

La discusión que no hemos tenido: empleo y desigualdad de género
En Guatemala, cada vez resuena un poco más el flagelo de la desigualdad de género en la agenda política y en la opinión pública (más en la segunda que en la primera). Sin embargo, hay aspectos importantísimos de este tema que se ha quedado relegados, como el ámbito laboral. Pero dada su importancia y trascendencia, vale la pena que lo desempolvemos y lo discutamos.
Promover la participación económica de las mujeres y reducir las disparidades de género son metas per se, pues todos merecemos las mismas oportunidades. Por si ello no fuese suficiente, más allá de lo justo, hay dos motivos racionales para poner en marcha políticas que aumenten la participación laboral femenina (PLF). Primero, porque es crucial para cualquier agenda orientada hacia la productividad y el crecimiento, por el aporte potencial del talento femenino que no se está utilizando o se subutiliza. Se estima, para el caso puntual de Guatemala dada su baja PLF de 40.3% en 2016, que las pérdidas de productividad y, por ende, del PIB per cápita, asciende a 4.6% del PIB nominal. Un país con este y otros indicadores socioeconómicos alarmantes, como Guatemala, no debería darse el lujo de subutilizar los talentos del país. El segundo motivo, se refiere a que la evidencia apunta a que las mujeres empoderadas son catalizadores de los esfuerzos para el desarrollo y bienestar social. Ejemplo de ello es que se le ameritó al ingreso femenino, a partir del aumento de la tasa de participación femenina en el trabajo remunerado (y particularmente entre los quintiles más pobres), la reducción del 28% de la desigualdad en Latinoamérica entre los años 2000 y 2010.
En Guatemala, la brecha de género en la participación laboral, en general, tendió a reducirse desde 1973 cuando la participación laboral masculina representaba más de cinco veces la fuerza laboral femenina. Sin embargo, en el 2003 se detuvo dicha tendencia al alcanzar el punto mínimo de 84.1%. Desde entonces, la PLF se ha estancado en torno al 42% de mujeres económicamente activas dentro del total de mujeres en edad de trabajar. Esto exhibe a la vez, mejoras relativas y desigualdades aún grandes en el acceso a oportunidades y derechos con respecto a los hombres. Aunque se deberían realizar investigaciones para hacer una determinación precisa de las causas, debido a la falta de planificación estratégica para aumentar la PLF en Guatemala, es muy probable que la mayor incorporación femenina al trabajo entre 1970 y 2000, se relacione principalmente a la transición demográfica y la reducción de la tasa de fecundidad, más que a otros aspectos como la incidencia de acciones públicas y políticas[1] explícitamente dirigidas a incorporar a más mujeres en la economía y en el mercado de trabajo remunerado.
Pese a las recientes mejoras en los indicadores del mercado laboral en América Latina, en Guatemala las condiciones de ingreso se han deteriorado y se ha notado la feminización del desempleo abierto y subempleo visible. Inclusive, según los datos de CEDLAS, Guatemala es el único país de Centroamérica y México cuya PLF tiene una tendencia negativa. Al cuestionarnos sobre estas desigualdades en el acceso al trabajo, cuando aparentemente todos estamos en igualdad de condiciones, podría aludirse a la falta de deseo de trabajar, o incluso por su menor preparación y por lo tanto menor competencia. Quizás en algunos casos, puede ser cierto. Pero ello solo explica parte de la ecuación de baja participación y paralelamente la de bajo ingreso.
Sorprendentemente, buena parte de las explicaciones se remiten a actitudes culturales. Las tensiones entre la vida familiar y el trabajo están al centro del rompecabezas del empleo cuando se habla de género, debido a las actitudes culturales y la reproducción de estereotipos y las limitantes que representan los roles asignados a las mujeres a los quehaceres del hogar en su inserción laboral. El año pasado, cuando en la ENEI 2, se preguntó a las mujeres desocupadas la razón principal por la que no hacían trámites para conseguir trabajo o instalar su propio negocio, 72.5% de ellas dieron respuestas que se relacionan a la distribución inequitativa de los quehaceres del hogar y los roles de género machistas, evidenciando que el peso de los factores estructurales culturales es suficiente para representar obstáculos. En la gráfica 1, se evidencia en las principales actividades de hombres y mujeres, que a lo largo de su vida se cumplen a la perfección los roles de género, del hombre “proveedor” (trabajar —mayor área azul—) y la mujer “cuidadora” (quehaceres del hogar y crianza de niños —mayor área amarilla—).
Aunque los factores culturales no puedan ser afectados de forma rápida, el gobierno si que puede incidir en facilitar poco a poco, a hombres y mujeres, combinar el trabajo con las responsabilidades del hogar. Las políticas y prácticas laborales tales como los derechos pagados de licencia parental y las condiciones de trabajo favorables a la familia, como las estipuladas en el Código Laboral de Guatemala, suelen tener un rol crucial en conciliar el trabajo y la familia. Sin embargo, dichas medidas solo son positivas para la igualdad de género, si tanto hombres como mujeres las aprovechan. De lo contrario, cuando casi exclusivamente las aprovechan las mujeres, se puede perpetuar la idea estereotipada de las responsabilidades familiares como asunto de mujeres. Por eso, las alternativas del trabajo a tiempo parcial o temporal son atractivas a corto plazo para hacer malabares con el trabajo y los compromisos familiares, pero puede ser una opción costosa a largo plazo para las mujeres por su incidencia negativa en el salario, y por ello, a futuro también en su pensión, ahorro y seguridad social (OECD, 2012).
A largo plazo, para hacer un impacto positivo, se requiere volver a diseñar, articular y dirigir acciones dentro del aparato público que transformen y vayan más allá de los actuales sistemas económicos y sociales, que hoy en día tienden a reproducir desigualdad de género. Esto necesariamente implica invertir en programas que aborden de manera integral las causas estructurales de la desigualdad, como la desproporcionada distribución de responsabilidades familiares. Para ello, países como Austria, la República Checa y Eslovaquia han implementado períodos más largos de licencia por maternidad y paternidad, promoviendo una mejor distribución del cuidado familiar. Muchos otros, como Brasil, Ecuador, México, Argentina, han apostado a diferentes modalidades del cuidado infantil asequible, con el fin de eliminar barreras, y facilitar la inserción laboral de las mujeres. Guatemala, como parte del eje de equidad laboral dentro de la Política de Promoción y Desarrollo Integral de la Mujer 2008-2023, se planteó crear guarderías para garantizar el acceso de las mujeres al mercado, pero parece que los esfuerzos se han quedado cortos, dado que su cobertura es insuficiente para saldar el problema. Según la Encovi 2014, cerca del 87% de los niños menores de 6 años pasan la mayor parte del tiempo con su madre, y apenas el 0.5% en guarderías u hogares comunitarios, escenario que se agrava entre las mujeres más pobres. Discutamos, ¿ante esto, qué vamos a hacer como Estado para resolver el dilema del empleo femenino en nuestro país y garantizar a todas su derecho al trabajo? Pero no olvidemos que sin igualdad de género el desarrollo sostenible ni es desarrollo ni es sostenible.
[1] Sin embargo, debe admitirse que la evolución de la cobertura educativa puedo haber hecho su aporte, en especial el nivel primario, mejorado sus credenciales para acceder a una actividad remunerada.