso de paraísos fiscales; la falta de acceso a la información bancaria para fiscalización de la SAT, que ha sido probada como una importante herramienta que sin aumentar impuestos puede lograr más recaudación   y, por supuesto, ampliar la productividad de los impuestos existentes.    

Los guatemaltecos debemos tener cuidado de no caer otra vez en la tentación de no querer cambiar nada para no vernos afectados, debido a que esto implica una demora en el desarrollo del país,  y que al final quienes verán el efecto de nuestra cobardía y comodidad son las nuevas generaciones de  guatemaltecos que no reciben beneficios del sistema de mercado que privilegia solo a unos pocos.      

Esta columna fue publicada el  26 de noviembre de 2015 en revista Crónica de Guatemala